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Industria Farmacéutica pide a nuevo gobierno revisar Circular de regulación de precios

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El pasado 6 de agosto, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a través de los ministerios de Salud y de Comercio, expidió “la última circular de precios de medicamentos de este gobierno”, mediante la cual se  estableció límite de precios a 902 presentaciones comerciales de medicamentos, que reducirían en un 50%, en promedio, el precio de estos fármacos, con lo que se generará un ahorro anual de 366.000 millones de pesos

Ante esto, la Cámara de Industria Farmacéutica de la Andi se pronunció frente a la circular 07 que fue expedida por el anterior Gobierno, con la que se regulan los precios de más de 900 medicamentos.

En su comunicado, el gremio afirma que la circular “No atiende los principios que ordenan el control de un mercado relevante por razones de su concentración”.

El gremio, también afirma que la medida fue anunciada por el Ministerio de Salud sin haberse concluido el proceso de consulta con los interesados, generando una enorme expectativa entre los ciudadanos, por la disminución de precios que tendrían varios medicamentos y asegura que la metodología para la aplicación de control de precios de los medicamentos que plantea la circular, no es adecuada.

Su solicitud para el nuevo gobierno es revisar la pertinencia de controlar el precio de los medicamentos en el canal comercial, así como para regular los márgenes aplicables en toda la cadena y con ello asegurar que los descuentos a los que se comprometen los laboratorios farmacéuticos, lleguen realmente al paciente y al sistema, de acuerdo con el propósito de una medida de esta naturaleza. Ya que para ellos , es necesario mantener el régimen de libertad vigilada ya que los medicamentos se venden a través de un canal comercial, en el que se obedece la dinámica de la oferta y la demanda, con un buen número de competidores que garantizan el acceso a las medicinas.

Comunicado de la Cámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI sobre circular de Control de Precios de Medicamentos

El pasado 3 de agosto se expidió la Circular 07 de 2018, por la cual ingresan a control directo de precios más de 900 medicamentos y que fuera anunciada por el Ministerio de Salud sin haberse concluido el proceso de consulta con los interesados y que generó ante la opinión pública una enorme expectativa sobre la disminución de precios de varios medicamentos.

Esta regulación, que es desarrollo de la Circular 03 de 2013, por la cual se estableció la metodología para la aplicación de control de precios de los medicamentos en el país, no atiende los principios que ordenan el control de un mercado relevante por razones de su concentración. Al tiempo controló el precio de varios medicamentos que se comercializan en el canal comercial, que por definición obedecen a la dinámica propia de la oferta y la demanda, con suficientes competidores que garantizan el acceso a los medicamentos y por tanto deberían mantenerse en el régimen de libertad vigilada.

Adicionalmente, la industria llama la atención sobre el hecho de que la regulación fijó el precio máximo de venta en el nivel mayorista, pero mantiene la libertad de precios para farmacias y droguerías.

La circular 07 rige a partir del 1º. de enero de 2019, tiempo suficiente para que el Ministerio revise la pertinencia de controlar el precio de los medicamentos en el canal comercial, así como para regular los márgenes aplicables en toda la cadena y con ello asegurar que los descuentos a los que se comprometen los laboratorios farmacéuticos, lleguen realmente al paciente y al sistema, de acuerdo con el propósito de una medida de esta naturaleza.

Los diálogos con el nuevo Gobierno están por empezar y desde la industria farmacéutica esperamos que en adelante los procesos de regulación se surtan de manera completa e incluyente y que sean realmente participativos tal como lo recomiendan entidades como la OECD en sus manuales de mejores prácticas.

 

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Procuraduría investiga contratos de alimentación durante la emergencia por Covid19

La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, iniciaron investigaciones a diversos contratos, con los que al parecer estaría incurriendo en malos manejos de dineros destinados para que los departamentos del país le hagan frente a la crisis sanitaria por el Covid-19.

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Procuraduría investiga contratos de alimentación durante la emergencia por Covid19

La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, iniciaron investigaciones a diversos contratos, con los que al parecer estaría incurriendo en malos manejos de dineros destinados para que los departamentos del país le hagan frente a la crisis sanitaria por el Covid-19.

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Según declaraciones oficiales de la Procuraduría se estaría haciendo seguimiento minucioso por parte de la entidad a la compra de mercados cuyos precios serian superiores a los comerciales.

 Así mismo, cabe mencionar que la entidad también puso en conocimiento de los colombianos que habría contratos que se estarían haciendo de manera ilegal para entregar mercados con fines políticos o a personas de altos recursos económicos.

