El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento de prestaciones por discapacidad en Argentina mediante la Resolución 517/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial. La medida establece una actualización del 2,6% para mayo en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, sin diferencia por tipo de prestación, y mantiene el adicional del 20% por zona desfavorable para la región patagónica.
La actualización se suma a los incrementos ya otorgados durante el año: 5,78% en febrero, 2,90% en marzo y 3,40% en abril. Con la nueva suba de mayo, el aumento acumulado alcanza el 15,48% en lo que va de 2026, dentro de un esquema de revisión mensual basado en el Índice de Precios al Consumidor, IPC, acordado por unanimidad por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas.
Aumento de prestaciones por discapacidad se ajusta por IPC
La Resolución establece una actualización de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para mayo de 2026. El incremento definido es del 2,6%, calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a abril de 2026 y aplicado respecto de los valores aprobados previamente mediante la Resolución 41/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
El esquema confirma una lógica de actualización mensual vinculada al comportamiento inflacionario. Para el Gobierno nacional, esta modalidad busca preservar el valor de los honorarios profesionales, dar mayor previsibilidad al sector prestador y contribuir a la continuidad de la atención de las personas con discapacidad. En un sistema altamente dependiente de aranceles regulados, la periodicidad de los ajustes adquiere relevancia para la sostenibilidad de los servicios, especialmente en contextos de presión sobre costos operativos.
La resolución se enmarca en el Sistema de Prestaciones Básicas creado por la Ley 24.901, que organiza la cobertura integral para personas con discapacidad. También retoma el esquema del Nomenclador de Prestaciones Básicas, aprobado originalmente por la Resolución 428/1999 del entonces Ministerio de Salud y Acción Social, cuyos aranceles son actualizados periódicamente a partir de propuestas elevadas por el Directorio del Sistema.
En términos regulatorios, la actualización de mayo no introduce una diferenciación por tipo de prestación. Esto significa que el incremento se aplica de manera general sobre los aranceles vigentes contemplados en el nomenclador, de acuerdo con lo previsto en el Anexo I de la medida oficial.
Un ajuste acumulado del 15,48% en lo que va de 2026
El aumento de mayo forma parte de una secuencia de actualizaciones que comenzó en febrero. De acuerdo con la información oficial, el Gobierno ya había aplicado incrementos del 5,78% en febrero, 2,90% en marzo y 3,40% en abril. Con la nueva actualización del 2,6%, el incremento acumulado para el año llega al 15,48%.
Esta continuidad de ajustes refleja una decisión administrativa orientada a acompañar la evolución de precios mediante revisiones periódicas. En el sector de discapacidad, los aranceles del nomenclador tienen impacto directo sobre prestadores, instituciones, profesionales y servicios vinculados a la atención integral. Por eso, la actualización mensual se presenta como una herramienta para sostener el funcionamiento operativo del sistema frente al aumento de costos.
La Secretaría Nacional de Discapacidad fundamentó la medida en la necesidad de adecuar los aranceles vigentes. La resolución indica que el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas propuso la modificación del nomenclador conforme a lo acordado en el Acta 432 y en línea con lo estipulado por la Ley 27.793 y su reglamentación.
El antecedente inmediato es la Resolución 41/2026, dictada el 17 de abril, mediante la cual se estableció el aumento del 3,40% para abril. Esa actualización también reconoció el adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en provincias patagónicas, beneficio que ahora se ratifica en la nueva resolución de mayo.
Se mantiene el adicional del 20% para la Patagonia
Uno de los puntos relevantes de la Resolución 517/2026 es la continuidad del adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias de la región patagónica. Esta medida reconoce las particularidades territoriales y los mayores costos operativos asociados a la prestación de servicios en esa zona.
El reconocimiento de este adicional se fundamenta en el artículo 7 bis de la Ley 24.901 y ya había sido incorporado en la actualización anterior. Su ratificación permite mantener una diferenciación territorial dentro del sistema, sin modificar el criterio general del aumento mensual aplicado al nomenclador.
Para los prestadores que operan en la Patagonia, este componente resulta especialmente relevante porque incorpora una variable geográfica al esquema de financiamiento. En zonas con mayores distancias, costos logísticos y condiciones operativas particulares, la sostenibilidad de las prestaciones puede depender no solo del valor base del arancel, sino también de mecanismos complementarios que reconozcan esas condiciones.
La resolución también confirma que el incremento de mayo se aplica sin diferencia por tipo de prestación. Sin embargo, el adicional patagónico se suma sobre el arancel básico cuando corresponde por zona desfavorable, de acuerdo con el marco normativo vigente.
Previsibilidad, continuidad de atención y sostenibilidad del sistema
La actualización oficializada por la Secretaría Nacional de Discapacidad tiene un alcance operativo para el sistema de prestaciones básicas. Al establecer aumentos mensuales vinculados al IPC, el Gobierno busca ordenar la actualización de valores bajo un criterio periódico y verificable, en lugar de aplicar ajustes aislados o discontinuos.
La medida apunta a tres objetivos principales: preservar el valor de los honorarios profesionales, sostener la continuidad de las prestaciones y ofrecer mayor previsibilidad a los actores involucrados. Estos elementos son relevantes para instituciones y profesionales que dependen del nomenclador como referencia económica para la prestación de servicios a personas con discapacidad.
La resolución también se inscribe en un discurso de uso eficiente y sostenible de los recursos. Según la información oficial, el esquema responde a un cambio de paradigma en la gestión, con actualizaciones periódicas que buscan acompañar la evolución de los costos sin alterar la estructura general del sistema.
Para las personas con discapacidad y sus familias, la continuidad de la atención depende de que la red prestadora mantenga capacidad operativa. En ese contexto, la actualización de aranceles no solo tiene un efecto administrativo o financiero, sino que también se conecta con la disponibilidad efectiva de servicios, la calidad de la atención y la permanencia de profesionales e instituciones dentro del sistema.
Consulta y descarga la resolución aquí:
