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Covid 19, Patentes, Propiedad Intelectual y acceso a medicamentos

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Claudia Patricia Vacca Gonzalez DIME

Consultorsalud aborda un indispensable pero espinoso tema, que será muy rápidamente el centro del debate mundial con relación al manejo terapéutico de la pandemia del Covid 19, cuando se ubiquen medicamentos con buen perfil de curación, reducción de complicaciones o aumento de la sobrevida, y estos puedan estar revestidos de protección de patentes o de secretos industriales, o comercializados a precios imposibles de abordar con la magnitud que el planeta ahora requiere.

Es un momento histórico para la humanidad en donde nuevamente chocarán los intereses empresariales, con el bienestar general, y en donde debería imperar la cordura, el diálogo, el sentido común y la solidaridad, destacando los retos particulares de los gobiernos ahora empobrecidos, y el espíritu innovador y las inversiones billonarias que en investigación acelerada compromete la industria farmacéutica internacional.

Este documento que expone hoy CONSULTORSALUD entonces resulta imperdible, como una guía anticipatoria de los que tendremos que afrontar en las próximas semanas.

Se trata de un análisis ejecutivo ampliable a otros documentos técnicos, que se titula “Recomendaciones al país sobre propiedad intelectual en momentos de pandemia”, elaborado por DIME, a quien agradecemos el haberlo compartido.

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que es, y quienes son “DIME”

Hoy queremos revisar un documento producido por DIME, que se autodefine como ” Somos un Bien Público Regional, conformado por ocho (8) países de América Latina. Promovemos la gestión inteligente de medicamentos de alto impacto financiero con el fin de mejorar el acceso, la equidad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos de salud. Buscamos consolidarnos como una herramienta que responda a las necesidades de información de los tomadores de decisiones en salud, mediante la disposición de información validada, comparada e independiente sobre precios, cobertura, competencia, uso racional y evaluación de tecnologías sanitarias (ETES) de medicamentos de alto impacto financiero”.

La Doctora Claudia Patrica Vacca es actualmente la Directora Técnica de DIME.

ANTECEDENTES DE DIME

DIME nació en 2013 (Fase I) como una iniciativa de ColombiaEcuador y México para resolver las necesidades de información comparada de fácil acceso y de alta calidad en los procesos de decisión de financiación pública de medicamentos.

En su Fase I, DIME permitió compartir información comparada de cobertura, precios y competencia sobre 20 medicamentos, en países de ingresos altos y medios.

La evaluación de la evidencia clínica del uso de los 38 medicamentos se realizó mediante un método validado por los países a través de consenso: el core-model de evaluación de tecnologías sanitarias regional. Este core-model es un bien público regional, que permite a los países usar las evaluaciones para sus decisiones, sin necesidad de duplicar el proceso, dado su alto grado de transferibilidad.

En 2015 DIME extendió su cobertura regional (Fase II) hacia los gobiernos de Chile, Costa Rica, El Salvador, Perú y República Dominicana. El propósito de esta segunda fase es ampliar el número de medicamentos analizados y fortalecer los mecanismos de colaboración e interacción para mejorar la eficiencia de las políticas farmacéuticas de cada país, con un enfoque de gestión del conocimiento.

DIME es un proyecto que, durante sus Fases I y II, ha sido financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID y ejecutado por la Fundación IFARMA.

RECOMENDACIONES AL PAIS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN MOMENTOS DE PANDEMIA

Este documento viene acompañado de los logos del CODS (Centro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible para América Latina), el Centro de Pensamientos, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia, y DIME.

Un medicamento antirretroviral que se usa para tratar el VIH/SIDA (lopinavir/ritonavir) es un candidato prometedor para el tratamiento del COVID-19 aún tiene patentes vigentes en muchos países, incluido Colombia. Es comercializado bajo la marca Kaletra® por el laboratorio estadounidense AbbVie. Kaletra® fue objeto de una campaña mundial de activismo para presionar a Abbvie y a los gobiernos a que permitieran la producción y comercialización versiones genéricas de más baratas (esta medida se llama licencia obligatoria). En Colombia el proceso terminó en un control de precios, pero no en la expedición de una licencia obligatoria.

Otro medicamento, el remdesivir, del laboratorio Gilead está también siendo estudiado para para el COVID-19. Es un medicamento nuevo. En Colombia ya han sido otorgadas patentes que lo protegen y otras están en proceso de ser concedidas.

Otros insumos y dispositivos médicos indispensables para la atención de las complicaciones de la epidemia pueden están protegidos por patentes, modelos de utilidad y datos de prueba.

