Defensoría del Pueblo advierte incumplimientos financieros y fallas asistenciales de Nueva EPS en Guaviare

La institución exige soluciones urgentes ante deudas millonarias, sobreocupación hospitalaria y fallas críticas en el acceso a medicamentos y transporte asistencial.
Defensoría del Pueblo advierte incumplimientos financieros y fallas asistenciales de Nueva EPS en Guaviare

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La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas frente a la grave afectación en la prestación de los servicios de salud de la Nueva EPS en Guaviare, donde el incumplimiento en los pagos a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) ha desencadenado una crisis asistencial que pone en riesgo el derecho fundamental a la salud.

Durante una reunión convocada por la Procuraduría Regional de Instrucción del Guaviare, en San José del Guaviare, se expusieron múltiples irregularidades: desde la suspensión de servicios esenciales hasta demoras en la entrega de medicamentos y traslados de pacientes. La Defensoría calificó como “inaceptable” que las fallas administrativas sigan costando vidas humanas.

La sesión contó con la participación de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia Regional de la Orinoquía, la Gerencia Zonal de la Nueva EPS, el Hospital San José del Guaviare, autoridades locales y veedores en salud de la región.

Deudas millonarias y colapso hospitalario

Uno de los puntos más críticos expuestos fue la deuda de la Nueva EPS con el Hospital San José del Guaviare, que asciende a $54.000 millones, de los cuales $12.000 millones están actualmente en trámite jurídico. Este déficit financiero ha paralizado la operatividad del hospital, afectando directamente la atención de los usuarios.

El centro hospitalario enfrenta una sobreocupación del 145%, con 48 pacientes pendientes de remisión a niveles superiores de complejidad. De ellos, 32 son afiliados a la Nueva EPS, cuya no aceptación en otras IPS ha generado un cuello de botella en la atención.

La falta de pagos oportunos ha derivado en una reducción de la capacidad instalada, demoras en laboratorios y estudios paraclínicos, así como limitaciones en la entrega de medicamentos esenciales. A esto se suma la interrupción del servicio de ambulancias por falta de pago, una situación que ya ha cobrado la vida de al menos tres personas, según lo reportado en la reunión.

Ante este panorama, el hospital adelanta un proyecto para la adquisición de dos ambulancias, con el fin de garantizar el traslado oportuno de pacientes y evitar nuevos fallecimientos por retrasos en la referencia.

Fallas en el suministro de medicamentos y atención especializada

La Defensoría del Pueblo documentó retrasos prolongados en la entrega de medicamentos por parte del distribuidor mayorista Discolmet, así como demoras en la asignación de citas especializadas y en la continuidad de tratamientos para pacientes con enfermedades crónicas.

Estas deficiencias, sumadas a la falta de fichas de atención y exámenes básicos que tardan varios días, configuran un cuadro de deterioro sistemático de los servicios de salud en la región.

Representantes de las veedurías ciudadanas expresaron su preocupación ante el posible paro de usuarios y bloqueo de vías, si no se evidencia una respuesta efectiva de las autoridades sanitarias y de la interventoría de la Nueva EPS.

Llamado urgente a la Nueva EPS y al Gobierno Nacional

Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado enérgico al agente interventor nacional de la Nueva EPS para que adopte medidas inmediatas que garanticen la atención integral y el flujo financiero hacia las IPS afectadas.

Entre las acciones prioritarias solicitadas se encuentran:

  • Consolidar y priorizar los casos críticos de referencia y contrarreferencia, designando un gestor que coordine la entrega oportuna de medicamentos y traslados.
  • Garantizar la continuidad de la atención médica mediante giros oportunos y suficientes a los prestadores.
  • Convocar una reunión urgente con el agente interventor y la gerencia nacional de la Nueva EPS, a fin de establecer un plan de contingencia inmediato.

La institución defensora recordó que la intervención estatal sobre la Nueva EPS debe traducirse en una mejora visible de la atención, y no en un retroceso que agrave la vulneración del derecho a la salud en los territorios apartados del país.

Próxima reunión de alto nivel: 17 de octubre

Como resultado de la mesa técnica, se acordó realizar una reunión nacional el próximo 17 de octubre, en la que participarán la gerencia nacional de la Nueva EPS, el agente interventor, las ESE del territorio y el Hospital San José del Guaviare.

El encuentro abordará temas clave como el proceso de estabilización financiera, el flujo de caja, los mecanismos de referencia y contrarreferencia, y las estrategias de traslado asistencial.

La Defensoría enfatizó que este espacio debe ser una oportunidad real para resolver los problemas estructurales que enfrenta el departamento y garantizar una respuesta oportuna a los usuarios.

Crisis estructural y necesidad de una intervención efectiva de la Nueva EPS en Guaviare

La situación de Guaviare refleja las dificultades que atraviesa el sistema de salud colombiano en materia de flujo de recursos, supervisión y equidad territorial. La Defensoría advirtió que el incumplimiento financiero de los aseguradores, sumado a la falta de supervisión efectiva, compromete la estabilidad de los hospitales públicos y la seguridad de los pacientes.

El caso de la Nueva EPS en Guaviare no es un hecho aislado, sino parte de una problemática nacional que exige acciones estructurales de parte del Ministerio de Salud, la ADRES y la Superintendencia Nacional de Salud.

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