La Procuraduría General de la Nación lanzó un llamado urgente al Ministerio del Trabajo y a la Junta Nacional de Invalidez para que se agilicen los trámites de más de 11 mil solicitudes represadas para pensiones por invalidez en Colombia a personas en condición de discapacidad. La medida busca dar respuesta a una situación crítica en la que miles de ciudadanos, muchos de ellos en condiciones de vulnerabilidad, han tenido que esperar hasta más de cinco años para recibir una respuesta a su solicitud de calificación de invalidez, lo que les impide acceder a su pensión.
A través de este esfuerzo, el Ministerio Público busca descongestionar los procesos y garantizar que los derechos de los colombianos sean respetados de manera oportuna. Esta situación no solo afecta a los ciudadanos en su calidad de vida, sino que también retrasa el cumplimiento de derechos fundamentales establecidos por la Constitución.
El Ministerio Público ha señalado que la espera prolongada de más de cinco años para obtener una respuesta a estas solicitudes es inadmisible, especialmente cuando se trata de personas en condiciones de vulnerabilidad. La tardanza en la calificación de invalidez impide a muchas personas acceder a los beneficios a los que tienen derecho, lo que afecta su bienestar económico y social. Ante esta situación, la Procuraduría ha tomado la iniciativa de convocar a una reunión con la Junta Nacional de Invalidez y el Ministerio del Trabajo para encontrar soluciones que permitan agilizar estos trámites.
Compromiso para acelerar los trámites
En la reunión convocada por la Procuraduría, se acordaron compromisos claros para acelerar la atención de los casos represados. Se destacó la importancia de utilizar tanto las salas principales de calificación como las salas de descongestión para dar una respuesta pronta y eficiente a los miles de ciudadanos que esperan una respuesta.
Hasta el 30 de enero de 2025, se han logrado resolver 2.652 de los 5.395 casos asignados a las salas de descongestión, pero la cifra sigue siendo insuficiente frente a la gran cantidad de solicitudes que aún están pendientes. El Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Samuel Arrieta, subrayó que el proceso necesita ser más ágil y eficiente, instando a la Junta Nacional de Invalidez a tomar medidas inmediatas para resolver el problema y garantizar el acceso oportuno a los derechos de los colombianos en situación de invalidez.
La vigilancia preventiva y el seguimiento de casos
Además de los compromisos adquiridos, la Procuraduría ha señalado que realizará mesas de seguimiento periódicas para asegurar que los esfuerzos para descongestionar los trámites sean efectivos. Este enfoque de vigilancia preventiva busca garantizar que los casos sean resueltos de manera eficiente y que no haya más retrasos injustificados en los trámites.
El delegado de la Procuraduría también destacó la importancia de velar por la garantía de los derechos de los sujetos de especial protección constitucional, como las personas en situación de discapacidad. La Procuraduría se compromete a continuar supervisando de cerca la situación para asegurar que las soluciones adoptadas por las autoridades sean las más adecuadas y que los ciudadanos reciban una respuesta oportuna.
La importancia de una respuesta rápida y efectiva
La calificación de invalidez y el acceso a pensiones es un derecho fundamental para muchas personas en Colombia. Los ciudadanos que presentan discapacidades o condiciones de salud que afectan su capacidad para trabajar tienen derecho a recibir una pensión que les garantice una vida digna. Sin embargo, los represamientos en los trámites han generado barreras significativas para el acceso a este derecho, lo que agrava aún más la situación de quienes dependen de este apoyo económico.
El proceso de calificación de invalidez no solo debe ser más rápido, sino también más transparente y accesible para todos los ciudadanos. La creación de salas de descongestión es un paso positivo, pero es necesario que los recursos y personal suficientes se asignen a estas áreas para que los resultados sean sostenibles y eficaces..
Es fundamental que el Ministerio del Trabajo y la Junta Nacional de Invalidez asuman el compromiso de agilizar los trámites, fortalecer las capacidades del sistema y garantizar que las personas en situación de invalidez reciban la pensión correspondiente sin más demoras. Los derechos humanos y el bienestar de la población más vulnerable dependen de una respuesta efectiva y un compromiso real con la justicia social.
