Ministro Jaramillo reitera que sin reforma, crisis se profundizará: anuncia más recursos, pide formalización laboral y propone consulta popular

En un extenso y vehemente discurso ante congresistas, autoridades locales, representantes del sector salud y ciudadanía en Bucaramanga, durante la audiencia pública realizada el 8 de mayo el ministro Guillermo Jaramillo subrayó que “sin reforma, la crisis va a ser peor”, señalando que el sistema enfrenta una quiebra inminente. Desde su perspectiva, el modelo actual ha agotado su capacidad de respuesta y se ha convertido en un esquema que privilegia la intermediación financiera sobre el derecho a la atención digna.

El ministro, presentó un análisis crítico de la situación financiera del sistema de salud colombiano, al tiempo que reafirmó el compromiso del Gobierno Nacional con la transformación estructural del modelo actual. En su intervención, destacó que “todos los impuestos saludables ya los aprobó la Cámara”, refiriéndose al conjunto de medidas fiscales como el IVA social y la tributación sobre productos nocivos para la salud, cuyos recursos serían orientados a ampliar el acceso y la calidad en servicios esenciales, como las cirugías pediátricas y la atención primaria en regiones apartadas.

Además, detalló que estas fuentes de financiamiento permitirán fortalecer progresivamente el gasto público en salud, hasta alcanzar un punto adicional del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos nueve años, lo cual representaría una inyección acumulada de 18 billones de pesos al sistema. “Entre impuestos saludables y el IVA social, para el año entrante entrarían 6.5 billones de pesos más”, aseguró. Además, cuestionó las exenciones patronales vigentes y propuso revisar el aporte empresarial a la seguridad social como vía para recuperar cerca de 17 billones de pesos que hoy no ingresan al sistema por dicha vía.

En un tono directo, Jaramillo criticó la concentración de poder económico y político en el manejo de las EPS, señalando que muchas se encuentran hoy “en cuidados intensivos”, con pasivos acumulados que podrían superar los 30 billones de pesos. Rechazó que se utilicen figuras como la integración vertical para privatizar los recursos públicos en detrimento de la red hospitalaria pública, especialmente en municipios de quinta y sexta categoría, donde el único prestador disponible es el hospital local. “Vamos a entregar los recursos directamente a hospitales públicos y fundaciones reconocidas, no a entidades privadas sin control ni auditoría”, afirmó.

Fortalecimiento de la red pública y giro directo

El Fdefendió el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, recordando que más de 500.000 millones de pesos ya han sido asignados para infraestructura y dotación. Como ejemplo, mencionó el hospital de campaña instalado en El Plateado, Cauca, en medio de un conflicto armado, y el avance del 60% en la construcción de una nueva unidad hospitalaria.

Anunció que el giro directo aumentará al 90% para que los recursos lleguen efectivamente a clínicas y hospitales: “El gobierno gira el dinero, pero no se refleja en pagos a los prestadores. Eso no puede seguir ocurriendo”.

“No puede ser que el 90 % del personal en salud pública esté contratado por OPS”

Uno de los apartados más enfáticos del discurso del ministro giró en torno a la informalidad laboral en el sector salud, especialmente en hospitales públicos. Jaramillo denunció la exclusión sindical de las mesas de formalización en algunos departamentos y advirtió: “No obliguen al Gobierno a tomar medidas más drásticas. Hay compromisos que deben cumplirse”.

La reforma a la salud, afirmó, contiene un capítulo para crear un régimen especial laboral en salud, tanto para trabajadores públicos como privados. “Queremos acabar con la precarización y la persecución laboral. Ya hemos logrado formalizar más de 250 trabajadores en La Guajira y todo el personal en el Hospital Universitario de Santander”, aseguró.

Desfinanciamiento de la UPC y falta de auditoría real

El ministro también denunció inconsistencias graves en la información financiera utilizada para calcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC), especialmente por parte de la Nueva EPS: “Pasaron de 14 a 24 billones de gasto en un año, sin justificación técnica. No se puede construir una política pública sobre cifras falsas”.

Aseguró que ninguna EPS cumple los indicadores básicos: citologías, mamografías, tamizajes, vacunación y atención primaria. “Hoy no se audita a las EPS. Les entregamos los recursos públicos y no hay trazabilidad. Eso tiene que cambiar”, sentenció.

Consulta popular como alternativa: “si el Congreso no aprueba la reforma, acudiremos al pueblo”

Ante los obstáculos legislativos, Jaramillo dejó abierta la puerta para convocar a una consulta popular en salud, al igual que lo hizo el Ejecutivo con la reforma laboral: “Si no se puede a través del Congreso, tendremos que recurrir al pueblo. La ciudadanía debe tener la posibilidad de decidir sobre su sistema de salud”.

Esta declaración se da en un contexto político complejo, donde la reforma enfrenta resistencias, incluso dentro del Congreso, y mientras entidades como ACEMI advierten sobre posibles excesos normativos en los decretos emitidos por el Gobierno, especialmente frente a las funciones de la Superintendencia Nacional de Salud.

Acceso universal y atención sin intermediarios: pilares del nuevo modelo

Finalmente, cuestionó la inequidad en los pagos por atención entre prestadores públicos y privados, hasta cinco veces más por la misma consulta en clínicas, y defendió un modelo de atención primaria universal, sin intermediarios, con giro directo y fortalecimiento institucional. “La salud no puede ser un negocio. No se necesitan intermediarios para pagar una consulta o entregar un medicamento”, concluyó.