Impacto del incumplimiento de la UPC – Corte ordena tomar medidas urgentes

El reciente Auto 007 de 2025 emitido por la Corte Constitucional de Colombia es una pieza clave para comprender los desafíos persistentes en la financiación del sistema de salud, particularmente en lo que respecta a la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Este componente es esencial para garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud para todos los ciudadanos, especialmente aquellos más vulnerables. A través de su resolución, la Corte ha subrayado la necesidad urgente de reformas profundas en el sistema de información y en los mecanismos de cálculo que definen la UPC, destacando su impacto directo sobre el bienestar de millones de colombianos.

Deficiencias en el sistema de información

Desde el Auto 411 de 2016, la Corte ha señalado repetidas veces las fallas en el sistema de información del sector salud, que han tenido un impacto negativo en la capacidad del Ministerio de Salud para calcular adecuadamente la UPC. La falta de mecanismos confiables para contrastar la información reportada por las EPS, junto con el uso de frecuencias no confiables y la calidad insuficiente de los datos utilizados, son barreras que impiden una estimación precisa de las necesidades del sistema. Esta situación genera incertidumbre y distorsiona el cálculo de la UPC, provocando su insuficiencia y desajuste.

El impacto directo de estas fallas en el sistema de información es doble. Por un lado, dificulta la asignación de recursos de manera eficiente, lo que podría dar lugar a una asignación inadecuada de fondos para la atención de los pacientes. Por otro, limita la capacidad del sistema de salud para responder de manera oportuna a las crecientes demandas de atención médica, especialmente en situaciones de alta complejidad o enfermedades crónicas.

Rezago en el valor de la UPC

Uno de los aspectos más críticos que la Corte ha subrayado es el rezago en el valor de la UPC desde 2021, lo que ha provocado una brecha importante entre los recursos necesarios para la atención de los beneficiarios y los fondos efectivamente disponibles. Este retraso ha afectado principalmente al régimen subsidiado, en el que la UPC está por debajo de su valor real en relación con el régimen contributivo.

El impacto de esta brecha es significativo. Las EPS del régimen subsidiado, que cubren a la población más vulnerable, se ven obligadas a operar con presupuestos insuficientes, lo que compromete la calidad y la oportunidad de los servicios. El incumplimiento de la orden de equiparar la UPC entre los dos regímenes ha sido una de las causas principales de este desajuste. Esta situación perpetúa la desigualdad en la atención de salud, lo que afecta desproporcionadamente a los colombianos de menores recursos.

Reformas necesarias para la suficiencia de la UPC

Ante la insuficiencia de la UPC, la Corte ha ordenado una serie de medidas para corregir esta situación. La creación de una mesa de trabajo, que reunirá a diversas entidades del sector público y privado, tiene como objetivo revisar y reajustar el valor de la UPC de 2024. Esta mesa incluirá actores clave como el Ministerio de Hacienda, ADRES, la Procuraduría Delegada, Fiscalía, Contraloría, Superintendencia Nacional de Salud, EPS, IPS, y asociaciones de pacientes, lo que permitirá garantizar un enfoque integral y colaborativo en la solución de esta problemática.

Entre los aspectos que deberá abordar estarán como mínimo:

1. El rezago existente en el valor de la UPC a partir del 2021 para efectuar el reajuste de la prima por cada vigencia desde ese periodo, a saber, 2021, 2022 y 2023.
2. El aumento de la siniestralidad y las verdaderas variaciones en las frecuencias de uso.
3. El impacto de las inclusiones de la vigencia inmediatamente anterior a la hora de calcular la UPC de la vigencia siguiente o, en su defecto, durante la vigencia en cuestión al momento de efectuar su reajuste.
4. La definición de las variables y ajustadores de riesgo que deben ser tenidos en cuenta para establecer la UPC.
5. Reajustar el valor de la UPC de 2024 teniendo en cuenta el valor que se haya obtenido para el 2023 y los resultados del análisis de los puntos anteriores.
6. Con la participación de los miembros de la mesa, establecer los lineamientos o criterios a partir de los cuales se podrán realizar los ajustes ex post, la forma cómo se reconocerá a las EPS el reajuste de la UPC de 2024, e indicar los porcentajes y fechas máximas de pago.

El impacto de estas medidas será decisivo para asegurar que el sistema de salud colombiano cuente con los recursos necesarios para prestar servicios de calidad a toda la población.