También hay secretos industriales que limitan el la producción de copias y, por lo tanto su rápida reproducción y disponibilidad.

El movimiento global por el acceso a medicamentos sostiene que los medicamentos son bienes meritorios que no deben estar sujetos a las reglas de mercado como cualquier otro bien. Algunas voces abogan por la necesidad de que los medicamentos sean bienes públicos. En el contexto actual de pandemia por COVID-19 esta solicitud resulta más que evidente y es más fácil comunicar la idea. Hoy más que nunca, es evidente la necesidad de que el conocimiento y la innovación circulen libremente.

Algunos países ya tomaron medidas para remover las barreras de propiedad intelectual que protegen a las tecnologías sanitarias patentadas, necesarias para enfrentar la pandemia, de manera que puedan usarse libremente y sin restricciones.

En el sitio web http://www.plebio.unal.edu.co/ se ha compilado la información sobre este tema y se continuará actualizando en el sitio DIME COVID-19 http://www.proyectodime.info/informacion-regional/informacion-seleccionada-sobre-covid-19/informacion-de-mercado-patentes-precios-y-otros-asuntos/.

Una síntesis y sistematización de esas medidas, así como una explicación más amplia sobre el contexto y los conceptos de propiedad intelectual requeridos para comprender mejor el asunto, se encuentran en una versión más larga de este documento publicada en DIME COVID-19.

El Centro de Pensamiento Medicamentos Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia y el Centro ODS de la Universidad de Los Andes, hacemos las siguientes recomendaciones a Colombia:

Sumarse a la iniciativa del Presidente de Costa Rica

El Presidente de Costa Rica envió una carta al Director de la OMS en la que solicitan varias medidas que se permita el acceso y uso de la propiedad intelectual que protege las tecnologías para detectar, prevenir, controlar y tratar la pandemia por COVID-19.
El Director General de la OMS se pronunció favorablemente sobre la solicitud y anunció que acoge las sugerencias. Sería deseable que Colombia hiciera un pronunciamiento formal sumándose a la iniciativa y que participe activamente en las actividades y discusiones que tengan lugar y, sobre todo, coopere proporcionando la información que requerirá la OMS.

Suspender los efectos de las patentes y otras figuras de propiedad intelectual

En los decretos que se expidan en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia, el gobierno puede decretar la suspensión temporal de los derechos de exclusividad (es decir monopolios) que otorgan las patentes, los datos de prueba y los modelos de utilidad, de manera que cualquier empresa o persona pueda reproducir las tecnologías protegidas por esas figuras y utilizar la información, sin que ello signifique ninguna infracción.

Varios países contemplan el uso de licencias obligatorias. Colombia tiene una larga experiencia con las licencias obligatorias, pero no ha concedido ninguna. Desde hace más de 10 años, Colombia siempre ha tenido abierto algún proceso para otorgar licencias obligatorias. Primero para Kaletra®, luego para Glivec® (imatinib) y actualmente para los antivirales de acción directa que curan la hepatitis C. Esto permite concluir que el proceso es largo, y dispendioso. Incluso si se hiciera un proceso ad hoc en el marco del Estado de Excepción, no estará a la altura de la respuesta expedita y urgente que se requiere para hacer frente a la emergencia sanitaria. Las licencias obligatorias forman parte de la normatividad de patentes y fueron concebidas para ser utilizadas en estado de normalidad. A no ser que sean automáticas, la manera más práctica y expedita es suspender los efectos de la propiedad intelectual en vez hacer licencias obligatorias.

En el Decreto 476 del 2020 “Por el cual se dictan medidas tendientes a garantizar la prevención, diagnóstico y tratamiento del Covid-19 y se dictan otras disposiciones, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” el gobierno, en el artículo 1.7 decidió “declarar de interés en salud pública los medicamentos, dispositivos médicos, vacunas y otras tecnologías en salud que sean utilizadas para el diagnóstico, prevención y tratamiento del COVID­ 19”. Uno de los tipos de licencias obligatorias que existen (porque hay varios) es el de “licencia obligatoria por razones de interés público”. Ese tipo de licencia es la única que se ha intentado en Colombia en los tres casos ya mencionado (Kaletra, Glivec y Antivirales de acción directa) y tiene como requisito la “declaratoria de razones de interés público” por parte del Ministro de Salud. No es claro si lo establecido en el artículo 1.7 tiene ese propósito. En todo caso, insistimos, para responder a la pandemia es más apropiado y práctico suspender los efectos de exclusividad de las patentes, que hacer licencias obligatorias.

Generar una metodología para el reconocimiento ex-post de regalías

De acuerdo con las reglas nacionales e internacionales, el uso de los inventos, innovaciones e información protegida por propiedad intelectual, sin consentimiento del dueño, debe ser compensado en todos los casos mediante el pago de regalías.

En el país no existe una metodología establecida en las normas de propiedad intelectual para calcular y pagar las regalías.  Esa metodología deberá crearse y puede basarse en los lineamientos y recomendaciones emitidos por la OMS y el PNUD. Ello le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, aunque también puede hacerse en una norma expedida por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Las normas actuales que rigen la materia (artículo 62 de la Decisión Andina 486) establecen que las regalías deben establecerse ex-ante y como condición para permitir un uso de la materia patentada sin el consentimiento del titular.

No obstante, en las medidas que se tomen en el marco del Estado de Excepción, debe establecerse claramente que el pago será ex-post. La ausencia de normas sobre el cálculo de la regalías no puede ser un impedimento para hacer uso de las innovaciones y creaciones necesarias para enfrentar la pandemia y que estén protegidas por la propiedad intelectual. La urgencia del asunto lo justifica. Es deseable sin embargo aclarar, en los decretos de Estado de Excepción, que la compensación se hará en su debido momento, una vez se expida la metodología.

Suspender todos los trámites de patentes y otras formas de propiedad intelectual

Es muy probable que el medicamento Remdesivir del laboratorio Gilead, esté patentado o en proceso de ser patentado en el país. Este es uno de los medicamentos que ha mostrado ser prometedor para tratar a los pacientes con COVID-19.

En los decretos del Estado de Excepción también debe disponerse la suspensión de todos los trámites de patentes, modelos de utilidad y protección de datos de prueba en la SIC y el INVIMA, sobre tecnologías o información que pudieran ser útiles para hacer frente a la pandemia. Con esta medida, se evita la generación de monopolios adicionales a los ya existentes y el pago de regalías, según lo explicado en el punto anterior.

Identificar, organizar y crear un repositorio de acceso público de la información útil que reposa en la Gaceta de la Propiedad Industrial y en el INVIMA

A partir de una lista de tecnologías sanitarias necesarias para enfrentar la pandemia que elabore el Ministerio de Salud, la SIC puede buscar e identificar las patentes o modelos de utilidad concedidas para esas tecnologías, organizarlos y ponerlos a disposición del público, de manera que puedan consultarse fácilmente. Esta información puede ser de gran utilidad para los grupos de académicos, científicos y empresas privadas que están trabajando actualmente en desarrollar soluciones para hacer frente a la emergencia, por ejemplo, los grupos dedicados a elaborar ventiladores mecánicos.

El INVIMA puede hacer lo mismo con la información clínica sobre calidad, seguridad y eficacia de las tecnologías sanitarias a las que les ha otorgado registro y que reposa en sus archivos también de manera desordenada. Hay un gran debate global sobre si esta información es pública o corresponde a un secreto industrial. La Corte Europea de Justicia determinó recientemente que gran parte de esa información es pública. Sin embargo, dado que el debate no está zanjado en todo el mundo, recomendamos que en los decretos del Estado de Emergencia se determine el carácter público de esa información y se ordene su disposición para consulta fácil de cualquier ciudadano en el sitio web del INVIMA.

Solicitar firmemente a las empresas a que publiquen algunos de sus secretos industriales

Lo más probable es que gran parte de la información para reproducir tecnologías necesarias para enfrentar la pandemia sea secreta, en especial en lo relativo a los dispositivos médicos más requeridos como los ventiladores mecánicos. Una alternativa adicional a la ingeniería reversa para poder copiarlos y fabricarlos localmente, es que las empresas productoras revelen sus secretos. El Gobierno puede entablar un diálogo con los fabricantes y persuadirlos de hacerlo.

El gobierno también puede crear un mecanismo de cooperación, para que la experticia de las empresas privadas se ponga al servicio de la salud pública de manera que colaboren con las diversas iniciativas académicas que hay andando en este momento, brindando apoyo técnico.

Incorporar salvaguardas en las becas y préstamos de convocatorias públicas de innovación

Al igual que la Unión Europea, el gobierno de Colombia ha lanzado convocatorias y retos de innovación (MinCienciatón del Ministerio de Ciencias y retos de Innpulsa) para incentivar la creatividad y la innovación para enfrentar la pandemia. Es fundamental, como lo señala la carta abierta de 60 organizaciones de la sociedad civil a los gobiernos europeos, que en las becas o préstamos que se otorguen en el marco de esas convocatorias, se incluyan condiciones de transparencia y acceso, de manera que los esfuerzos no se privaticen y los resultados se pongan al servicio de la salud de los ciudadanos.

Tomar medidas para mantener el abastecimiento de medicamentos

La hidroxicloroquina, la azitromicina, el lopinavir/ritonavir y el remdesivir son medicamentos en estudio que pueden ser prometedores para el tratamiento de COVID-19. Para los dos primeros hay oferta local de genéricos. El lopinavir/ritonavir está patentado y solo lo vende la multinacional AbbVie por lo cual no hay genéricos en el país. El remdesivir está probablemente patentado (o en curso de ser patentado) a Gilead y no tiene registro sanitario en Colombia.

Hay alertas nacionales e internacionales de probable acaparamiento y desabastecimiento de estos medicamentos. La India anunció la prohibición de exportaciones de hidroxicloroquina. Eso deja a Colombia muy vulnerable porque, si bien tenemos una industria fuerte de genéricos, todas las materias primas, incluido el ingrediente farmacéutico activo, son importadas. Ante este panorama es importante convocar de manera urgente a los productores locales y establecer un espacio formal y organizado de diálogo de manera que puedan producirse en el país los medicamentos requeridos, incluyendo las materias primas. También deben facilitarse los trámites de registro sanitario.

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Ordenan medida de vigilancia especial para el Hospital César Uribe Piedrahita de Antioquia

Durante un año el Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia en Antioquia permanecerá bajo la medida de vigilancia especial de la Supersalud.

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Ordenan medida de vigilancia especial para el Hospital César Uribe Piedrahita de Antioquia

La Superintendencia Nacional de Salud -SNS- ordenó la medida de Vigilancia Especial a la ESE hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia en Antioquia por un año como producto de un ejercicio de seguimiento realizado por el órgano de vigilancia. En abril de este año se realizó la visita inspectora al centro asistencial y se determinó poner en marcha esta medida debido a que la SNS evidenció fallas de tipo asistencial, administrativas y financieras que ponían en riesgo a los usuarios que se atienden en el centro médico de mediana complejidad.

Entre las directrices se ordena remover de su cargo al revisor fiscal y se designa a la firma contralora Nexia Montes & Asociados S.A.S, representada legalmente por Fabián Andrés Romero para que haga seguimiento a la medida. Adicionalmente, el organismo ordenó al gerente de la ESE que presente en los siguientes 30 días el plan de acción que permita mejorar las falencias que se identificaron:

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Hallazgos en el hospital César Uribe Piedrahita

Sólo en el área asistencial la SNS evidenció que el hospital César Uribe Piedrahita:

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  • No garantiza las condiciones y requisitos de atención en el servicio de urgencias: se evidenciaron estancias de pacientes que superan las 24 horas.
  • En el servicio de referencia y contrarreferencia presenta demoras que superan más de ocho días a la espera de ser ubicados.
  • Cirugías represadas por las diferentes especialidades sin garantizar un seguimiento efectivo y oportuno.
  • En la unidad de cuidado intensivo adulto se observaron eventos adversos presentados, los cuales no cuentan con los análisis y planes de mejora respectivos.
  • No garantiza el cumplimiento de las condiciones y requisitos para la infraestructura de manera que garantice la seguridad en la atención.
  • No garantiza el cumplimiento de sus responsabilidades frente a la inscripción y habilitación de servicios.
  • No garantiza el mantenimiento de la totalidad de los equipos biomédicos.
  • No realiza la gestión interna del manejo de los residuos hospitalarios y similares.
  • Reempaque de medicamentos (tabletería) sin cumplir con los mínimos requisitos de etiquetado.
  • No garantiza el cumplimiento de las condiciones y requisitos para el proceso de esterilización.
  • No se encuentran actualizados los protocolos para la atención de pacientes con diagnóstico sospechoso y/o positivos para COVID-19.

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De otro lado, el órgano de control afirma que el hospital tiene vinculadas más de 281 personas del Talento Humano en Salud contratadas indiscriminadamente, sin un estudio previo de cargas que muestre la necesidad del servicio, mejoramiento, introducción de procesos, redistribución de funciones o cargas de trabajo.

Además se evidencia una posible tercerización laboral y la suscripción de contratos sindicales sin los requisitos legales exigidos con Sindisalus, Famysalud, Sintrasalud, Sintrasant y Sinesalud. También habría realizado pagos a contratistas sin seguimiento técnico de cumplimiento. Existen pagos sin reporte de verificación de informes en el desarrollo de la ejecución contractual, y no aplica los principios de eficacia, celeridad y planeación en la contratación.

Consulte el dashboard sobre bronquitis aguda en Colombia

Según la SNS la información financiera del Hospital César Uribe Piedrahita no es confiable y presenta deficiencia en el registro contable de sus operaciones mostrando faltas graves en los procesos de facturación y cartera que no se habían evidenciado en los reportes que habían enviado. Tampoco se realiza un proceso eficiente de conciliación depuración y saneamiento de las cuentas por cobrar a los aseguradores.

Finalmente, Germán Augusto Guerrero, Superintendente Delegado para las medidas especiales explicó que durante la medida de vigilancia especial se hará un seguimiento estricto al plan de mejora y se deberá garantizar la prestación de los servicios en términos de accesibilidad, seguridad, continuidad y seguridad a través de estrategias que le permitan a los usuarios contar con calidad en la atención

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Investigación Clínica

UIS: grandes avances en investigación de EPOC y covid-19

La Universidad Industrial de Santander – UIS ha dado a conocer el éxito internacional de un estudio sobre EPOC y el desarrollo de una prueba detectora de covid-19

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UIS avances investigacion epoc covid-19

Un análisis realizado por dos integrantes de la Universidad Industrial de Santander – UIS fue publicado en la revista científica Indian Journal of Tuberculosis (IJTB). El trabajo fue liderado por el neumólogo Javier Enrique Fajardo, quien también se desempeña como director del servicio de neumología del Hospital Universitario de Santander, HUS y profesor del departamento de Medicina Interna de la UIS y el médico Yeimer Ortiz, residente de segundo año de Medicina Interna.

La investigación se titula “Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en América Latina y el Caribe: mapeo de la investigación mediante análisis bibliométrico” y se centra fundamentalmente en tres aspectos:

  • Brasil, México, Argentina y Chile fueron los principales contribuyentes de América Latina a la literatura mundial sobre EPOC.
  •  La producción científica relacionada con la EPOC en la región es muy baja (entre el 3,19-3,36% de las publicaciones mundiales).
  • Actualmente no existen estudios bibliométricos sobre la producción científica de la EPOC enfocados en América Latina y el Caribe.

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La publicación de la revista internacional también dará mayor visibilidad a este tema. Es importante mencionar que la revista científica IJTB publica investigaciones sobre aspectos clínicos, epidemiológicos, de salud pública y sociales de manera trimestral. Y si bien no se conoce mucha información sobre los hallazgos del estudio mencionado, en él también participaron los médicos Rubén Vergara Retamoza, José A. Vergel Torrado, y Valeria Esquiaqui Rangel, algunos de ellos vinculados con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sucre.

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UIS obtiene nuevo avance en la detección del covid-19

Además del éxito obtenido por los especialistas de la UIS, la institución ha comenzado el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 en muestras de saliva. Las pruebas comenzaron luego de llevar a cabo los procedimientos de verificación de desempeño para este test de covid-19 de origen colombiano.

De acuerdo con información oficial, se realizó la estandarización, evaluación de la sensibilidad analítica y validación de un ensayo RT-qPCR para la detección de los genes E y N del virus SARS CoV-2 tanto en personas sintomáticas como asintomáticas. Antes de aplicar el método diagnóstico, se recomendó a los participantes no fumar, ingerir alimentos, bebidas, o lavarse los dientes 1 hora antes de la toma de muestra, sin ningún tipo de restricción horaria. En el estudio hicieron parte 413 individuos.

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Los resultados obtenidos mostraron una sensibilidad del 91,18% (IC95% 81,78 – 96,69) y una especificidad del 100% (IC 95% 98,94 – 100,00) cuando se emplean uno o ambos genes. También se evidenció que las muestras de saliva humana no inhiben la reacción de RT-qPCR; es decir, el coronavirus es detectable en ellas. Si se compara este hallazgo con la prueba PCR tomada con el hisopado nasofaríngeo, los investigadores destacan que el test salival obtuvo un mejor rendimiento, ya que el hisopado tiene una sensibilidad del 79%.

