El pasado 29 de julio, el Dr. Juan Carlos Giraldo Valencia, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), envió una carta al gobierno manifestando su profunda preocupación por la crítica situación financiera que enfrentan las IPS del país. En esta misiva, recordó que, el pasado 14 de junio, la ACHC había elevado un mensaje de alerta sobre las dificultades que enfrentan las prestadoras para ofertar sus servicios, debido a la falta de un flujo adecuado de recursos en el sistema.
Aunque la actividad de las IPS prácticamente es ininterrumpida, cualquier afectación a este servicio esencial repercutirá directamente en la población. Con esta posibilidad sobre la mesa, el presidente de la ACHC destacó que, aunque el mecanismo de giro directo es un avance positivo, es crucial garantizar que las EPS cumplan con el mínimo estipulado del 80% de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). El Dr. Giraldo Valencia también señaló que las IPS cuentan con reservas limitadas y dependen de un flujo constante y suficiente de recursos para sostener sus operaciones. La acumulación de déficits debido a pagos insuficientes puede poner en riesgo la sostenibilidad de algunos servicios.
“De los $19,8 billones asignados a las EPS durante estos 5 años por concepto de presupuestos máximos, tan solo se han girado a IPS y/o proveedores $87 mil millones de pesos por el mecanismo de giro directo, equivalente al 0,4% del total de recursos asignados. Aun con las disposiciones del decreto 489 de 2024 y para el caso del mes de julio se evidencia que de 12 EPS, tan solo 4 autorizaron giro directo y las que lo hicieron, en su mayoría no cumplen con el 80% establecido en la normatividad”.
La carta del director de la ACHC también expone preocupaciones sobre la distribución desigual de los giros directos, señalando que, en muchos casos, estos recursos se concentran en proveedores o IPS con relaciones más directas con las EPS, lo que genera un desequilibrio en el sistema. Asimismo, expresó su preocupación por la falta de acciones extraordinarias por parte de algunos interventores para mejorar la situación de las EPS intervenidas, que representan el 50,1% de la población afiliada. Insistió en la necesidad de una supervisión rigurosa para garantizar que los prestadores reciban los pagos correspondientes a los servicios prestados.
“Hace unos meses con el inicio del mecanismo de giro directo era comprensible que la transición exigiera ajustes, pero pasados tres meses hay IPS que acusan una disminución de los giros a pesar de que su facturación y el volumen de atenciones se mantiene o ha crecido. Es necesario que tanto el ente rector como el de vigilancia y control supervigile la situación”.
