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37 hospitales públicos de Antioquia suspenden servicios no urgentes a los afiliados de la Nueva EPS

37 hospitales públicos de Antioquia suspenden servicios no urgentes a los afiliados de la Nueva EPS

La crisis financiera que atraviesa la Nueva EPS ha alcanzado un punto crítico en el departamento de Antioquia. La Asociación de Empresas Sociales del Estado (AESA) anunció que 37 hospitales públicos suspenderán desde el 17 de diciembre la prestación de servicios de salud no urgentes a los afiliados de la aseguradora. La medida responde a la falta de pago por parte de la Nueva EPS, lo que impide a las instituciones cumplir con obligaciones laborales y operativas en plena temporada de cierre de año.

Servicios suspendidos y municipios afectados

Luis Hernán Sánchez Montoya, director de AESA Antioquia, informó que la deuda acumulada asciende a 170.000 millones de pesos y que, ante el impago, los hospitales no tienen recursos suficientes para cubrir el pago de salarios y primas de Navidad de su personal, ni para cumplir con los proveedores.

“Hacemos un llamado a la Nueva EPS para que se ponga al día con el pago del mes de diciembre a estos 37 hospitales y se puedan normalizar los servicios de salud a los usuarios. De lo contrario, se mantendrá el cierre de servicios”, manifestó Sánchez Montoya.

Entre los servicios afectados se encuentran la consulta médica general y especializada, odontología, laboratorio clínico, entrega de medicamentos y atenciones electivas no urgentes.

Los hospitales que han decidido sumarse a la suspensión de servicios pertenecen a municipios clave de Antioquia, entre ellos Medellín, Sabaneta, Bello, Girardota, Caucasia e Itagüí, ubicados en la subregión del Valle de Aburrá, la zona más poblada del departamento.

También se incluyen localidades de difícil acceso como Vigía del Fuerte, Murindó y Yalí. Entre estos están: Angostura, Anzá, Bello, Betulia, Briceño, Caicedo, Campamento, Caramanta, Carolina del Príncipe, Caucasia, Don Matías, Ebéjico, El Bagre, Girardota, Heliconia, Hispania, Itagüí, Jericó, La Unión, Maceo, Medellín, Montebello, Murindó, Nechí, Peque, Sabanalarga, Sabaneta, San Andrés de Cuerquia, San Francisco, Uramita, Valdivia, Valparaíso, Vigía del Fuerte y Yalí.

En el departamento viven cerca de 2 millones de personas que están afiliadas a esta EPS, donde cerca del 80% hacen parte del régimen contributivo.

Crisis financiera de la Nueva EPS tras intervención

La Nueva EPS, con 10,8 millones de afiliados en todo el país, fue intervenida por el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Salud en abril de 2024 debido a sus dificultades financieras y administrativas. Desde entonces, los problemas de la aseguradora no solo persisten, sino que se han agravado.

Un informe revelado recientemente por el congresista Andrés Forero, del partido Centro Democrático, evidenció que la deuda de la Nueva EPS superior a 180 días (más de seis meses) pasó de $89.016 millones en marzo de 2024 a $935.780 millones en octubre del mismo año, lo que representa un incremento del 951% en apenas siete meses. La cartera total a seis meses pasó de $139.557 millones a $813.302 millones, un aumento del 482% en el mismo periodo.

Estas cifras reflejan la complejidad del panorama financiero de la Nueva EPS, que ha visto crecer exponencialmente sus deudas mientras enfrenta dificultades para responder a las obligaciones con prestadores de servicios y actores del sistema de salud.

Reacciones del sector y medidas urgentes

La suspensión de servicios por parte de los hospitales públicos de Antioquia ocurre una semana después de que la Gobernación de Antioquia anunciara un giro de 72.000 millones de pesos a la red hospitalaria del departamento para cubrir obligaciones de final de año. Sin embargo, esta inyección de recursos resultó insuficiente para compensar las deudas de la Nueva EPS con las instituciones afectadas.

El gremio hospitalario ha sido enfático en que la situación no solo impacta la sostenibilidad financiera de los hospitales públicos, sino que también pone en riesgo el acceso a los servicios de salud para miles de usuarios de la Nueva EPS en el departamento.

Además, expertos en el sector salud coinciden en que el problema financiero estructural del sistema colombiano es una de las causas principales de esta crisis. Mientras la población afiliada crece de forma constante, los recursos y la infraestructura para atender las necesidades de los usuarios no se amplían al mismo ritmo, lo que ha generado un desequilibrio insostenible.

Acuerdo temporal con Audifarma: un alivio parcial

Otro actor clave en esta crisis ha sido Audifarma, el gestor farmacéutico encargado de dispensar medicamentos a los afiliados de la Nueva EPS. Recientemente, la empresa había anunciado la terminación de su contrato con la aseguradora debido a una deuda superior a 600.000 millones de pesos. Sin embargo, el servicio fue restablecido este lunes tras alcanzar un acuerdo temporal con la entidad.

A pesar de este avance, la situación financiera de la Nueva EPS sigue siendo crítica, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de otros servicios esenciales y la estabilidad de sus operaciones en el corto y mediano plazo.

Impacto en el sistema de salud y llamados al Gobierno

La intervención de la Nueva EPS y de otras aseguradoras como Sanitas, Famisanar y Coosalud, entre otras, pone en evidencia la fragilidad del sistema de salud colombiano y la necesidad urgente de implementar soluciones estructurales. El director de AESA destacó la falta de claridad sobre el manejo de los recursos y pidió al Gobierno priorizar acciones para garantizar la sostenibilidad financiera de las EPS intervenidas.

“Esta crisis no solo afecta a los hospitales, sino a los usuarios, a quienes se les está negando el derecho a la salud. Necesitamos soluciones estructurales que permitan fortalecer el sistema y asegurar la prestación de servicios con calidad y continuidad”, puntualizó Sánchez Montoya.

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