Personería de Medellín entra como coadyuvante en acción popular contra el Gobierno por crisis en salud

La Personería Distrital de Medellín ha radicado una solicitud de coadyuvancia a la acción popular interpuesta por el Distrito ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. El objetivo es respaldar jurídicamente la demanda contra el Gobierno Nacional y las EPS intervenidas por la profunda y sostenida vulneración de derechos colectivos en materia de salud, vida, moralidad administrativa y patrimonio público.

Como entidad del Ministerio Público, la Personería advierte que Medellín enfrenta una crisis sanitaria de carácter estructural. Entre los factores más graves se encuentran el desabastecimiento de medicamentos, interrupción de tratamientos vitales, como los oncológicos y para enfermedades crónicas, y una alarmante ocupación hospitalaria que en algunos centros médicos supera el 170%. Esta situación impacta de manera directa a los usuarios de Savia Salud, Nueva EPS, Sanitas y Coosalud, entidades bajo intervención estatal.

Escalada de tutelas por fallas en la atención médica

Durante 2024, la Personería atendió aproximadamente 11.478 acciones de tutela relacionadas con servicios de salud. Solo en los primeros cuatro meses de 2025 se han registrado otras 2.917 tutelas, de las cuales 8.190 corresponden a usuarios de EPS intervenidas. Esta cifra evidencia un deterioro progresivo en la garantía efectiva del derecho a la salud.

La presión sobre los servicios de urgencias también es crítica. Según reportes de mayo de 2025, hospitales como la Clínica Sagrado Corazón, el Hospital Pablo Tobón Uribe y el Hospital La María reportaron niveles de ocupación de hasta el 175%. Más de 130 pacientes esperaban remisión, en su mayoría afiliados a Savia Salud y Nueva EPS.

La Personería ha sido enfática en alertar sobre el deterioro progresivo del sistema de salud en Medellín. En abril de 2024 (Boletín 26), reportó el acompañamiento a más de 100.000 usuarios de Sanitas EPS tras su intervención. A finales de ese año (Boletín 100), advirtió sobre barreras de acceso para los 276.600 afiliados a la Nueva EPS.

Posteriormente, en abril de 2025 (Boletín 22), se documentó una cartera vencida superior a $180 mil millones y el aumento de las tutelas. En mayo (Boletín 23), se reportó el colapso de los servicios de urgencias en hospitales clave. Estos informes consecutivos sustentan la gravedad de la situación y la necesidad de acciones estructurales.

Llamado a medidas cautelares inmediatas

Como parte de la solicitud de coadyuvancia, la Personería de Medellín exige al Gobierno Nacional adoptar medidas cautelares urgentes. Entre ellas se destacan:

• Pago inmediato de la cartera vencida a IPS públicas y privadas.
• Implementación efectiva de giros directos desde las EPS intervenidas hacia las IPS, garantizando liquidez para la prestación continua de servicios.
• Restablecimiento del abastecimiento de medicamentos, con garantía de pago a proveedores clave.
• Formulación de un plan de cumplimiento con enfoque territorial, que cuente con la veeduría técnica de la Personería Distrital.

Estas acciones deben ser coordinadas entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, la ADRES y la Superintendencia Nacional de Salud, con el objetivo de frenar el deterioro en la atención y restablecer la confianza en las instituciones.

Compromiso institucional y llamado a la acción nacional

“La Personería reafirma su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos del Distrito”, aseguró Mefi Boset Rave Gómez, personero distrital de Medellín. La entidad mantiene su disposición para brindar acompañamiento técnico e institucional en las decisiones que permitan superar la crisis sanitaria.

Desde una perspectiva legal y de vigilancia ciudadana, la Personería busca incidir directamente en la estrategia de defensa del derecho fundamental a la salud, asegurando que las decisiones no se queden en lo administrativo, sino que resulten en soluciones concretas para la ciudadanía.

Una crisis que podría escalar

El caso de Medellín se convierte en un referente nacional de los riesgos que enfrenta el sistema de salud colombiano cuando las EPS bajo intervención no logran garantizar atención efectiva. Si no se corrigen los problemas estructurales con enfoque territorial, el modelo de aseguramiento podría continuar desestabilizándose en otras regiones del país.

La acción popular y la coadyuvancia presentada por la Personería se suman a un creciente clamor institucional que exige respuestas urgentes, integrales y sostenibles. En este contexto, la salud pública deja de ser un tema técnico para convertirse en una prioridad política, jurídica y humanitaria de primer orden.