En medio de la “Crisis Humanitaria en Salud” que, según organizaciones de usuarios, ya afecta a usuarios, pacientes y talento humano, una alerta pública volvió a poner el foco sobre posibles cambios regulatorios con efectos directos en millones de afiliados. La Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud advirtió que, a partir de actos administrativos en consulta pública y recepción de comentarios por parte del Ministerio de Salud, se perfilaría la intención del Gobierno Nacional de expedir un decreto que introduciría criterios territoriales para la habilitación de EPS.
La Mesa precisó que su llamado se dirige a “entidades de control y a la opinión pública” y que el escenario tendría un riesgo inminente de agravar la crisis que, en sus términos, ya se vive en el sector. El pronunciamiento aparece suscrito por Álvaro Enrique Molina, identificado como Vocero de la Mesa, junto con representantes de asociaciones de usuarios vinculadas a varias EPS.
Decreto de habilitación territorial: advertencia sobre el ajuste planteado
El eje del mensaje se centra en la posible expedición de un decreto que, según la Mesa, abriría un proceso de habilitación de EPS basado en criterios territoriales. En su formulación, esa medida “modificaría estructuralmente” el sistema y se encuentra relacionada con el paquete de actos administrativos en consulta pública referido en la alerta.
La organización también calificó el asunto como de “vital relevancia” para la población usuaria y el talento humano, y lo conectó con el agravamiento de la crisis humanitaria mencionada en el encabezado de su llamado público. Asimismo, la Mesa señaló que, si avanzaran los traslados, las EPS intervenidas serían las que recibirían más usuarios, sin detallar allí el listado completo de entidades intervenidas ni el total por cada EPS receptora.
¿A cuántas personas movería el traslado masivo de EPS y hacia dónde irían?
El dato más relevante de la alerta es el volumen; la Mesa afirmó que se generaría un traslado masivo de EPS para 6.606.371 usuarios y se reportó destinos con cifras puntuales dejando abierta la existencia de otros traslados adicionales.
- A Nueva EPS: 3.198.875 usuarios.
- A Savia Salud: 289.262 usuarios.
- A S.O.S: 533.429 usuarios.
- Se menciona que habría traslados “entre otras” entidades, sin listar en ese punto cuáles serían las demás receptoras.
Libre escogencia, capacidad de respuesta y continuidad de tratamientos
La alerta plantea tres preocupaciones concretas: la libre escogencia, la capacidad de prestación de las EPS receptoras y la continuidad de tratamientos.
- Primero, sostiene que el traslado afectaría la libre escogencia porque los usuarios terminarían asignados a EPS intervenidas sin poder elegir. En esa misma frase, advierte que el traslado se haría hacia entidades “sin capacidad de prestación de servicios”.
- Segundo, se menciona a la Contraloría General de la República y afirma que, de acuerdo con informes y con lo reconocido por el Gobierno en declaraciones públicas, las EPS intervenidas no habrían logrado mejoras para garantizar atención “en condiciones de oportunidad y dignidad”.
- Tercero, en el componente clínico, se advierte un riesgo de interrupción de tratamientos para pacientes con patologías críticas, incluyendo enfermedades crónicas, oncológicas y raras o de especial cuidado.
También alerta que la reasignación de afiliados hacia aseguradoras sin capacidades administrativas y financieras sólidas podría aumentar las presiones financieras sobre EPS e IPS y trasladar mayores costos a los usuarios, vía gasto de bolsillo.
Con ese marco, la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud hace un llamado para que “NO se adopten decisiones” que a su juicio no contribuyen a resolver la crisis descrita; además solicita el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional y que “se garantice la vida de todos”.
En adelante, el desarrollo de la consulta pública y las decisiones regulatorias que se adopten marcarán el alcance de los cambios advertidos. Para el sector, el seguimiento estará en que cualquier ajuste preserve la continuidad de la atención, la información oportuna a los afiliados y la capacidad operativa de las redes, bajo vigilancia de las entidades de control y el marco constitucional vigente.
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