El Gobierno nacional presentó un proyecto de resolución conjunta para adoptar la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2025–2034, una propuesta normativa que, de aprobarse, activaría plazos concretos de implementación, nuevas obligaciones operativas para EPS, IPS y autoridades territoriales, y un esquema de seguimiento y evaluación a diez años. El documento redefine la coordinación del Estado en esta materia y tendría efectos directos sobre la planeación, la prestación de servicios y la gestión del talento humano en el sistema de salud.
Un proyecto normativo de alcance nacional con responsabilidades explícitas
El proyecto fue elaborado de manera conjunta por los ministerios de Salud, Educación Nacional, Igualdad y Equidad, Trabajo y Culturas, las Artes y los Saberes. Su finalidad es adoptar una política pública intersectorial que articule la acción del Estado en torno a la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos durante el periodo 2025–2034.
Aunque el acto administrativo aún no ha sido expedido, el texto establece que, una vez adoptado, el marco será de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, involucrando de manera directa a entidades del orden nacional, departamentos, distritos y municipios. El proyecto introduce una lógica transectorial, que integra salud, educación, cultura, trabajo y gobernanza territorial, superando enfoques fragmentados previos.
Sustento constitucional, legal y jurisprudencial del proyecto
El documento se apoya en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, protegidos por tratados internacionales ratificados por Colombia y por la Constitución Política. Entre ellos se encuentran la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de Belém do Pará, que hacen parte del bloque de constitucionalidad.
En el ámbito interno, el proyecto articula normas estructurales como la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015), la Ley 115 de 1994, que establece la obligatoriedad de la educación sexual, la Ley 1719 de 2014, sobre atención integral a víctimas de violencia sexual, y la Ley 2447 de 2025, que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas.
Asimismo, el texto se alinea con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular con la Sentencia C-055 de 2022, que exhortó al Gobierno nacional a formular una política pública integral para eliminar barreras al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
Diagnóstico oficial: brechas persistentes que motivan la actualización
El proyecto identifica que, pese a los avances normativos y jurisprudenciales, persisten brechas estructurales en el acceso efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva. Estas se concentran en territorios rurales y dispersos, zonas con limitada capacidad institucional y contextos de alta vulnerabilidad social.
De acuerdo con el documento, dichas brechas afectan de manera diferenciada a mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas LGBTIQ+, comunidades étnicas, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado y población en situación de movilidad, lo que sustenta la necesidad de actualizar la política vigente con un enfoque integral y diferenciado.
Cinco ejes estratégicos que ordenan la acción del Estado
El proyecto de Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos se estructura en cinco ejes estratégicos, que orientarían la acción pública durante la próxima década:
- Transformación de normas sociales y de género, con énfasis en educación y cultura.
- Gobernanza y fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias, para mejorar la coordinación entre sectores y niveles territoriales.
- Protección, integridad y vida libre de violencias, con abordaje integral de las violencias sexuales y basadas en género.
- Acceso efectivo y atención integral en salud sexual y reproductiva, incluyendo anticoncepción, atención materna, prevención y atención de ITS/VIH e interrupción voluntaria del embarazo.
- Garantía de derechos para sujetos de especial protección constitucional, mediante enfoques diferenciales e interseccionales.
Estos ejes se desarrollan en un Anexo Técnico, que define acciones generales, responsables institucionales y mecanismos de seguimiento.
Plazos y responsabilidades que activa el proyecto de resolución
Uno de los elementos de mayor peso operativo del proyecto es la definición de plazos concretos, en caso de ser adoptado. El documento establece que el Ministerio de Salud deberá liderar la formulación del plan de acción nacional dentro de los seis meses siguientes a la expedición de la resolución.
En el nivel territorial, departamentos y distritos tendrían que adaptar y adoptar planes de acción propios en el mismo plazo, incorporando acciones, indicadores y recursos financieros para la implementación de la política. El proyecto también prevé seguimiento anual, una evaluación intermedia a los cinco años y una evaluación final al cierre de la vigencia propuesta en 2034.
Impacto operativo previsto para EPS, IPS y autoridades territoriales
De aprobarse el proyecto en los términos actuales, se activarían obligaciones específicas para los actores del sistema de salud. Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) deberían incorporar los objetivos de la política en su gestión institucional y financiera, fortalecer sus redes integrales y eliminar barreras administrativas que limiten el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), el proyecto establece la obligación de garantizar disponibilidad permanente de tecnologías, insumos y medicamentos esenciales para la atención inmediata de eventos en salud sexual y reproductiva, incluyendo emergencias obstétricas, atención integral a víctimas de violencia sexual, profilaxis post-exposición e interrupción voluntaria del embarazo. Así mismo, plantea procesos continuos de formación, inducción y reinducción del talento humano en salud.
En el ámbito territorial, las autoridades de salud tendrían que asegurar la implementación del Paquete Mínimo de Servicios Iniciales en salud sexual y reproductiva en situaciones de emergencia, desastre o crisis humanitaria.
Educación integral y cultura como componentes estructurales
El proyecto refuerza la educación integral en sexualidad como eje estructural de la política pública, planteando su implementación obligatoria desde preescolar hasta la educación media y su incorporación transversal en los Proyectos Educativos Institucionales. También prevé el fortalecimiento de rutas de atención frente a violencias basadas en género en la educación superior, en coherencia con la Ley 2365 de 2024.
Desde el componente cultural, el documento reconoce la cultura como determinante social de la salud y propone acciones orientadas a la transformación de estigmas, mitos y prácticas discriminatorias relacionadas con la sexualidad y los derechos reproductivos.
Un proyecto con efectos directos sobre la planeación del sistema de salud
La presentación del proyecto de resolución para adoptar la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2025–2034 configura un nuevo marco de referencia para el sistema de salud colombiano. De ser aprobado, el documento consolidaría en un solo instrumento los desarrollos constitucionales, legales y jurisprudenciales vigentes, con efectos directos sobre la planeación sectorial, la prestación de servicios y la gestión institucional en salud sexual y reproductiva.
Encuentre aquí el proyecto de resolución que propone adoptar la Política Nacional de Sexualidad y Derechos Reproductivos 2025–2034.
