El archivo de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado recibió el respaldo explícito de un grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de Salud y Protección Social, quienes advirtieron que la iniciativa legislativa carecía de sustento técnico y fiscal y no respondía a la crisis real que enfrenta el sistema de salud colombiano. En un pronunciamiento público, los exfuncionarios alertaron sobre un deterioro acelerado del acceso a los servicios, el desabastecimiento de medicamentos, la interrupción de tratamientos de alto costo y un aumento histórico de acciones de tutela y PQRS, configurando según señalaron una crisis con impactos humanitarios directos para los pacientes.
Archivo del proyecto: una decisión con implicaciones estructurales
El grupo de exministros calificó el archivo del Proyecto de Ley 410 de 2025 como una decisión de responsabilidad institucional frente a los usuarios, los trabajadores de la salud y la sostenibilidad del sistema. En su comunicado, señalaron que la reforma pretendía introducir cambios estructurales sin resolver los problemas centrales del modelo vigente y que, por el contrario, incorporaba riesgos adicionales en materia de aseguramiento, gestión del riesgo y flujo de recursos.
Desde su análisis, la decisión adoptada por el Senado no implica renunciar a la necesidad de ajustes al sistema de salud, sino abrir un espacio para la construcción de una agenda de reformas técnicas, graduales y sustentadas en la evidencia, que partan del reconocimiento de las capacidades institucionales existentes.
Debilitamiento del aseguramiento y riesgos operativos
Uno de los principales cuestionamientos al proyecto archivado se relaciona con el debilitamiento de los mecanismos de aseguramiento y de gestión integral del riesgo en salud. Los exministros advirtieron que la iniciativa no demostraba cómo se garantizaría la continuidad ni la oportunidad en la atención de los pacientes, en un contexto marcado por crecientes barreras de acceso.
El comunicado señala además que la reforma concentraba funciones operativas y financieras en el Estado sin evidencia suficiente de capacidad institucional para asumirlas, lo que habría generado mayor incertidumbre sobre el flujo de recursos, el pago oportuno a los prestadores y el acceso efectivo a medicamentos y tecnologías en salud.
Sin aval fiscal ni estimación creíble de costos
Otro de los ejes centrales del pronunciamiento es la ausencia total de aval fiscal del Proyecto de Ley 410 de 2025. Según los exministros, el proyecto nunca presentó una estimación técnica y creíble de sus costos ni identificó fuentes de financiación suficientes, permanentes y sostenibles para respaldar las nuevas funciones, estructuras y responsabilidades que se pretendían crear.
Esta omisión es señalada como un incumplimiento de un requisito básico para cualquier reforma estructural del sistema de salud y como un factor que habría profundizado la crisis de liquidez que ya afecta al sector.
La crisis del sistema y su impacto directo en los pacientes
Más allá del debate legislativo, los exministros subrayaron que la crisis del sistema de salud tiene un impacto directo y tangible en los usuarios. El comunicado describe una situación caracterizada por desabastecimiento de medicamentos, suspensión de tratamientos para enfermedades huérfanas y de alto costo, cierre de servicios y deterioro progresivo de la red hospitalaria.
A este escenario se suma un aumento histórico de peticiones, quejas, reclamos y acciones de tutela, lo que según los firmantes evidencia barreras crecientes en el acceso a los servicios y una pérdida sostenida de confianza de los ciudadanos en el sistema de salud.
Corte Constitucional: de las advertencias a las órdenes
El pronunciamiento también destaca el rol de la Corte Constitucional, que habría pasado de emitir advertencias a impartir órdenes directas al Gobierno Nacional en relación con la financiación suficiente del sistema de salud. Los exministros hacen referencia al Auto 2049, publicado la semana previa al comunicado, mediante el cual la Corte ordena el cumplimiento riguroso de mandatos que habrían sido previamente desacatados.
Adicionalmente, se menciona la negativa de la Corte a conceder una prórroga solicitada por el Ministerio de Salud, lo que refuerza según el comunicado la urgencia de atender las obligaciones financieras del sistema sin más dilaciones.
Intervenciones administrativas y deterioro del acceso
El documento también cuestiona el impacto de las intervenciones administrativas realizadas a algunas Entidades Promotoras de Salud, en particular la Nueva EPS. Los exministros advirtieron que estas actuaciones han coincidido con mayores demoras en la atención, desabastecimiento de medicamentos y cierre de servicios, contribuyendo al deterioro de la red hospitalaria y al aumento sostenido de reclamaciones por parte de los usuarios.
Desde su perspectiva, estas decisiones han profundizado la crisis operativa del sistema, en lugar de contribuir a su estabilización.
Definiciones urgentes sobre UPC y presupuestos máximos para 2026
De cara a 2026, el comunicado plantea la necesidad de que las definiciones sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación de los presupuestos máximos se adopten con estricto apego a la metodología establecida y al rigor técnico. Los exministros advirtieron que no puede haber más dilaciones ni el uso de información parcial o sesgada para justificar decisiones unilaterales que comprometan la suficiencia financiera del sistema.
Estas definiciones son presentadas como determinantes para garantizar la operación del sistema y la continuidad de la atención a los pacientes.
El debate sobre la reforma se traslada a la financiación y la respuesta inmediata del sistema
El respaldo de los exministros al archivo del Proyecto de Ley 410 de 2025 concentra ahora la atención en la capacidad del Gobierno Nacional para responder de manera inmediata a la crisis del sistema de salud, particularmente en el desabastecimiento de medicamentos, la continuidad de tratamientos y el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional. Tras la decisión del Senado, las medidas que se adopten en el corto plazo sobre financiación, UPC y presupuestos máximos serán determinantes para estabilizar el flujo de recursos y evitar un mayor deterioro en el acceso efectivo a los servicios de salud.
Encuentre aquí el pronunciamiento oficial