Otro, tema  que también se encuentra en la lupa de  la Procuraduría  son algunos contratos que al parecer se estarían llevando a cabo con recursos de la emergencia sanitaria que vive el país  que tienen que ver con la construcción de parques, contratos de publicidad y acceso a internet a personas que cuentan con este servicio.  

En medio de la vigilancia, la Procuraduría también advirtió  de la presencia de algunos contratos para la entrega de ayudas que están siendo entregados a personas jurídicas que no tienen experiencia en el tema, pues su objeto social es organizar eventos sociales.

En medio de estos hallazgos que se encuentran en la  lupa de la Procuraduría y la Contraloría, estas instituciones han un fuerte llamado a los entes territoriales para adquirir los bienes y servicios que se necesiten en medio de la crisis a través de las grandes superficies y en la Tienda Virtual del Estado colombiano, que tiene a disposición elementos como: alcohol, algodón, cajas de seguridad, bolsas, gel antibacterial, guantes, jabón, toallas para manos, limpiadores y yodo, entre otros.

Finalmente advirtieron que los recursos públicos no deben ser utilizados para gastos innecesarios, publicidad asociada al COVID-19, el pago de deudas de las entidades y contratos o compras que no permitan atender la emergencia.

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¿Están preparados los hospitales del país para atender el Covid-19?

La ACHC realizó una encuesta para identificar los aspectos que requieren una mejora en cuanto a la atención hospitalaria en la fase crítica de la pandemia.

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Resultados de la encuesta de preparación de hospitales para COVID-19

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, -ACHC-, realizó una encuesta entre las entidades hospitalarias afiliadas a la asociación, para identificar los aspectos que requieren ajustes para garantizar la atención en la fase crítica de la pandemia provocada por el COVID-19. 

Cabe resaltar que, la ACHC realizó esta encuesta, durante el periodo
comprendido entre el 23 de marzo y 1 de abril de 2020. Se obtuvo un reporte de 100 Instituciones afiliadas de alta, mediana y baja complejidad de naturaleza pública, privada y mixta, que suman 9.845 camas las cuales representan el 11 % del total de camas nacional.

La encuesta indaga sobre la forma cómo se están preparando los hospitales y clínicas para atender una alta demanda de pacientes con Covid-19, y al respecto señala que el 73% de las entidades encuestadas ya dispusieron de un área de aislamiento para la atención de pacientes COVID-19.

Capacitaciones y acciones

Por otro lado, el 99% ha capacitado a su personal y ha implementado las guías y protocolos de atención emitidas por el Ministerio de Salud, incluso el 40% los han complementado con guías internacionales y protocolos desarrollados por las propias instituciones, tal y como se muestra a continuación:

Sobre otras acciones adelantadas se señala que el 64 % de las IPS ha hecho ajustes en la asignación de turnos y un 56% ha realizado cambios a los periodos de vacaciones de su personal. Así mismo, indica que para atender un eventual incremento de la demanda de servicios por Covid-19, las instituciones hospitalarias estiman que en promedio se requerirá el 31% adicional de personal asistencial y un 18% en personal administrativo:

Cambios en la atención diaria

Es preciso decir, que la llegada del COVID-19 al país, también ha generado cambios en la atención de las demás enfermedades, según los resultados de la encuesta el 70 % de las instituciones ha tenido cancelación de procedimientos o intervenciones programadas, lo cual se atribuye un 48 % a decisión de las EPS, un 29 % a decisión del paciente y un 24 % a decisión de la institución misma. Además, el 92 % de las entidades encuestadas ha restringido los acompañantes de los pacientes y un 80 % han implementado triage especial para pacientes con sintomatología del Covid-19, antes de que el Gobierno nacional lo ordenara como obligatorio.

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Respecto a los servicios de urgencias ha disminuido la ocupación pasando de un 120% en épocas ordinarias o un 75% en la coyuntura del Covid19, se espera que en las fases siguientes de la pandemia dicho porcentaje vuelva a aumentar.

Claridad en las instrucciones de EPS y Entes Territoriales

En cuanto a la coordinación con los Ente territorial para atención de Covid19, el 85% de los hospitales y clínicas encuestados indican que han recibido instrucciones sobre las rutas de atención, un 81% sobre el transporte de muestras y el 69 % sobre el sistema de referencia
y contrarreferencia, sin embargo, falta mayor información respecto a la designación especifica de instituciones para remitir pacientes confirmados, el 53% dicen no haber recibido instrucciones sobre el tema.

