Este martes, la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus funciones preventivas, emitió una fuerte advertencia al Ministerio de Salud y Protección Social sobre posibles riesgos e irregularidades en el proceso que se está ejecutando para el concurso de méritos, el cual tiene como objetivo la contratación de servicios de desarrollo y mantenimiento de soluciones de software.
La advertencia de la Procuraduría surge a raíz de presuntas fallas en la estructuración del proceso, que podrían comprometer la transparencia y la igualdad de oportunidades entre los participantes. Además, se resaltó que la contratación en cuestión involucra un presupuesto significativo, valorado en $20 mil millones, lo que eleva la necesidad de una supervisión exhaustiva y el cumplimiento riguroso de los principios de contratación pública, tales como la transparencia, la economía y la responsabilidad.
Problemas identificados por la Procuraduría
El ente de control, a través del delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Marcio Melgosa, identificó que la publicación de una adenda el mismo día del cierre del proceso podría vulnerar el principio de economía y las disposiciones del Decreto 1082 de 2015, debido a que no se garantizó un tiempo prudente para que los proponentes interesados ajustaran sus propuestas. Este tipo de acciones puede limitar la capacidad de los oferentes para adaptarse a los cambios, lo que, según la Procuraduría, va en contra de los principios de igualdad y libre competencia que rigen la contratación pública.
Por otro lado, la Procuraduría indicó que el Ministerio de Salud habría incorporado en el proceso la exigencia de la certificación de calidad CMMI (Capability Maturity Model Integration) como un criterio de evaluación, en aparente contravención de la Ley 1150 de 2007. Esta ley establece que no se pueden exigir certificaciones específicas como requisitos habilitantes para participar en los procesos de licitación pública, ya que ello podría restringir la participación de posibles oferentes y reducir la competencia. La inclusión de estas certificaciones, según el Ministerio Público, podría generar un sesgo hacia ciertos proveedores y, en consecuencia, afectar la objetividad del proceso de selección.
Recomendaciones del Ministerio Público
Ante estos hallazgos, la Procuraduría solicitó al Ministerio de Salud la suspensión temporal del proceso licitatorio, hasta que se lleve a cabo un análisis exhaustivo y se corrijan las inconsistencias observadas. La entidad enfatizó la necesidad de que todas las modificaciones y decisiones se publiquen de manera transparente en la plataforma SECOP II, para que los interesados puedan acceder a la información actualizada y se cumpla con el deber de publicidad.
Asimismo, la Procuraduría recomendó al Ministerio evaluar la revocatoria del acto de apertura del proceso, con el fin de garantizar que este se ajuste a los principios de transparencia, imparcialidad y legalidad que rigen la contratación pública en Colombia. Esta sugerencia busca asegurar un proceso justo y equitativo, en el cual todos los interesados puedan competir en igualdad de condiciones.
