Invima e INS presentaron balance presupuestal ante el Senado de la República

Los directores del Instituto Nacional de Salud y el Invima presentaron el balance presupuestal de cada entidad
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Ante la Comisión Séptima del Senado, los directores del Instituto Nacional de Salud y el Invima presentaron el balance presupuestal de cada entidad y la solicitud para la vigencia 2023, teniendo en cuenta las acciones implementadas durante los últimos meses desde sus competencias.

Según el orden del día, la primera entidad en dar a conocer su balance presupuestal fue el INS, intervención que estuvo a cargo de su directora, Martha Lucía Ospina, quien destacó las renovaciones tecnológicas que se han hecho al instituto en los últimos siete años y que hoy cuenta con elementos de vanguardia; los avances en el sistema de investigación y vigilancia en salud pública (vigilancia genómica), el entrenamiento en epidemiología y enfermedades tropicales; el primer programa en español del mundo, entre otros.

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Adicionalmente, resaltó la importancia de los laboratorios departamentales de salud pública, a cargo de las respectivas gobernaciones porque “el hecho de que un departamento no haga su ejercicio de mantener el talento humano, los insumos o los recursos…pues terminamos siendo el eslabón más débil. La respuesta de Colombia depende de las capacidades que cada departamento logre y mantenga”.

Para la vigencia 2022, el INS ha ejecutado el 52% de su presupuesto, incluso en años anteriores -en los que la apropiación del presupuesto era menor-, con cifras superiores al 94%.

La solicitud presupuestal para 2023 fue de $158 mil millones, monto que sería distribuido así: $105 mil millones en inversión, que incluían la culminación de la construcción de laboratorios de equipos robustos y $53 mil millones para el funcionamiento interno del INS. Sin embargo, como se conoció en el baance presupuestal “el déficit que se tiene es de $50 mil millones, los mismos $5.500 millones que hacen falta para la nómina y $44 mil millones para completar el desarrollo de la infraestructura de los nuevos laboratorios”.

A raíz de ello, en el INS hay una serie de proyectos desfinanciados, entre los que se encuentran: fortalecimiento de la capacidad institucional en la provisión de bienes y servicios de interés en salud pública nacional – antivenenos ($8.000 millones), renovación tecnológica de los laboratorios del INS ($10.000 millones), fortalecimiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura del INS ($12.600 millones).

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Tras exponer la situación del INS, la Dra. Ospina se refirió a la situación laboral de los trabajadores de la entidad: “El INS tiene los salarios más bajos del sector salud. Cuando hacemos la comparación con otras entidades del sector, tenemos dos cargos por debajo; es decir que una persona con el mismo grado gana un salario dos veces menor respecto a otro técnico o profesional igual”.

Asimismo, la directora del Instituto antes de culminar su intervención sobre el balance presupuestal alentó a los senadores para evaluar lo que sería la ley del investigador público como régimen de carrera especial que no ha logrado ser aprobada. “De esta manera podrían ganar honorarios como en otros países del mundo e incentivar la consecución de recursos y ser reconocidos en sus títulos”.

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Este es el balance presupuestal del Invima ante el Senado

Por su parte, el Invima también expuso el balance presupuestal y lo proyectado para la vigencia 2023, en cabeza de su director, Julio César Aldana. “El Invima históricamente ha sido una entidad que ha sido autosuficiente financieramente. Con la promulgación de la Ley del Emprendimiento, los ingresos se verán reducidos ostensiblemente”. Como argumentó Aldana, con esta normativa, el 55% de las tarifas existentes hoy están exentas o diferenciadas para los microempresarios.

Con corte al 31 de julio de 2022, de los $225 mil millones apropiados, en el balance persupuestal se conoció que el 58% están comprometidos y el restante 41% corresponde a los recursos obligados. Sin embargo, la solicitud presupuestal para 2023 es de $303 mil millones de pesos, de los cuales $162 mil para funcionamiento y $139 mil millones serían destinados a inversión; monto en el que se requiere un aporte de la Nación por $58 mil millones.

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