Ante la suspensión del Decreto 182 de 2026 por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de ACEMI, aseguró que la decisión frena un cambio que, a juicio del gremio, representaba una modificación estructural del sistema de salud y ponía en riesgo tanto la libertad de elección de los usuarios como el acceso efectivo a los servicios.
En su pronunciamiento, Vesga destacó que el Ministerio de Salud buscaba reasignar a más de 6 millones de personas entre las EPS mediante una nueva norma de habilitación territorial. Según explicó, el Tribunal concluyó en esta oportunidad que esa medida no podía entenderse como un ajuste menor, sino como una transformación de fondo del sistema, con potenciales efectos sobre millones de afiliados.
La dirigente gremial señaló además que esta decisión judicial guarda coherencia con lo dicho anteriormente por el Consejo de Estado sobre el Decreto 858, que, según recordó, también pretendía avanzar en una asignación forzosa de usuarios. Con esa referencia, ACEMI insiste en que este tipo de medidas han venido generando reparos judiciales cuando comprometen principios como la libre escogencia y la continuidad en la atención.
La capacidad operativa de las EPS, en el centro de la advertencia de ACEMI
Vesga sostuvo que la territorialización de la salud solo tendría sentido si existieran capacidades homogéneas entre los operadores y si pudiera garantizarse que la población conservara continuidad en sus tratamientos y en sus atenciones. En el escenario actual, afirmó, resultaba inviable pensar que una población de esa magnitud fuera asignada mayoritariamente a EPS intervenidas, que hoy enfrentan dificultades operativas y financieras.
“En la situación actual del sistema, era impensable que esta población mayoritariamente fuera a ser asignada a EPS intervenidas que como la Nueva EPS, pues tienen enormes dificultades operativas y financieras. Así las cosas, esta es una decisión de protección a los usuarios que, insisto, celebramos desde el gremio”, señalo Vesga.
En esa línea, mencionó de manera expresa a Nueva EPS como ejemplo de las limitaciones que, según ACEMI, hoy hacen inviable una redistribución de usuarios de esa magnitud. Para el gremio, la suspensión del decreto representa así una medida de protección para los afiliados, al evitar que una reorganización territorial termine profundizando problemas de acceso y atención.
Con ese mensaje, Ana María Vesga centró la discusión en un punto concreto; cualquier cambio en la distribución de usuarios dentro del sistema debe partir de la capacidad real de las EPS para responder, y no solo de una decisión normativa.
La suspensión del Decreto 182 y sus efectos inmediatos
Cabe recordar que el pasado 10 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió provisionalmente el Decreto 182 de 2026 mediante una medida cautelar de urgencia, al considerar que su implementación podía generar riesgos graves para millones de afiliados del sistema de salud. La decisión frenó temporalmente la entrada en vigor del nuevo modelo territorial de aseguramiento promovido por el Ministerio de Salud, mientras se resuelve de fondo la acción judicial interpuesta contra la norma.
El Tribunal advirtió que el decreto podía afectar derechos colectivos como la libre elección de EPS, el acceso oportuno a los servicios y la continuidad de la atención, especialmente en aquellos territorios donde la reorganización reducía de forma drástica la presencia de operadores. El análisis judicial también puso el foco en el impacto potencial de la medida sobre cerca de 6 millones de usuarios, así como en el riesgo de concentración del aseguramiento en municipios donde Nueva EPS quedaría como operador dominante o incluso único.
El fallo, además, cuestionó la solidez técnica del decreto al señalar que una transformación de esa magnitud no podía ejecutarse sin demostrar de manera suficiente la capacidad operativa y financiera de las EPS que recibirían a la población trasladada. Bajo esa lectura, la suspensión no solo detuvo una norma reglamentaria, sino que dejó planteada una advertencia de fondo sobre los límites de una redistribución masiva de afiliados en un sistema que todavía enfrenta fuertes tensiones institucionales, financieras y de acceso.
