La institucionalización prolongada de personas mayores y con discapacidad continúa siendo una problemática estructural en Colombia. Un diagnóstico conjunto de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo advierte que personas de estas poblaciones permanecen durante periodos extendidos en hospitales, centros psiquiátricos y establecimientos de larga estancia, no necesariamente porque su condición clínica lo requiera, sino ante la ausencia de alternativas familiares, comunitarias y estatales que permitan su egreso y una vida digna en comunidad.
Los hallazgos hacen parte del informe Radiografía del abandono y la institucionalización prolongada de personas adultas mayores y con discapacidad, elaborado por las dos entidades. El documento busca dimensionar el abandono social y la permanencia prolongada en instituciones y formular recomendaciones para la respuesta estatal.
Caracterización por curso de vida de personas con discapacidad localizadas de manera permanente en una institución (1 junio 2020 – 28 febrero 2026)
Caracterización de personas con discapacidad localizadas de manera permanente en una institución por tipo de discapacidad (1 junio 2020 – 28 febrero 2026)
Las cifras muestran un problema de alcance nacional
El diagnóstico reunió varias fuentes que no deben interpretarse como un único registro ni sumarse entre sí. Entre ellas están el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), datos de vigilancia del Instituto Nacional de Salud (INS), peticiones recibidas por la Defensoría y una encuesta de la Procuraduría dirigida a las alcaldías de los 1.103 municipios del país, de los cuales respondió el 50 %.
Según el RLCPD, entre junio de 2020 y febrero de 2026 fueron identificadas 17.362 personas con discapacidad localizadas permanentemente en una institución. Además, 12.184 personas registradas no contaban con ninguna red de apoyo, circunstancia que incrementa su exposición al abandono.
Otro indicador proviene del INS: entre 2022 y 2025 se contabilizaron 10.942 notificaciones de posible negligencia y abandono contra personas mayores, con un incremento acumulado del 87 %. El informe destaca, además, una tendencia creciente de los casos reportados en instituciones de salud.
A su vez, la Defensoría del Pueblo registró entre 2024 y comienzos de 2026 un total de 352 casos de personas en posible situación de abandono social o institucionalización prolongada, con un aumento del 36,6 % entre 2024 y 2025.
Alcaldías reportaron miles de personas institucionalizadas
El componente territorial aporta otra aproximación. La Procuraduría recibió información de 551 municipios, correspondientes al 50 % del total nacional. Por esta razón, las cifras derivadas de esta encuesta representan únicamente a los municipios que respondieron y no pueden extrapolarse automáticamente al conjunto del país.
Caracterización por de personas con discapacidad localizadas de manera permanente en una institución
Las alcaldías participantes reportaron al menos 12.450 personas adultas con discapacidad psicosocial institucionalizadas y 7.891 personas mayores en situación de abandono institucionalizadas. Dentro de las poblaciones reportadas, 4.941 personas llevaban más de un año en esa condición.
El problema no se limita al tiempo de permanencia. El 55 % de los municipios señaló la existencia de personas institucionalizadas sin una red familiar o apoyo externo identificado, mientras que el 75 % reconoció que su propia oferta de cuidado resulta insuficiente.
Estos resultados muestran una tensión entre las necesidades sociales de cuidado y la capacidad disponible en los territorios. En ese escenario, hospitales y otras instituciones pueden terminar prolongando la permanencia de personas que requieren una alternativa de protección o apoyo fuera del entorno hospitalario.
Personas con discapacidad que no cuentan con redes de apoyo por distribución departamental
El problema trasciende al sector salud
El informe identifica cinco grupos de barreras: presupuestales; de política pública y oferta institucional; de articulación; operativas y de respuesta; y relacionadas con los sistemas de información.
En materia financiera, las entidades señalan limitaciones de recursos municipales y ausencia de fuentes nacionales específicas que permitan avanzar sostenidamente en alternativas de cuidado y desinstitucionalización. La disponibilidad presupuestal condiciona servicios como atención domiciliaria, iniciativas comunitarias y ampliación de capacidades de larga estancia.
También persisten problemas de coordinación. Aunque el 90 % de los municipios consultados señaló contar con alguna instancia de articulación intersectorial y el 87 % realiza mesas técnicas, un 40 % reconoció dificultades relacionadas con las competencias entre entidades. Para el informe, la existencia formal de estos espacios no garantiza necesariamente una respuesta efectiva frente a cada caso.
La Corte Constitucional ya había establecido en la SU-367 de 2025 que la institucionalización prolongada únicamente resulta admisible bajo criterios de estricta necesidad, temporalidad, proporcionalidad y respeto por la voluntad de la persona, junto con el fortalecimiento de alternativas comunitarias.
¿Qué propone el Ministerio Público para reducir la institucionalización?
La Procuraduría y la Defensoría plantean medidas en cinco dimensiones, dentro de la cuales están:
- Presupuestales, por la insuficiencia de recursos propios de los municipios y la ausencia de fuentes de financiación nacionales específicas para avanzar en la desinstitucionalización progresiva y la atención y el cuidado de la población.
- De política pública y oferta institucional, dado que las políticas de cuidado, vejez y discapacidad presentan avances importantes pero insuficientes, con serios desafíos de articulación intersectorial y territorialización, agravados por el cierre administrativo del Ministerio de Igualdad y Equidad.
- Institucionales y de articulación, expresadas en la fragmentación entre los sistemas de salud y social, la falta de claridad en las competencias y la desarticulación entre niveles territoriales, que produce un vacío donde ninguna entidad asume la responsabilidad de los casos, lo cual lleva a que el acceso al cuidado dependa frecuentemente de una acción de tutela y no de una ruta ordinaria de atención.
- De respuesta y operativas, reflejadas en la debilidad de los protocolos interinstitucionales y la ausencia de mecanismos de revisión periódica de los casos de personas institucionalizadas.
- Y de sistemas de información, dado que el país carece de un sistema integrado, interoperable y confiable que permita conocer la magnitud real de la problemática y orientar las intervenciones.
Actualmente, la inexistencia de una fuente integrada dificulta establecer la magnitud real del fenómeno, hacer seguimiento a las personas y orientar los recursos disponibles.
¿Cómo evitar que los hospitales se conviertan en la respuesta a la falta de cuidado?
El diagnóstico plantea un desafío que supera las funciones asistenciales de hospitales y clínicas. Cuando una persona ya no requiere determinada permanencia institucional, pero carece de apoyos familiares, comunitarios, residenciales o sociales para continuar su proyecto de vida, la respuesta depende de la coordinación entre varios sectores y niveles del Estado.
Para el Ministerio Público, la institucionalización se ha convertido en una respuesta recurrente ante la ausencia de alternativas comunitarias, familiares y estatales. Modificar esa dinámica requiere pasar de soluciones reactivas y frecuentemente judicializadas a rutas ordinarias de cuidado y protección, con financiación, responsabilidades definidas y seguimiento.
El informe, además, reconoce sus propias limitaciones: no pretende constituir un censo nacional definitivo. La falta de información integrada es precisamente una de las fallas estructurales identificadas. Aun así, las diferentes fuentes analizadas convergen en una misma alerta: la permanencia prolongada en una institución no debería convertirse en sustituto permanente de una política efectiva de cuidado, autonomía y vida en comunidad.
Consulte y descargue el Informe “Radiografía del abandono y la institucionalización prolongada de personas adultas mayores y con discapacidad” aquí:
