En uno de los casos más sonados de presunto detrimento en programas sociales, la Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, confirmó la apertura de dos procesos de responsabilidad fiscal por presuntos sobrecostos en contratos públicos del programa “Hambre Cero”, ejecutados por la UNGRD en La Guajira y Arauca durante 2023. El organismo verificó documentos como facturas y bases de datos de beneficiarios; sin embargo, señaló que “se carece de mucha información”, lo que dificultó la trazabilidad de los recursos analizados.
De acuerdo con el comunicado, los hallazgos suman más de $2.000 millones en sobrecostos, lo que motivó la apertura de las actuaciones fiscales contra directivos de la entidad. El caso también expone deficiencias en la documentación, la capacidad técnica y la idoneidad contractual de los operadores encargados de la ejecución.
¿Qué hallazgos fiscales reportó la Contraloría en los contratos del programa “Hambre Cero”?
Los hallazgos presentados por la Contraloría reflejan irregularidades en las contrataciones destinadas a operar ollas comunitarias en ambos departamentos. Si bien se recopilaron bases de datos y facturas, el organismo reiteró que la falta de soportes fue un obstáculo central en la revisión, especialmente para validar los costos reportados y las condiciones de ejecución.
En La Guajira, los sobrecostos identificados alcanzaron $1.001 millones sobre un contrato de $5.240 millones, cuyo objeto era suministrar alimentación a 700 personas durante 90 días en Hatonuevo y Manaure. En Arauca, el contrato por $9.200 millones, destinado a 6.200 beneficiarios durante el mismo periodo, presentó sobrecostos por $1.064 millones.
De acuerdo con la investigación, estas cifras representan presuntos daños al patrimonio público y motivan la apertura de los procesos de responsabilidad fiscal correspondientes, aun cuando no fueron aportados todos los soportes necesarios.
¿Cuáles son las principales irregularidades detectadas en La Guajira y Arauca?
En el caso de La Guajira, la Contraloría identificó contratistas sin inscripción en el RUES, ausencia de experiencia contractual, uso de códigos RUT asociados al sector educativo y falta de soporte técnico. Estas condiciones fueron catalogadas como inconsistencias significativas en la trayectoria y la idoneidad de los operadores.
Para Arauca, las anomalías incluyeron contratistas sin experiencia, patrimonios reducidos, ausencia de inscripción en RUES, códigos CIIU que no correspondían a la naturaleza del contrato y objetos contractuales incongruentes con la capacidad técnica de las entidades seleccionadas.
La entidad también señaló la falta de soportes de pago y vacíos en la información de los beneficiarios, elementos que son esenciales para validar la operación de los programas sociales ejecutados por la UNGRD.
Presuntos responsables fiscales señalados por la Contraloría
Los procesos abiertos incluyen como presuntos responsables fiscales a:
- Olmedo de Jesús López Martínez, director general de la UNGRD.
- Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, subdirector general de la UNGRD.
Ambos aparecen vinculados a las actuaciones relacionadas con los contratos revisados en 2023. La Contraloría indicó que, pese a la falta de soportes completos, se identificó evidencia suficiente para continuar con los procesos de responsabilidad fiscal correspondientes. La entidad también señala que la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción continuará con la evaluación documental y financiera para determinar la magnitud del presunto daño al patrimonio público.
