La Gobernación del Atlántico se convierte en pionera en la implementación de la Ley 2460 de 2025, una normativa que transforma el abordaje de la salud mental en Colombia al priorizar un enfoque biopsicosocial y comunitario. Con acciones concretas en los 22 municipios del departamento, el gobierno territorial busca garantizar la detección temprana, la atención integral y la rehabilitación psicosocial de niños, adolescentes y jóvenes, grupos en los que se concentra la mayor carga de trastornos mentales emergentes.
La estrategia no solo plantea la articulación de EPS, IPS y entornos educativos, sino que también incorpora la participación activa de familias y comunidades, en un esfuerzo que marca un hito en la construcción de una política pública de salud mental con alcance real y territorial.
Una nueva etapa para la salud mental en Colombia
Con la promulgación de la Ley 2460 de 2025, que reforma de manera sustancial la Ley 1616 de 2013, el departamento del Atlántico inició un plan integral para garantizar el derecho a la salud mental con enfoque diferencial y comunitario. La Gobernación, a través de la Secretaría de Salud, activó estrategias en los 22 municipios del territorio, priorizando acciones para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes concentran la mayor prevalencia de trastornos mentales emergentes.
Esta legislación redefine el abordaje institucional de la salud mental en Colombia al incorporar el modelo biopsicosocial y de curso de vida, que exige la participación activa de instituciones, comunidades y familias en la prevención, promoción, atención y rehabilitación.
Fases de implementación y responsabilidades
La Ley establece tres fases progresivas:
- Diseño gubernamental de protocolos con enfoque de derechos y curso de vida, a cargo del Estado.
- Aplicación en entornos educativos y comunitarios, con la conformación de comités de salud mental y realización de tamizajes anuales en población infantil (0 a 13 años) y juvenil (hasta los 28 años).
- Monitoreo y acciones focalizadas para grupos vulnerables, entre ellos cuidadores, madres gestantes, docentes y estudiantes.
Las EPS (EAPB) y las IPS están obligadas a adaptar sus servicios, crear comités escolares de salud mental y garantizar atención preferente a jóvenes de 14 a 28 años. Según datos del Ministerio de Salud, es en este rango etario donde se concentran los mayores riesgos de depresión, ansiedad e ideación suicida.
Estrategias en el Atlántico
La Secretaría de Salud departamental inició jornadas de socialización y asistencia técnica con secretarías municipales, EPS, ESE locales, el Consejo Departamental de Salud Mental y redes comunitarias. En este marco, se incorporó el módulo 12 de la Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) clínico de salud mental, que incluye herramientas como la Escala Abreviada del Desarrollo (EAD) y la escala de cuidadores de Marshall, fundamentales para la detección temprana en primera infancia.
De acuerdo con María Elena Menco, referente de Salud Mental del Atlántico, en menores de cinco años ya se han identificado signos tempranos de ansiedad y alteraciones emocionales. Esto refuerza la urgencia de aplicar de manera inmediata los lineamientos de la nueva normativa.
Intento suicida: cifras en descenso
Un aspecto clave que refleja el impacto de estas acciones es la reducción en la tasa de intentos de suicidio en Atlántico, la más baja de los últimos cuatro años. Según la Semana Epidemiológica 34 de 2025, la tasa fue de 35,54 por cada 100.000 habitantes, frente a 39,39 en 2024 y al pico de 51,35 alcanzado en 2023.
El descenso equivale a un 9,18% menos casos que en 2024 (534 frente a 588). Sin embargo, la distribución revela retos persistentes: el 70% de los casos corresponde a mujeres, y más del 50% ocurre entre los 7 y 21 años. Entre los factores desencadenantes predominan los problemas familiares (38,28%) y los conflictos de pareja o expareja (27,24%), seguidos por dificultades económicas y escolares.
Estos datos coinciden con los reportes del Instituto Nacional de Salud, que ha identificado un aumento de los problemas de salud mental en adolescentes y jóvenes a nivel nacional.
Impacto en hospitales y programas comunitarios
En hospitales como el Materno Infantil de Soledad, el personal de salud destacó la relevancia de la nueva normativa. Según Soraya Bacca Rodríguez, líder del programa de salud mental, su implementación será “parte esencial de la atención integral en primera infancia”, dado el aumento de casos detectados en etapas tempranas.
Los programas como Maternidad Segura permiten integrar la atención psicosocial de madres y recién nacidos, considerando que la depresión materna es un factor de riesgo para el desarrollo emocional de los hijos, una relación ampliamente documentada en la literatura científica.
Hacia un modelo comunitario de rehabilitación
Atlántico avanza también en la creación de un modelo de rehabilitación psicosocial basado en comunidad (RBC), con la participación de familias, instituciones educativas y sectores productivos. Esta estrategia busca facilitar la inclusión social de personas con discapacidad psicosocial.
Paralelamente, el Programa de Orientación y Acompañamiento Familiar (POAF) articula hospitales, EPS y redes comunitarias para prevenir intentos de suicidio en jóvenes de 7 a 21 años, con un enfoque en seguimiento continuo y apoyo a cuidadores.
Un cambio cultural en la política pública
La implementación de la Ley 2460 en el Atlántico muestra que la salud mental ha dejado de ser un asunto periférico para convertirse en una prioridad de salud pública. El reto, según expertos, no solo radica en la adopción técnica de protocolos, sino en un cambio cultural que visibilice la importancia del bienestar emocional como componente esencial del desarrollo social.
El enfoque territorial y comunitario adoptado por el departamento constituye un referente para otras regiones del país, donde la articulación entre salud, educación y comunidad se perfila como el pilar de la transformación.