Respecto a las instrucciones por parte de las EPS sobre los mismos temas se observa menores niveles de respuesta, solo un 36% en promedio recibió respuesta sobre el traslado de pacientes y la designación especifica de instituciones para remitir pacientes confirmados, y menos de la mitad, 43% recibió instrucciones acerca del transporte de muestras.

Finalmente, la ACHC indagó sobre el apoyo a la declaración de la emergencia social, el 99% de los hospitales y clínicas encuestados la apoyaron e indicaron que gobierno debe paliar el impacto negativo ante la presencia del COVID19, con medidas como: control de precios,
medidas de liquidez, alivios tributarios, subsidios, créditos blandos y medidas arancelarias, entre otros.

Finalmente, la ACHC emitió algunas recomendaciones para paliar el impacto en el sector prestador de servicios de salud, en Colombia, por la presencia del Covid-19:

En primer lugar, piden apoyo en insumos y dotación de elementos de protección, la renovación expedita de contratos de prestación de servicios así como pagar oportunos a trabajadores de Salud y mejor remuneración económica al sector salud

A modo de cierre y de manera enfática piden pagar la deuda a la red de clínicas y hospitales, agilizar la ley de punto final.

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Órganos de control piden centralizar las compras de insumos prioritarios

La Contraloría y la procuraduría pidieron a las entidades territoriales centralizar las compras de insumos prioritarios y no malgastar los recursos públicos

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Órganos de control piden centralizar las compras de insumos prioritarios

La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República recomendaron al Gobierno Nacional adelantar compras centralizadas o contratar conjuntamente con las Entidades Territoriales los insumos de especial prioridad, necesarios para impulsar la preparación, prevención y contención del COVID-19.

Con la implementación de estos mecanismos se podrán agrupar las necesidades conjuntas de las distintas entidades y comprar conjuntamente bienes y servicios para combatir la pandemia. También, se podrá coordinar revisar y emitir las directrices necesarias para el control de la calidad de los insumos comprados.

Del mismo modo, exhortaron a Colombia Compra Eficiente a agilizar el diseño, estructuración de los Instrumentos de Agregación de Demanda, imprescindibles para comprar los bienes y servicios necesarios para atender epidemia.

Transparencia por la emergencia

Tal como lo informaron en días pasados los dos órganos de control, ya se encuentra en desarrollo el programa de vigilancia de los recursos públicos destinados a la mitigación del COVID-19, en el marco de este programa recordaron que alertarán de manera inmediata y sancionarán el mal uso de esos fondos, y la vulneración de los derechos de los ciudadanos y del personal médico y del sector salud.

El fin último de la Procuraduría y la Contraloría es proteger a la población más vulnerable con medidas que garanticen la eficiencia e integridad en las contrataciones, así como la transparencia de cualquier gasto que se derive de la pandemia.

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Conductas de gasto inapropiadas

Finalmente, las entidades hicieron un llamado puntual para que los recursos públicos no sean utilizados para gastos ostentosos como, publicidad innecesaria asociada al COVID-19, el pago de deudas de las entidades, y contratos o compras que no permitan atender la emergencia o que si bien están relacionadas con la pandemia resulten dispendiosas.

El gasto de los recursos no es admisible para la compra de los siguientes items:

  •  la compra de kits de mercados cuyos precios son muy superiores en comparación con los de las grandes superficies
  • la entrega de mercados con fines políticos a población no vulnerable o necesitada que se ha visto afectada por la pandemia
  • la contratación de construcción de parques no relacionados con la emergencia
  • contratos para publicidad sobre conocimientos y cuidados del Covid-19 dirigidos a población con acceso a televisión e internet que tienen información suficiente
  • contratos suscritos para el suministro de ayudas humanitarias con una persona jurídica cuyo objeto social es la organización de eventos sociales
  • contratos celebrados para el suministro de un número determinado de kits de elementos de aseo que son entregados de forma parcial o incompleta
  • contratos que no son publicados oportunamente en el SECOP o que no cuentan con el acto de declaratoria de urgencia y demás documentos

A modo de cierre, informaron también que el deber de las entidades territoriales es preferir la compra de los bienes y servicios que están disponibles en las grandes superficies y en la Tienda Virtual del Estado colombiano, así mismo, aseguraron que ya están a su disposición elementos como alcohol, gel antibacterial, jabón, toallas de manos, entre otros.

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