En la Corte Constitucional, la Sala Octava de Revisión, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas reiteró que pese a que las EPS están facultadas para suspender la afiliación de los usuarios que incurran en mora en el pago de las cotizaciones, el factor económico no debe ser una barrera para que un ciudadano pueda ejercer su derecho a la salud.

Este señalamiento se dio después de que la Corte Constitucional revisara una acción de tutela en la que un ciudadano pedía un traslado de una EPS a a otra en calidad de beneficiario de su pareja. Sin embargo, la EPS a la que estaba afiliado el usuario negó la solicitud ya que el pago del usuario figuraba en mora de seis meses de cotizaciones en 2012.

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Específicamente, la Corte Constitucional mencionó que “existen alternativas legales para pretender el pago de las cotizaciones adeudadas y reiteró la posibilidad que tienen las personas que carecen de recursos económicos de solicitar la afiliación al sistema de salud subsidiado por el Estado”. El fallo de tutela reitera que la EPS pueden adelantar acciones de cobro de los aportes que estén en mora y para ello pueden adelantar acciones legales o establecer acuerdos de pago con los usuarios. Sin embargo a la EPS a la que se le hizo la solicitud de traslado desconoció el mandato del alto tribunal:

“A pesar de ello, hasta la interposición de la acción de tutela de la referencia, la EPS omitió cumplir esta obligación, situación que no solo incidió en el sostenimiento del SGSSS, sino que, en la práctica, también afectó el aseguramiento en salud del agenciado al quedar suspendida su afiliación, e impedir el trasladado a otra EPS. Esto, pese a cumplir los requisitos para ser inscrito en calidad de beneficiario de su cónyuge. A juicio de la Sala, esta omisión representó una vulneración del derecho a la salud”.

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¿Qué ordenó la corte constitucional?

Además la corte determinó que pasaron 8 años entre a declaratoria de mora y la celebración de un acuerdo de pago entre las partes, durante este periodo el usuario no estaba afiliado al sistema de salud. En este sentido, y amparando el derecho a la salud del usuario el Tribunal Constitucional ordenó a la EPS que en máximo dos días autorice el traslado de la persona y pidió a la EPS receptora que en los dos días realice las gestiones para afiliar al usuario como beneficiario de su cónyuge.

Finalmente la Corte Constitucional ordenó remitir una copia de la decisión a la Superintendencia Nacional de Salud para que, en el ámbito de sus funciones de vigilancia, inspección y control, analice si la EPS que negó la solicitud de traslado incurrió en alguna conducta que implique la imposición de alguna sanción o correctivo.

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La Organización Mundial de la Salud -OMS- conmemora este 28 de julio el día mundial contra la hepatitis con una campaña llamada: “la hepatitis no puede esperar” con la que se exhorta a los países a que trabajen juntos para eliminar la hepatitis viral como una amenaza para la salud pública para el 2030.

Recordemos, que la organización publicó hace algunas semanas el Informe mundial 2021 sobre el VIH, las hepatitis virales y las infecciones de transmisión sexual e hizo un balance de los avances logrados en los últimos 5 años, los obstáculos que ha dejado la pandemia y las lecciones aprendidas. No obstante, el progreso de la lucha contra la hepatitis es diferenciado según la región y el país. En algunos casos se han implementado estrategias exitosas y se han logrado progresos en el  tratamiento contra el VHC y la reducción de las infecciones por hepatitis B en los niños.

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Con el objetivo de avanzar en la meta de la eliminación de la enfermedad la OMS lanzó recientemente la primera guía mundial para los países que buscan validar la eliminación del virus de la hepatitis B o la infección por el virus de la hepatitis C -VHC como un problema de salud pública. Este documento brinda un marco global para los procesos y estándares para la validación de la eliminación, y en general propone el uso de objetivos de impacto absoluto para validar la eliminación a nivel nacional en combinación con un conjunto de objetivos programáticos.

De otro lado, la OMS publicó las primeras directrices sobre la autoprueba del virus de la hepatitis C, en la que recomiendan ofrecer la autoprueba del virus de la hepatitis C como un enfoque adicional a los servicios de prueba. Estas directrices también destacan las consideraciones operativas para respaldar la implementación estratégica y la ampliación de la autoprueba.

