En un paso trascendental para la atención infantil, los ministerios de Sanidad y Derechos Sociales han alcanzado un acuerdo con los gobiernos autonómicos para fortalecer la atención temprana en España. Se trata del primer consenso estatal que establece un marco de calidad común, garantizando intervenciones rápidas, gratuitas y equitativas para niños y niñas de 0 a 6 años.
El documento, aprobado en una conferencia multisectorial tiene como objetivo que los menores con necesidades de atención temprana reciban una intervención en un máximo de 45 días tras la detección del caso. Este plazo sigue la referencia establecida por la Garantía Infantil Europea (GIE), una recomendación del Consejo de la Unión Europea aprobada en 2021, que busca asegurar una respuesta eficaz en la etapa crucial del desarrollo infantil.
España: impacto de la atención temprana y la urgencia de reducir tiempos de espera
Los primeros años de vida son fundamentales en el desarrollo cognitivo, emocional y social. La evidencia científica ha demostrado que una intervención precoz previene discapacidades, mejora la calidad de vida y fomenta la inclusión social de los menores. No obstante, la falta de un sistema público accesible y eficiente puede comprometer gravemente sus oportunidades de desarrollo.
En este sentido, los ministerios de Sanidad y Derechos Sociales han alertado sobre las consecuencias de los retrasos en la atención, que pueden derivar en dificultades cognitivas, problemas de salud y exclusión social. Además, la carencia de un sistema eficaz obliga a muchas familias a asumir elevados costos económicos y cargas emocionales, incrementando la desigualdad en el acceso a los servicios de salud.
Estructuración del acuerdo: medidas clave
El acuerdo no solo busca reducir los tiempos de espera, sino que también contempla la creación de una Red de Atención Temprana en todas las comunidades autónomas. Para ello, se establece la necesidad de una normativa específica que regule el sector, garantizando la coordinación entre servicios sanitarios, educativos y sociales.
Entre las medidas incluidas en el acuerdo destacan:
- Valoración e intervención integral adaptada a las necesidades individuales de cada menor y su familia.
- Actuación en entornos naturales como el hogar y la comunidad, promoviendo un enfoque biopsicosocial.
- Coordinación interadministrativa para agilizar los procesos y evitar duplicidades.
- Dotación de personal estable y cualificado, con formación continua.
- Optimización de sistemas de información para garantizar un seguimiento adecuado de cada caso.
Además, se ha destinado un presupuesto de casi 42 millones de euros (41.874.524,17€), que será distribuido entre los gobiernos autonómicos a través del Fondo Social Europeo Plus. El objetivo es asegurar un acceso equitativo a la atención temprana, sin importar el lugar de residencia o la condición socioeconómica de la familia.
Líneas estratégicas y estándares de calidad
El acuerdo establece nueve líneas de acción con 36 estándares de calidad, entre los que se incluyen:
- Planificación y financiación de la atención temprana.
- Mejora de la calidad de los servicios.
- Coordinación entre administraciones públicas.
- Participación activa de las familias.
- Prevención primaria y detección precoz.
- Acceso equitativo y reducción de tiempos de espera.
- Intervención integral basada en las necesidades individuales.
- Formación y estabilidad del personal sanitario y social.
- Modernización de los sistemas de información y seguimiento.
Cada comunidad autónoma deberá implementar estas medidas en su territorio, asegurando un desarrollo homogéneo de la red de atención temprana en todo el país.
Elaboración del documento y seguimiento de su aplicación
El acuerdo ha sido fruto del trabajo del Grupo Técnico de Atención Temprana, con la participación activa de comunidades autónomas, ciudades autónomas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en infancia y discapacidad. Además, ha contado con la coordinación de los ministerios de Sanidad, Derechos Sociales, Educación y Juventud e Infancia.
La hoja de ruta aprobada está alineada con los compromisos establecidos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y en el Consejo de Servicios Sociales, donde se definió una estrategia de mejora para la atención temprana en España.
El plazo para la plena implementación de las medidas será el año 2030, coincidiendo con la finalización del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030). Durante este período, se realizarán evaluaciones bienales para medir los avances y, en 2030, se llevará a cabo una evaluación final del impacto del programa.
De esta manera, el acuerdo representa un avance significativo en la construcción de un sistema de atención temprana universal, público, equitativo y de calidad. Garantizar que todos los niños y niñas reciban la intervención adecuada en el momento oportuno es clave para su desarrollo y bienestar, así como para la reducción de desigualdades en el acceso a la salud y la educación.
