La Superintendencia Nacional de Salud tomó posesión y ordenó la intervención forzosa administrativa inmediata del Hospital Rosario Pumarejo de López en Valledupar tras evidenciar el incumplimiento en el plan de mejoramiento que se había establecido previamente. El centro asistencial acumuló 72 deficiencias en sus indicadores administrativos, asistenciales, jurídicos y financieros.
El Superintendente Nacional de Salud afirmó que la situación en el hospital es tan crítica que pone en riesgo la prestación del servicio de salud a los usuarios del territorio. La medida contempla, entre otras acciones, la separación de la Gerencia y de los miembros de la Junta Directiva del hospital, y desde ahora en representación legal se designa a Duver Vargas Rojas, quien actuará como agente especial interventor y desarrollará un estricto plan de acción que permita asegurar la prestación del servicio de salud a los usuarios y subsanar las deficiencias halladas.
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Mediante la resolución 20224200000000426 del 14 de enero de 2022 se ordena la intervención forzosa para administrar por un año, debido a las fallas en infraestructura, dotación, mantenimiento, medicamentos, dispositivos médicos e insumos, historia clínica, procesos prioritarios e interdependencia de servicios, lo cual impacta negativamente en la prestación del servicio.
Algunas de las detonantes de esta medida son las prácticas indebidas en las que venía incurriendo el Hospital Rosario Pumarejo, como el inadecuado funcionamiento de los equipos biomédicos, la falta de seguridad para la atención del paciente y el incumplimiento en el proceso de esterilización.
También se identificó el incumplimiento de las disposiciones que regulan el flujo de recursos y de los bienes públicos que administra, al igual que se detectó una inadecuada gestión en asuntos como un posible detrimento patrimonial por medicamentos vencidos o mal almacenados, inventarios y diferencias entre las cuentas por pagar reportadas en el Sistema de Información Hospitalaria (SIHO).
Crisis financiera en el Hospital Rosario Pumarejo de López
A mediados del 2021 el superintendente de salud planteó a las autoridades departamentales la alternativa de que el hospital se acogiera a un acuerdo de reestructuración de pasivos, para mejorar la situación financiera por la que atravesaba. Posteriormente, en noviembre el hospital envío a la Supersalud la solicitud de reestructuración de pasivos, pero no cumplió con los criterios establecidos.
De los 11 requisitos establecidos para la presentación de esta solicitud, el hospital solo cumplió con dos, por lo que la Superintendencia hizo requerimientos para que se enmendara o se diera alcance a la información reportada en la propuesta, pero no se recibió ninguna respuesta dentro del plazo establecido, razón por la cual se decidió rechazar la solicitud de reestructuración de pasivos. La SNS asegura que la propuesta no sustentaba la mejora del hospital en el corto, mediano y largo plazo, ya que planteaba un escenario en el que los ingresos y recaudos no alcanzaban a cubrir el costo de la operación.
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Inclusive el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud ha destinado recursos por 37 mil millones de pesos para que el hospital mejorara en aspectos como la dotación y la infraestructura, además de ser beneficiado con giros por disponibilidad de camas UCI y pago por atención al migrante.
Los estados financieros de la entidad dan cuenta de los problemas que hay en el centro asistencial, por ejemplo, cerca de $60.000 millones en pérdidas, déficit presupuestal de $36.135 millones y una cartera de $104.357 millones de pesos a junio.
Específicamente, el monitoreo constante y las auditorías hechas por la Superintendencia a los indicadores de la institución hospitalaria muestran que el Rosario Pumarejo de López no ha corregido la totalidad de los 96 hallazgos detectados en agosto de 2020, entre ellos:
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- Facturó servicios sobre los cuales no justificó o soportó su cobro, tales como medicamentos o materiales que no fueron administrados y/o aplicados a los pacientes, posteriormente retornados a la farmacia, para ser facturados nuevamente.
- Respecto a las obligaciones laborales, con corte a junio de 2021, mostraba un rezago de pagos acumulado de varios meses, lo que provocaba ceses de actividades y desmotivación generalizada entre personal de la salud.
- La información reportada presenta diferencias entre las cuentas por pagar reportadas en SIHO, los estados financieros certificados, lo entregado al equipo auditor y lo reportado por las Empresas Responsables de Pago (ERP).
- Se evidenció desabastecimiento de medicamentos, dispositivos médicos e insumos medico quirúrgicos y reúso de dispositivos médicos que no lo permiten.
Finalmente, la Supersalud señala que actualmente hay un proceso de investigación en curso contra la exrepresentante legal del hospital, Jakeline Henríquez Hernández, quien estuvo en frente del hospital desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021.
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