El pasado 12 de mayo, el Congreso de la República sancionó la Ley N° 2088 con la que se expiden los lineamientos para el trabajo en casa. De acuerdo con la normativa, esta modalidad habilita al servidor público o privado para desempeñar sus actividades laborales en espacios distintos al habitual, sin modificar la naturaleza del contrato o relación laboral, o legal y reglamentaria respectiva, ni tampoco desmejorar las condiciones del contrato laboral, cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo.

Las normativa para el trabajo en casa no solo aplica para profesiones o actividades que funcionen con las nuevas tecnologías. La ley se extiende a cualquier tipo de trabajo o labor que no requiera la presencia física del trabajador o funcionario en las instalaciones de la empresa o entidad. La modalidad ha sido aoptada por numerosas empresas a raíz de la pandemia, para evitar una interrupción temporal o definitiva en los servicios que preste. Antes de la aprobación del Congreso, el proyecto de ley 352/20S–429/20C recibió el visto bueno del Senado de la República en marzo, tras realizar varios ajustes a las propuestas que pretendían regular esta forma de trabajo. Cabe resaltar que actualmente un gran número de personas continúa laborando en estos términos.

El aspecto más importante de la ley del trabajo en casa es la diferenciación del teletrabajo. De esta manera, el teletrabajo se entenderá como el trabajo que vincula y necesita medios tecnológicos para su ejecución, mientras que el trabajo en casa será concebido como una medida ocasional, temporal y excepcional, en el que la tecnología no será el único recurso a tener en cuenta.

Al respecto, el ministro del trabajo, Ángel Custudio Cabrera mencionó ante el Senado que las condiciones para el teletrabajo y el trabajo en casa son distintas: en el primer caso, éste deberá quedar estipulado en el contrato de vinculación laboral; en el segundo, la medida deberá quedar registrada por escrito desde la fecha de implementación. De igual forma manifestó que el 93% de las personas realizan labores domésticas durante su jornada de trabajo, por ello se deben tener en cuenta nuevas medidas para conciliar el ámbito personal y laboral.

“No se cambia la naturaleza de la relación o el contrato laboral que tengan las partes. Esto significa que todo lo que existe en el código sustantivo del trabajo frente a los derechos laborales se conserva en su totalidad. Esta norma no toca ningún trabajo del código sustantivo del trabajo”, comentó el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera al hablar del trabajo en casa.

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Estos son los puntos fuertes de la implementación del trabajo en casa

Desde el proyecto de ley -cuya siguiente fase es la espera de la conciliación para la sanción final-, se especifica que el trabajo en casa no es una nueva modalidad de contratación. Sin embargo, se habilita como figura de transición y el teletrabajo. Adicionalmente a ello, se debe prestar atención a los siguientes aspectos:

• La jornada laboral máxima será de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Las horas extra no podrán superar las 2 horas diarias y las 12 horas semanales.
• Los trabajadores deberán realizar sus labores en el horario pactado en el contrato. No deberá tener sobrecargas adicionales para el trabajo en casa. Será el empleador quién decida cómo medir el desempeño de sus colaboradores, cumplimiento de metas, así como el mecanismo para el reporte y/o resultados de éstas.
• Los trabajadores contarán con las mismas garantías pactadas al comienzo de la relación laboral: jornada laboral, pago de horas extras, pago de recargo nocturno, dominical o festivo. Asimismo, la asignación salarial y el pago de prestaciones sociales se mantendrán iguales a lo establecido en la contratación en la modalidad presencial.
• Se establece el derecho a la desconexión laboral. Los trabajadores y servidores públicos podrán “disfrutar de su tiempo de descanso, permisos, vacaciones, feriados, licencias con el fin de conciliar su vida personal, familiar y laboral”.
• Los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y les reconozcan el auxilio de transporte, tendrán un auxilio de conectividad durante el tiempo de trabajo en casa. Estos auxilios no son acumulables.
• La medida de trabajo en casa podrá habilitarse hasta por 3 meses o hasta el término pactado por las partes, en caso de que persistan las condiciones ocasionales, excepcionales o especiales que impidieron que el trabajador pudiera realizar sus funciones en su lugar de trabajo hasta que desaparezcan.
• Durante el tiempo que se presten los servicios o actividades bajo la habilitación del trabajo en casa el servidor público o trabajador del sector privado continuará amparado por las acciones de promoción y prevención, así como de las prestaciones económicas y asistenciales, en materia de riesgos laborales.
• Además de ello, la ARL a la que se encuentre afiliado el empleador, deberá promover programas que permitan garantizar condiciones de salud física y mental, así como la seguridad en el trabajo, para lo cual los empleadores deberán comunicar y actualizar ante la Administradora de Riesgos Laborales los datos del trabajador y en aquellos casos en que sea necesaria la prestación del servicio o el desarrollo de actividades en un lugar diferente al inicialmente pactado en la relación laboral.

Sumado a esto, la medida establece que los empleadores no podrán realizar ningún requerimiento o formular órdenes fuera de la jornada laboral. Para garantizar que la normativa se cumpla, se designó al Ministerio del Trabajo para realizar la inspección, vigilancia y control en el desarrollo de las actividades reguladas con esta nueva ley.

Consulte aquí el documento con las disposiciones del trabajo en casa:

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El Ministerio de Salud y Protección Social ha presentado un proyecto de resolución, en el que se realizan modificaciones a las Resoluciones 166 y 508. Los cambios propuestos buscan aclarar los criterios para el reconocimiento y pago de los costos asociados al agendamiento y a la aplicación de la vacuna, así como garantizar los mecanismos que permitan el cargue de la información por parte de las entidades responsables de pago.

Cuando se expidió la Resolución 166 de 2021, se reglamentó y describió la metodología que se usaría en el territorio nacional para la determinación de los valores a reconocer tanto a los prestadores de servicios de salud, por los costos asociados al agendamiento de las citas y a la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, como a las entidades responsables del aseguramiento en salud, por los costos asociados al proceso de validación que debe adelantarse por la vacuna aplicada para efectos del pago y apoyo para que los prestadores cumplan con la obligación del agendamiento.

Al revisar nuevamente lo propuesto, se modificaron algunos aspectos. En la Resolución 508 se presentó el procedimiento de validación de las vacunas (por parte de las entidades responsables) y se estipuló el procedimiento de reconocimiento de las vacunas aplicadas al Talento Humano en Salud.

Sin embargo, distintos actores sectoriales han identificado necesidades que no fueron consideradas en las normas anteriores: la observación post vacuna -considerado como un proceso que comprende un reconocimiento adicional a los prestadores de servicios de salud- por lo que se requiere mayor claridad en la validación que deben hacer los distintos participantes del Plan Nacional de Vacunación. De igual forma es importante precisar el alcance de las tácticas de vacunación a ser realizadas por parte de los prestadores de servicios de salud y que serán objeto de reconocimiento y pago de conformidad a las tarifas determinadas por la normatividad vigente.

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Este sería el cambio al valor de reconocimiento y pago

Para el cálculo de los costos del proceso de agendamiento y aplicación de la vacuna, se partió de establecer la conformación requerida de un equipo de vacunación y sus estándares de rendimiento por estrategia. Desde el Ministerio de Salud se tienen presentas las diferencias presentes en el territorio nacional en relación con la disponibilidad del recurso humano, la accesibilidad del territorio, la oferta de insumos, entre otros. Además de ello, se plantearon los siguientes rendimientos por vacunador/día: a) Estrategia intramural: 40 dosis al día, b) Estrategia extramural urbano: 20 dosis al día y c) Estrategia extramural rural disperso: 10 dosis al día.

Con relación a los costos de la gestión de verificación, control y validación que deben realizar las EAPB y demás entidades que hagan sus veces, se consideró un total de dosis para este seguimiento de 62.469.298 ejecutable en 365 días calendario entre 143 entidades. Se tiene presente que algunas vacunas requieren dos dosis, mientras que otras son monodosis para completar el esquema. También se consideró una frecuencia de 15 llamadas por hora y dedicación diaria de 8 horas.

