Ayer, la Comisión Primera del Senado adelantó una audiencia pública, con el fin de analizar los proyectos de reforma al sistema a la salud de Cambio Radical y el Centro Democrático. En el encuentro participaron reconocidos expertos sectoriales, quienes expusieron su visión frente a los cambios impulsados por el Gobierno Nacional y que aún están sujetos a aprobación.
Además de la intervención del Dr. Fernando Ruiz, exministro de Salud; participó Iván González, vicepresidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) con su análisis sobre el sistema de salud actual y las implicaciones de una posible reforma, siendo el eje central cada uno de los usuarios. “Todos los ajustes que hagamos son para las personas, la salud no tiene color político”, aseguró al inicio de su exposición.
Para el vicepresidente de la ANDI, indiscutiblemente se debe prestar atención a la coyuntura actual del sector. A pesar de que hay nociones de situaciones críticas y alertas graves, sus desenlaces serían desastrosos para los colombianos. Bajo este contexto, los fenómenos más complejos para la entidad son los siguientes: la sostenibilidad financiera, el flujo de recursos -insuficiente para este año- y desequilibrio y concentración de riesgo.
Los problemas de sostenibilidad financiera no son exclusivos del país, se trata de una problemática que aqueja a otros países, agudizada por la pandemia. También hay desequilibros dentro del sistema de salud debido al envejecimiento poblacional y con ello, el incremento en la atención de comorbilidades como el cáncer o la hipertensión. Sobre el flujo de los recursos, González se refirió a la incapacidad de la ADRES para garantizar el cubrimiento de los presupuestos máximos de noviembre y diciembre.
Hay serias preocupaciones sobre la gestión actual del INVIMA
González, en representación de la ANDI, expresó sus inquietudes frente a la gestión actual del INVIMA. Hasta la fecha, no se ha realizado el nombramiento en propiedad del director, sin mencionar el represamiento en los trámites. De acuerdo con los datos presentados en la audiencia pública, hay 27.500 trámites demorados, “de los que el 50% pondrán en riesgo la salud de los colombianos en los próximos 18 meses”.
Preocupaciones de la ANDI sobre la reforma al sistema de salud
La audiencia pública de la Comisión Primera también fue un espacio para la presentación de propuestas. Desde la ANDI, se sugieren varias acciones para superar la coyuntura, entre las que sobresalen: implementar un mecanismo ex-post de única vez para resolver los desequilibrios causados por la pandemia. También hacer un ajuste excepcional de la UPC de 2024, en los que se recojan los desequilibrios de 2022 y 2023 para que sean superados.
Con respecto a la reforma del sistema de salud, el gremio tiene grandes preocupaciones:
- Eliminación de la protección financiera: si bien las EPS son importantes, lo que está en juego con la reforma es la asignación de recursos a centros de baja complejidad, eliminando la protección del riesgo financiero que ha beneficiado a las familias más vulnerables en los últimos 30 años.
- El cambio en el modelo de aseguramiento: el país tiene un aseguramiento social, con recursos públicos bajo la más grande alianza público-privada. “Hoy tenemos un mejor pull de aseguradores que debemos cuidar y proteger”.
- Interrupción de la evolución del sistema: hemos aportado durante 30 años, en 8 gobiernos, fomentando la progresividad del derecho a la salud.
- No hay capacidades para estatizar el sistema de salud: esto se traduce en el reemplazo de 20 o 30 EPS por 25.000 CAPS, de acuerdo con los datos expuestos por el vicepresidente de la ANDI. A lo anterior se suman los riesgos de interferencia política y corrupción.
- La fragmentación de servicios derivará en mayor gasto de bolsillo: hoy en día, Colombia tiene el menor gasto de bolsillo de Latinoamérica, siendo del 14%. En otros países de la región, el promedio está sobre el 40%.
Otros de los elementos negativos del proyecto de la reforma a la salud del gobierno son la eliminación de la libre elección; las modificaciones abruptas en la ruta de acceso, ya que no se conoce cuál sería el mecanismo de continuidad; la falta de capacidades de la ADRES para ejecutar lo que se propone desde la iniciativa gubernamental; la reglamentación poco clara sobre las compras centralizadas. Adicionalmente, quedaría en riesgo la capacidad instalada de la red privada, pues según indicó, “mientras en América Latina, el 10% de los hospitales y clínicas son privados, en Colombia, para atender una cobertura del 99%, el 90% de la prestación es privada”.
Finalmente, la puesta en marcha de la reforma a la salud podría generar un incremento en el dinero de salud. “Hoy, la salud representa el 7.1% del PIB y esperamos en algún momento llegar al 9% del PIB, como recomienda la OCDE”.
