Lanzan manual de fiscalización de la ley de interrupción voluntaria del embarazo

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Desde el Hospital San Juan de Dios, el Ministerio de Salud y de de la Mujer y la Equidad de Género presentó el manual de fiscalización de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, documento está dirigido a los profesionales de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (Seremis) y de la Superintendencia de Salud para supervisar el correcto funcionamiento de esta norma.

El manual tiene como objetivo estandarizar el proceso de supervisión de la Ley 21.030 para las instituciones públicas y privadas, entregando la pauta técnica para la evaluación normativa, basada en las funciones de la red asistencial, nivel de atención, entrega de información, consentimiento informado y constitución de las causales.

Al implementar la ley se proyectaban 3.000 interrupciones voluntarias del embarazo anuales, sin embargo se han realizado 3.300 intervenciones entre 2018 y 2022.

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De manera adicional, el texto proporciona las recomendaciones a considerar para la visita en terreno y elementos críticos que los profesionales de las Seremis y, en un eventual momento, la Superintendencia del ramo en el rol fiscal.

Antonia Orellana, ministra de la Mujer, mencionó que el monitoreo social realizado por diferentes organizaciones ante la aplicación de la ley. “Este Manual refuerza nuestro compromiso por garantizar y tener acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y, muy preliminarmente, va a permitir hacernos cargo de las falencias que han ido identificando los monitoreos sociales”, destacó Orellana.

Además, la funcionaria declaró que algunos ejemplos del uso del manual serían la identificación de qué se les informa a las mujeres sobre su derecho del uso de esta prestación, “constatar que en caso de la tercera causal exista la denuncia por parte del director o directora del establecimiento”, “o también el poder revisar si es que se ofreció un método anticonceptivo a la usuaria post interrupción voluntaria del embarazo”.

A 5 años de promulgada la ley, 4 de cada 10 médicos obstetras en hospitales públicos son objetores de conciencia en causal de violación, 1 de cada 7 lo es ante el riesgo de vida de la madre y 1 de cada 5 ante la inviabilidad fetal.

Por su parte, Ximena Aguilera, ministra de Salud, señaló que este documento era una “deuda” del ministerio desde que se publicó la ley. “Sabemos lo que significa también en respaldo para los funcionarios y para garantizar las condiciones de las mujeres que están solicitando este este acceso a la interrupción y las gestantes que están solicitando el acceso a interrupción voluntaria del embarazo”, resaltó Ximena.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud y de la Mujer, 1 de cada 2 casos está vinculado con la inviabilidad con la vida del embrión o feto, 1 de 3 casos por peligro de vida de la persona gestante y 1 de 5 casos por violación. La mayoría de las interrupciones se realizan en la red pública de salud, por atención a través de FONASA, con un 84%.

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