El costo estimado por el agendamiento y aplicación de la vacuna contra el COVID-19 que se reconocerá a los prestadores de servicios de salud es diferencial según la región y estrategia utilizada. De igual forma, en el proyecto de resolución se indica que los costos definidos por agendamiento y aplicación de la dosis, ya contemplan el valor de la observación post vacuna, por tanto, no deben ser facturados de manera independiente.

Con respecto al costo estimado por la gestión de verificación y apoyo a los prestadores, así como la validación por vacuna aplicada y gestión de las certificaciones que se reconocerá a los las entidades responsables del aseguramiento en salud, los administradores de los regímenes especiales y de excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad y las entidades territoriales departamentales y distritales (estas últimas solo con respecto a la población no afiliada que tengan a cargo o para la población que estando afiliada sea objeto de estrategias de vacunación definidos por ellos) es el mismo valor para todas las regiones.

En lo que respecta al reconocimiento y pago de los costos asociados al agendamiento y a la aplicación de la vacuna a los prestadores de salud, se les reconocerán los costos asociados al agendamiento y aplicación de la vacuna en función a las dosis suministradas durante el mes, previa validación de las entidades responsables del aseguramiento en salud, los administradores de regímenes especiales y de excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad y los departamentos y distritos, respecto de la población no afiliada que tenga a cargo o para la población que estando afiliada sea objeto de estrategias de vacunación definidos por esta en coordinación con las entidades responsables del aseguramiento.

Para conocer con más detalles las modificaciones a los procesos reglamentados para estos reconocimientos, consulte el proyecto de resolución haciendo clic en el botón “Descargar”.

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Con la resolución 588 de 2021 el Ministerio de Salud dio vía libre a la implementación de modelos piloto para la vacunación contra el Covid-19 de la población de los regímenes de excepción y algunas poblaciones especiales. Específicamente serán inmunizados:

• Los agentes educativos, madres y padres comunitarias vinculados a los servicios de primera infancia identificados por el ICBF.
• Los docentes, directivos docentes, personal de apoyo logístico y administrativo de los establecimientos de educación inicial, prescolar, básica primaria, secundaria y educación media.
• El personal activo, el que sea llamado para la reserva activa o el que está en proceso de formación, personal de apoyo logístico y administrativo de las escuelas de formación de las fuerzas militares.
• El personal activo, el que sea llamado para la reserva activa o el que está en proceso de formación, personal de apoyo logístico y administrativo de las escuelas de formación de la Policía Nacional de Colombia.
• El personal de la Fiscalía General de la Nación y personal de apoyo logístico y administrativo.

Para la ejecución de estos modelos piloto se asignarán vacunas contra el Covid-19 según disponibilidad, hasta completar el 10% de la población incluida en cada uno de los pilotos hasta entregar 10.000 dosis a cada grupo priorizado, lo que pase primero.

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Las dosis serán entregadas a: Sanidad militar de las Fuerzas Militares y de la Policía, a los agentes que operan el régimen de excepción del magisterio y a la Fiscalía General de la Nación, quienes deben garantizar la aplicación de la vacuna en los prestadores y demás entidades habilitadas para la vacunación. El costo de los servicios de vacunación para estas poblaciones será cubierto por el Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME.

De otro lado, los biológicos para inmunizar a las madres y padres comunitarios del ICBF se asignarán mediante el procedimiento establecido para el resto de habitantes del territorio nacional.

Finalmente, para la implementación de los pilotos, los responsables definidos por el Ministerio de Defensa, Educación, el ICBF y la Fiscalía General de la Nación deberán instalar una mesa de coordinación con delegados del Minsalud para la planificación, ejecución y seguimiento de tales modelos.

Estas entidades serán las encargadas de reportar al Ministerio de Salud las bases de datos de las personas objeto de la vacunación, de acuerdo con la estructura que se establezca. Del mismo modo, deberán presentar la microplanificación del modelo piloto, el listado de instituciones vacunadoras y la coordinación para la vacunación del personal