“La recolección de saliva, al ser un método no invasivo con posibilidad de autorecolección asistida, evita en gran medida las limitaciones de bioseguridad asociadas a las muestras tomadas con hisopo. Adicionalmente, este método constituye una estrategia costo efectiva para el cribado de grandes poblaciones. Finalmente, para la recolección no se requieren equipos especiales o instrumentos de alto costo (hisopos, tubos de succión, etc)”, asegura el equipo investigador. Por otra parte, se considera un método viable teniendo en cuenta que el departamento de Santander se encuentra en plena reapertura económica y se han reiniciado las clases presenciales.

La realización de este estudio contó con la participación de los profesores de la Escuela de Medicina, Dr. Luis Miguel Sosa, Dra. Laura Andrea Rodríguez, Dra. Lina María Vera; Escuela de Micriobiología, profesora Martha Lucía Díaz, Magíster Mayra Jaimes, y Magíster Anyela Lozano; Escuela de Enfermería, profesora jubilada Myriam Oróstegui. De igual forma, contó con el apoyo de los investigadores Leonelo Bautista, Universidad de Wisconsin y Ruth Aralí Martínez, Universidad de Santander, UDES.

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Corte Constitucional: “EPS deben entregar los medicamentos en el municipio que resida el paciente”

La Corte Constitucional recordó a las EPS que es su deber tener una red de atención integral para entregar los servicios y tecnologías que requiera el paciente en medio de la pandemia.

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Corte Constitucional EPS deben entregar los medicamentos en el municipio que resida el paciente

La Corte Constitucional a través de la Sentencia T-195-21 reiteró que las EPS deben contar con la disponibilidad de infraestructura y tecnologías necesarias para la atención integral en salud cuando el usuario lo requiera. Esto quiere decir que es un deber de los aseguradores garantizar una red de prestación de servicios completa en el lugar que resida el afiliado.

Este pronunciamiento de la corte se debe a un reciente fallo de tutela en el que un paciente solicitó a su EPS entregar los medicamentos que necesita para tratar su hipertensión y diabetes en su residencia en el municipio de Sandoná Nariño, ya que su condición de salud y la pandemia le impiden desplazarse a la ciudad de Pasto para reclamarlos allí.

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Al respecto, la EPS explicó que reconoce la condición de vulnerabilidad al contagio de este paciente, por lo que está de acuerdo con que el usuario no se exponga al virus, sin embargo, argumentó que puede delegar el reclamo de los fármacos a otra personas que no tenga restricción.

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Pese a la respuesta de la aseguradora, la Sala Octava de Revisión, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas no reconoció estos argumentos y no encontró razones válidas para que algunos medicamentos se entreguen en Sandoná y otros en Pasto y aseveró que es una negligencia que no debe soportar el afiliado.

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¿Qué ordenó la corte constitucional?

Exigir a los pacientes adelantar trámites administrativos o esfuerzos materiales que resulten incompatibles con las normas relacionadas con la emergencia sanitaria, como el traslado de un municipio hacia otro para reclamar medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas, constituye una barrera para el goce efectivo del derecho a la salud, pues de aquellos depende la vida e integridad de los usuarios que deben obedecer las medidas preventivas de distanciamiento individual responsable, en aras de salvaguardar su salud y bienestar”, sentencia la Corte.

Con base en esta premisa, la corte constitucional determinó que la entrega de los medicamentos para un solo afiliado en dos municipios diferentes atenta contra el derecho a la salud de los pacientes y constituye además una barrera al acceso a los servicios médicos, lo que resulta injustificable. La falla es aún más grave si se tiene en cuenta que autoridades sanitarias mundiales como la OMS y la OPS han ordenado acatar las medidas para mitigar el riesgo de contagio del Covid-19, especialmente en aquellas personas con enfermedades crónicas.

Consulte el dashboard sobre bronquitis aguda en Colombia

El fallo da 48 horas a la EPS para que entregue los medicamentos que necesita el paciente ( insulina asparta, jardiance empagliflozina, tiras reactivas para glucometría y lancetas estériles glucoquick,) en el municipio de Sandoná y además deberá asegurarse que el paciente reciba los medicamentos de manera periódica en su residencia según lo indique el médico tratante, mientras se mantenga vigente la declaración de emergencia sanitaria en el marco de la pandemia por Covid-19.

Finalmente, la Asociación Médica Sindical Colombiana -ASMEDAS explicó que este fallo es muy importante debido a que “identifica un problema consistente en que, a raíz de las alertas rojas hospitalarias decretadas por la pandemia del Covid-19, muchos programas, incluidos los de enfermedades crónicas y ambulatorias, fueron suspendidos y las EPS no realizaron planes de emergencia para garantizar la atención en casa o teletrabajo a esos pacientes”.

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