Posibles medidas para cumplir las ordenes en el tiempo determinado

Los recortes presupuestales son una medida inevitable para cumplir con los marcos fiscales de mediano plazo, y el gobierno debe actuar con estrategias que prioricen la eficiencia del gasto público. Una opción es reducir el gasto no prioritario, optimizando recursos dentro del sistema de salud, educación e infraestructura. También se podría mejorar la recaudación fiscal mediante un sistema tributario más eficiente, además de implementar reformas en el sistema de pensiones y seguridad social para asegurar la sostenibilidad a largo plazo.

Otro enfoque sería priorizar las inversiones productivas, asegurando que los fondos se destinen a proyectos que generen crecimiento económico y empleo. Invertir en infraestructura, tecnología y energías renovables puede traer beneficios a largo plazo, lo que aliviaría la presión sobre el presupuesto. Asimismo, los subsidios públicos podrían ser redirigidos de manera más eficiente, apuntando a los sectores más vulnerables para maximizar el impacto.

Finalmente, la colaboración público-privada puede ser una vía importante para enfrentar los desafíos fiscales sin recurrir a más recortes. Asociaciones con el sector privado permitirían financiar proyectos clave sin comprometer el presupuesto estatal. Además, un ajuste a la deuda pública podría liberar recursos significativos, permitiendo una gestión fiscal más flexible. La clave está en equilibrar austeridad y crecimiento económico para cumplir con los objetivos a mediano plazo.

La necesidad de un sistema de información confiable y transparente

Un componente clave de las reformas propuestas por la Corte es la mejora del sistema de información del sector salud. La creación de una herramienta para contrastar los datos de las EPS con fuentes externas permitirá garantizar la veracidad y transparencia de la información utilizada para calcular la UPC. Además, la implementación de un sistema de seguimiento periódico permitirá asegurar que los ajustes y reajustes se realicen de manera efectiva y en tiempo real, garantizando la suficiencia de la UPC para los próximos años.

El impacto de una mayor transparencia y confiabilidad en la información será amplio. No solo permitirá mejorar la precisión de los cálculos de la UPC, sino que también fortalecerá la confianza en el sistema de salud, tanto en los ciudadanos como en los actores del sector. Además, con un sistema de información más eficiente, se podrán identificar de manera más temprana posibles desajustes o problemas en la asignación de recursos, lo que permitirá tomar acciones correctivas rápidamente.

El Ministerio también se debe comprometer a remitir los informes periódicos que detallen las medidas adoptadas y los resultados obtenidos, incluyendo la calidad de la información y la metodología utilizada en el proceso. Además, se implementará un mecanismo de ajuste ex post para cada vigencia de la UPC, con seguimiento y ajustes periódicos basados en estudios técnicos. Este proceso será acompañado de la creación de herramientas para contrastar la información de las EPS con otras fuentes, lo que asegurará la transparencia y fiabilidad del sistema de estimación de la UPC, en cumplimiento de las normativas establecidas por la Sentencia T-760 de 2008.

Compromiso gubernamental y la colaboración sectorial

La Corte ha sido clara al señalar que la solución a la insuficiencia de la UPC no depende únicamente del Ministerio de Salud, sino de un esfuerzo conjunto entre diversas entidades gubernamentales y del sector privado. La responsabilidad de coordinar las acciones recae en el Ministerio de Salud, que deberá garantizar el funcionamiento de la mesa de trabajo, convocar reuniones periódicas y asegurar la implementación de las reformas necesarias.

La Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación han sido ordenadas a iniciar investigaciones para detectar posibles irregularidades en el uso de los recursos de la UPC en el sistema de salud, conforme a las directrices establecidas. Estas entidades deberán presentar informes semestrales con los resultados obtenidos. En un plazo de 15 días, también deberán informar sobre la conformación de equipos de trabajo destinados a identificar y abordar los malos manejos relacionados con la UPC, así como sobre los avances de las mesas de trabajo dedicadas al análisis de denuncias sobre los cálculos de la UPC.

Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda deberá garantizar los recursos necesarios para cumplir con los mandatos establecidos en la Sentencia T-760 de 2008. Los informes semestrales remitidos por las entidades responsables deben seguir una estructura coherente y ofrecer cifras claras que permitan la comparación entre períodos, con el fin de cumplir con lo ordenado en la providencia y las sentencias anteriores. La Secretaría General será responsable de enviar las comunicaciones pertinentes para garantizar que las medidas se implementen correctamente.

El impacto de este enfoque colaborativo será clave para superar las barreras estructurales que han afectado la suficiencia de la UPC. Solo a través de la cooperación entre el gobierno, las EPS, las IPS, los pacientes y los sectores académicos se podrá lograr una reforma sostenible que asegure la financiación adecuada del sistema de salud en el futuro.

Descargue aquí el Auto 007 de 23 de enero de 2025: