Ante la coyuntura crítica y el deterioro del sistema de salud en Colombia, un grupo interdisciplinario compuesto por exministros, exviceministros, académicos, expertos en políticas públicas y defensores del derecho a la salud ha emitido un pronunciamiento contundente. El documento analiza con rigurosidad las fallas acumuladas en la gestión gubernamental del sistema, advierte sobre las consecuencias de decisiones normativas improvisadas y alerta sobre la amenaza de una reforma estatizante promovida sin respaldo legal, fiscal ni técnico.
El pronunciamiento hace un llamado directo a las instituciones del Estado, incluyendo la Corte Constitucional, el Congreso de la República y el propio Gobierno Nacional, para que detengan el rumbo actual de improvisación y regresividad que amenaza con desmantelar los avances logrados en las últimas décadas en materia de acceso, protección financiera y continuidad del cuidado.
Evidencias del deterioro del sistema de salud: barreras de acceso, tutelas y gasto de bolsillo
Los expertos sostienen que, durante los últimos tres años, el sistema de salud ha enfrentado un deterioro sostenido que se manifiesta en múltiples indicadores: incremento de tutelas por acceso a servicios, aumento de quejas y reclamos, mayor gasto de bolsillo en salud por parte de los hogares y crecimiento de la demanda por seguros privados como alternativa.
Estos síntomas, afirman, son expresión de una crisis estructural de gobernabilidad, financiación y legitimidad institucional. “Los usuarios y pacientes están pagando el costo de decisiones ideologizadas, improvisadas y sin evidencia técnica”, sostiene el documento.
El modelo FOMAG: un ejemplo fallido para escalar nacionalmente
Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento se refiere al modelo de atención del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), utilizado por el Gobierno como referente de su propuesta de transformación del SGSSS. El grupo de expertos descalifica esta propuesta, argumentando que el modelo ha mostrado resultados negativos, con evidencia documentada de barreras de acceso, desorganización operativa y desprotección a maestros y maestras.
“El FOMAG no puede ser replicado como modelo nacional cuando ni siquiera ha demostrado eficacia en su propio entorno”, afirman los firmantes, al tiempo que advierten que cualquier transformación del sistema debe estar sustentada en evidencia y resultados.
Normas sin ley, decretos sin legitimidad
El pronunciamiento denuncia la expedición de decretos que transforman de facto el modelo de aseguramiento sin el respaldo legal requerido. Estas disposiciones vulneran la Ley 100 de 1993, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1438 de 2011 y la Ley Estatutaria de Salud.
Particularmente, advierten que el proyecto de decreto más reciente promovido por el Ministerio de Salud busca reestructurar el sistema de salud por vía reglamentaria, sin un modelo técnico, ni respaldo fiscal, ni planificación operativa real. Esto, indican, compromete la estabilidad del sistema y viola principios constitucionales de progresividad en el goce efectivo del derecho a la salud.
Consulta popular: una estrategia política, no una solución estructural
También rechazan de forma enfática la inclusión del sistema de salud en una eventual consulta popular, considerando que dicha estrategia responde a una lógica electoral y no a una solución técnica de la crisis. “Las preguntas formuladas en la propuesta de consulta son emocionalmente polarizantes, técnicamente vacías y jurídicamente inviables”, subraya el pronunciamiento.
Asimismo, advierten que la consulta no plantea una ruta de solución al desfinanciamiento del sistema ni a las dificultades de acceso que enfrentan hoy millones de ciudadanos. Por el contrario, se percibe como una maniobra para justificar un cambio abrupto de modelo, sin consensos ni evaluación de impactos.
Cinco advertencias clave del grupo técnico
El documento enumera cinco advertencias fundamentales sobre la actual coyuntura:
- Crisis de gobernabilidad, financiación y legitimidad: el sistema está colapsando institucionalmente sin que se propongan soluciones estructurales reales.
- Decisiones ideologizadas: los usuarios están asumiendo los costos de políticas improvisadas y regresivas.
- Desmonte sin reemplazo: se están desmantelando capacidades técnicas sin construir nuevas estructuras funcionales.
- Flujo financiero bloqueado: toda la cadena de valor del sistema está afectada por la iliquidez y la pérdida de confianza.
- Imposición de un modelo estatizado: el Gobierno intenta imponer un sistema centralista que ha demostrado ineficiencias en su aplicación parcial (caso FOMAG).
Llamado institucional y propuesta de reforma progresiva
En su declaración final, los firmantes reiteran la necesidad de una reforma verdadera: progresiva, técnica, fiscalmente sostenible y democráticamente tramitada. Hacen un llamado urgente al Senado de la República, especialmente a la Comisión Séptima, para que considere las recomendaciones del sector salud, la academia y los ciudadanos antes de aprobar cualquier articulado que profundice la crisis.
También solicitan a las altas Cortes que mantengan la vigilancia activa sobre el cumplimiento de las obligaciones del Ejecutivo en materia de financiación y garantía del derecho a la salud.
Una advertencia seria y una apuesta por la sostenibilidad
“Colombia no necesita una ruptura improvisada, sino un progreso sensato”, concluye el pronunciamiento. Los exministros y expertos insisten en que es posible una reforma que respete los logros alcanzados, mejore el acceso y fortalezca el sistema sin destruirlo. Una reforma centrada en las personas, construida con evidencia y consenso, y no desde la confrontación política.
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