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Aunque el mundo avanza en la respuesta a la enfermedad aún quedan muchos obstáculos por superar, por ejemplo en varios países las intervenciones prioritarias son inaccesibles para las poblaciones vulnerables y por tanto con mayor riesgo. Además la pandemia ha impedido la prestación de servicios básicos para prevenir y tratar la hepatitis viral y otras enfermedades infecciosas.

“Durante este año increíblemente desafiante, hemos sido testigos de la capacidad de los sistemas comunitarios y de salud para adaptarse para continuar llegando a las personas necesitadas. Las lecciones aprendidas de las innovaciones desarrolladas durante la respuesta a la pandemia pueden informar la programación de prestación de servicios básicos, como parte del esfuerzo general para reducir las desigualdades persistentes en el acceso a la atención médica y lograr la cobertura universal de salud” destaca el comunicado de la OMS.

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Cifras de hepatitis en el mundo

Según los datos de la OMS las infecciones por hepatitis B y C causan más de 1.1 millones de muertes al año. El 10% de las personas que tienen una infección crónica por el virus de la hepatitis B son diagnosticadas y el 22% de las cuales reciben tratamiento.

Otro dato para resaltar es que solo el 42% e los niños, a nivel mundial, tiene acceso a la dosis de nacimiento de la vacuna contra la hepatitis B

Finalmente, la organización destaca que más de 354 millones de personas en todo el mundo viven con hepatitis crónica; más de 8000 nuevas infecciones de hepatitis B y C ocurren todos los días, y más de un millón de muertes por enfermedad hepática avanzada y cáncer de hígado ocurren cada año.

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El país avanza en la inmunización contra el covid-19 y Bucaramanga no es la excepción. De acuerdo con las estadísticas de las autoridades de salud de Santander, en el departamento se han aplicado 1’313.744 dosis con corte al 26 de julio. De este total, 438.364 aplicadas corresponden a la ciudad capital. Lo anterior significa que el porcentaje de población vacunada ronda el 95%.

Como indica la Secretaría de Salud de Santander, la provincia Metropolitana es la que registra el mayor adelanto con el 91,38%  de individuos protegidos contra el virus y 827.024 vacunas aplicadas. En contraste, la provincia Soto Norte es la más rezagada con un 74,71% de personas inmunizadas.

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Otro de los avances significativos y en los que Bucaramanga es referente es la vacunación a los universitarios. Así lo aseguró el alcalde Juan Carlos Cárdenas, quien indicó que desde el 2 de agosto iniciará la vacunación para las personas entre los 25 y los 29 años. En relación con esta información, el funcionario mencionó que se trabajará durante la semana en la habilitación de puestos de vacunación cercanos a la UIS, UNAB, UTS, UDES, UCC y la Universidad Santo Tomás, entre otras.

Con esto se espera que se retorne la presencialidad a las aulas universitarios y se retomen las actividades en estos espacios, de acuerdo con lo proyectado para la reactivación económica y social de la ciudad.

“Mientras en Colombia se ha vacunado prácticamente al 21% de la población, en Bucaramanga ya se ha vacunado el 35%. Es decir, mientras en Colombia 1 de cada 5 colombianos están vacunados, en Bucaramanga podemos decir 1 de cada 3 habitantes“, señaló el alcalde Cárdenas.

Colegios retornan a la presencialidad en Bucaramanga

Mientras los jóvenes universitarios esperan, este miércoles 28 de julio regresaron los estudiantes a los salones de clase. La medida aplica para instituciones educativas públicas y privadas, de acuerdo con lo ordenado en fallo emitido por el Juzgado Civil 22 Municipal. “El fallo ha levantado la medida que frenaba el regreso a la presencialidad”, informó Ana Leonor Rueda, secretaria de educación de Bucaramanga.

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El retorno a las aulas deberá ser bajo los lineamientos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. En el caso de la capital de Santander, el aforo máximo permitido será del 50% debido a condiciones de infraestructura, se deberá mantener distancia de 1 metro entre los estudiantes, se entregarán equipos de protección personal a la comunidad educativa y el lavado constante de manos.

De igual forma, se manifestó que la vacunación a los directivos y personal docente continua para que también retornen con todas las garantías a su labor presencial. De esta forma, la Alcaldía de Bucaramanga garantiza el derecho a la educación de 80 mil estudiantes en la oferta pública y 26 mil en el sector privado, según estadísticas entregadas por la Secretaría de Educación de la ciudad.

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