Comisión Séptima aplaza debate de la reforma a la salud hasta que se tramite la reforma tributaria

Con siete votos a favor y seis en contra, la Comisión Séptima del Senado aplazó el debate de la reforma a la salud hasta que el Congreso defina la reforma tributaria.

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El trámite legislativo de la reforma a la salud volvió a quedar suspendido tras la decisión de la Comisión Séptima del Senado de aplazar indefinidamente su debate. La medida fue aprobada por una votación dividida, siete votos a favor y seis en contra, a partir de una proposición presentada por la senadora Nadia Blel, que condicionó la continuidad de la discusión a la aprobación previa de la reforma tributaria.

La sesión que se llevó a cabo este 28 de octubre de 2025, estuvo marcada por un fuerte intercambio de posiciones entre el Ministerio de Salud y los congresistas. Mientras el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo calificó la decisión como una maniobra que retrasa el avance de una política pública prioritaria, los legisladores que respaldaron la propuesta argumentaron que no existen aún los soportes fiscales necesarios para aprobar una reforma de alto impacto financiero.

El aplazamiento deja en suspenso uno de los proyectos más importantes del Gobierno en materia social, al tiempo que reaviva el debate sobre la sostenibilidad del sistema de salud y la necesidad de definir con claridad su modelo de financiamiento y gestión.

¿Por qué se suspendió el debate de la reforma a la salud en el Senado?

La senadora Nadia Blel sostuvo que la medida responde a la falta de aval fiscal del Ministerio de Hacienda, requisito indispensable para avanzar en la discusión legislativa. “El ministro de Hacienda en ningún momento nos ha suministrado a la Comisión Séptima un aval conforme a la ley. Hoy no se sabe cuánto vale en verdad la reforma a la salud, y es irresponsable tomar decisiones sin esa información”, indicó durante la sesión.

La decisión fue respaldada por siete senadores, frente a seis que votaron en contra. Para Blel y otros congresistas, el aplazamiento no implica un rechazo al contenido del proyecto, sino una pausa necesaria para garantizar que cualquier modificación al sistema de salud cuente con respaldo financiero y técnico.

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El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo reaccionó con firmeza ante el resultado, afirmando que el argumento económico se usa como un pretexto para dilatar la discusión. “El pretexto aquí es no aprobarla. Tienen temor. Primero mantenerla acá y segundo que no recorramos como hicimos la laboral y pasarla a otra comisión. Esta comisión no ha sido capaz de cumplir con sus funciones, es una comisión inoperante”, expresó.

El Ministerio de Salud defiende la viabilidad técnica y social del proyecto

El Ministerio de Salud sostiene que la reforma a la salud cuenta con soporte técnico y que su implementación permitiría fortalecer la atención primaria en salud (APS), optimizar la red pública y reducir la intermediación en el flujo de recursos. Según Jaramillo, el proyecto “se consensuó con todos los actores del sistema: EPS, pacientes, trabajadores, comunidades y autoridades territoriales”.

Entre los principales componentes del texto se destaca la creación de los Centros de Atención Primaria Integral (CAPIR), la reorganización del sistema de referencia y contrarreferencia, y la reasignación directa de los recursos a los prestadores de servicios. De acuerdo con el Gobierno, estas medidas buscan garantizar un acceso más equitativo y oportuno a la atención médica en todo el país.

No obstante, el aplazamiento legislativo posterga la ejecución de estos cambios estructurales y mantiene la incertidumbre en los hospitales públicos y en las entidades territoriales que habían iniciado procesos de preparación. Organizaciones como la Federación Médica Colombiana y la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos y Privados (ACHC) han advertido que la falta de definición sobre el rumbo del sistema agrava la crisis de liquidez y limita la planeación presupuestal del sector.

El aplazamiento de la reforma a la salud reconfigura el panorama político y legislativo

El aplazamiento del debate sobre la reforma a la salud se convirtió en un nuevo punto de inflexión para la relación entre el Gobierno y el Congreso. La decisión de la Comisión Séptima del Senado expuso las fracturas en las mayorías legislativas y evidenció las dificultades del Ejecutivo para consolidar consensos en torno a sus principales proyectos de cambio estructural.

Fuentes del Legislativo coinciden en que el resultado de la votación, siete votos a favor y seis en contra, refleja un escenario político fragmentado, donde las bancadas aún no logran unificar posiciones frente al alcance financiero y operativo de la reforma. Para algunos senadores, la decisión de aplazar el debate responde más a cálculos políticos que a un análisis técnico del proyecto.

En el ámbito institucional, la suspensión prolonga la incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema de salud y dificulta la planeación presupuestal del próximo año. Las entidades territoriales deberán mantener los esquemas actuales de contratación con las EPS, mientras el Gobierno redefine los mecanismos de flujo de recursos y de fortalecimiento de la red pública hospitalaria.

Desde la oposición se insiste en la necesidad de un nuevo texto que detalle con mayor precisión los costos y fuentes de financiación. Por su parte, el Ministerio de Salud defiende la solidez técnica de la iniciativa y sostiene que el aplazamiento responde a un bloqueo político que retrasa la transformación del sistema y posterga la implementación de medidas urgentes para el sector.

¿Qué viene ahora para la reforma a la salud tras su aplazamiento en el Senado?

Aunque el debate legislativo queda suspendido, el Ministerio de Salud continuará con su agenda técnica de reorganización de la red pública, depuración de deudas y fortalecimiento de los programas de atención primaria. Sin embargo, el futuro de la reforma a la salud dependerá directamente del curso de la reforma tributaria, de la cual se espera que defina la capacidad fiscal del Estado para asumir los cambios estructurales del sistema.

En el corto plazo, el desafío para el Gobierno será reconstruir consensos y ofrecer mayor transparencia sobre los costos, fuentes de financiación y resultados esperados de la reforma. Solo así podrá garantizar la viabilidad política y técnica de un proyecto que busca transformar uno de los pilares del bienestar social en Colombia.

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