El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentó las condiciones para la compra de cartera de EPS a IPS mediante la Resolución 2616 de 2026. La medida establece un mecanismo excepcional de liquidez para prestadores afectados por el sismo del 10 de agosto de 2026 o que participaron en la atención de la población damnificada. Las operaciones serán financiadas con recursos administrados por la ADRES y estarán sujetas a requisitos de elegibilidad, límites financieros, disponibilidad presupuestal y mecanismos de recuperación de los recursos.
La resolución desarrolla el artículo 6 del Decreto Legislativo 1415 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el Decreto 1261 de 2026, modificado por el Decreto 1348 del mismo año. Su propósito es facilitar el pago de obligaciones reconocidas por las entidades promotoras de salud (EPS) a los prestadores de servicios de salud, sin extinguir la responsabilidad de las aseguradoras de reintegrar los recursos a la ADRES.
Compra de cartera de EPS a IPS estará limitada a prestadores vinculados con la emergencia
La resolución establece que podrán presentarse solicitudes relacionadas con obligaciones de EPS de los regímenes Contributivo y Subsidiado frente a prestadores que cumplan, al menos, una de tres condiciones: haber sufrido afectaciones en su infraestructura o capacidad de prestación como consecuencia del sismo; haber atendido población afectada; o haber recibido pacientes remitidos desde instituciones que resultaron comprometidas por el evento.
La ubicación del prestador en un municipio o departamento incluido en la declaratoria de emergencia no será suficiente para acreditar su elegibilidad. La ADRES deberá verificar las condiciones mediante información oficial y soportes específicos.
Para las afectaciones de infraestructura se utilizarán reportes territoriales y evaluaciones mediante la ficha ERES. La atención de damnificados se comprobará con el Registro Único de Damnificados (RUD), soportes asistenciales y facturación validada con FEV-RIPS. En los casos de remisiones, se requerirá certificación del representante legal de la EPS.
Las EPS sometidas a intervención forzosa para liquidar o en liquidación voluntaria al momento de presentar la solicitud estarán excluidas del mecanismo.
Los límites financieros restringen el monto de las operaciones
El artículo 6 fija condiciones para controlar la distribución de los recursos y evitar su concentración en determinados prestadores o aseguradores.
| Condición | Límite establecido |
|---|---|
| Valor mínimo de cada solicitud | $20 millones |
| Máximo por prestador | 10 % del total de recursos de la operación |
| Máximo por EPS del Régimen Contributivo | 10 % del valor anual estimado de reconocimientos por UPC |
| Máximo por EPS del Régimen Subsidiado | 8 % del valor anual estimado de reconocimientos por UPC |
| Concentración máxima por EPS | 20 % de los recursos totales de la operación |
| Antigüedad mínima de la cartera | 60 días desde la radicación de la factura ante la EPS |
| Solicitudes permitidas | Una por EPS respecto de cada prestador |
Para calcular los límites asociados a la UPC se utilizará el promedio mensual de los reconocimientos de los doce meses anteriores, multiplicado por doce. En las EPS que operen en ambos regímenes, los límites se aplicarán de manera independiente.
La norma exige que la cartera corresponda a servicios y tecnologías financiados con UPC o presupuestos máximos. Además, las obligaciones deberán estar reconocidas y conciliadas, sin glosas, observaciones o rechazos pendientes.
Tampoco podrán incluirse valores previamente pagados o financiados por otros mecanismos, ni obligaciones afectadas por embargos, cesiones, factoring u otras restricciones jurídicas que impidan su adquisición por la ADRES.
La ADRES verificará las solicitudes y girará directamente a los prestadores
El procedimiento comienza con la identificación y conciliación de las obligaciones entre la EPS deudora y el prestador acreedor. Ambas partes deberán suscribir un acta respaldada por una relación detallada de las facturas, sus valores reconocidos, fechas y antigüedad.
La solicitud será presentada por la EPS ante la ADRES, que verificará los requisitos financieros y documentales, así como la capacidad de recuperación de los recursos.
Cuando la cartera elegible supere la disponibilidad presupuestal, se aplicará una distribución proporcional entre EPS, respetando los límites establecidos. Posteriormente, las partes deberán ajustar las obligaciones seleccionadas, priorizando las de mayor antigüedad.
El Comité Asesor de Compra de Cartera emitirá una recomendación y, cuando corresponda la aprobación, la ADRES autorizará la operación mediante acto administrativo y girará directamente los recursos al prestador beneficiario. Las EPS deberán cancelar contablemente las cuentas por pagar al prestador y reconocer una nueva obligación frente a la ADRES. Los prestadores, a su vez, efectuarán la depuración contable correspondiente. La resolución prohíbe expresamente que las EPS condicionen la postulación a descuentos, condonaciones u otros beneficios exigidos a los prestadores.
Las EPS tendrán hasta doce meses para reintegrar los recursos
El artículo 9 establece que las EPS deberán pagar los recursos desembolsados por la ADRES en un plazo máximo de doce meses, con posibilidad de acceder a un período de gracia para capital de hasta tres meses.
La tasa de interés será equivalente al Indicador Bancario de Referencia (IBR) efectivo anual a doce meses, menos dos puntos porcentuales, sin que pueda resultar negativa. Los intereses se liquidarán mensualmente sobre el capital pendiente.
La recuperación se realizará mediante cuotas mensuales y descuentos de los recursos reconocidos a las EPS por compensación, Liquidación Mensual de Afiliados u otras fuentes legalmente habilitadas. Las obligaciones estarán respaldadas por un pagaré y una autorización previa, expresa e irrevocable de descuento.
En caso de incumplimiento se aplicarán intereses moratorios tomando como referencia la tasa prevista para los tributos administrados por la DIAN. También podrán ejecutarse garantías y adelantarse actuaciones de cobro.
¿Cuándo comenzarán las operaciones de compra de cartera?
Aunque la Resolución 616 de 2026 entró en vigor con su publicación, no establece una fecha específica de apertura ni un monto definitivo para las operaciones. El Ministerio de Salud deberá determinar su viabilidad financiera, los recursos disponibles y la fecha de inicio, considerando la disponibilidad presentada por la ADRES y las necesidades de financiación del aseguramiento.
Posteriormente, la ADRES publicará el cronograma, los formatos y los procedimientos de postulación, evaluación y aprobación. Por tanto, la expedición de la resolución no constituye una autorización automática de desembolsos.
¿Qué implicaciones tiene la medida para EPS, IPS y la sostenibilidad financiera?
La compra excepcional de cartera ofrece una alternativa para transformar obligaciones reconocidas en recursos líquidos destinados a los prestadores vinculados con la emergencia. Sin embargo, su alcance dependerá de la disponibilidad financiera, la elegibilidad de las obligaciones y la capacidad de recuperación frente a las EPS.
Para los prestadores, la conciliación de facturas y la calidad de los soportes serán determinantes. Para las EPS, el mecanismo implica sustituir obligaciones con la red prestadora por compromisos financieros exigibles ante la ADRES, respaldados con garantías y descuentos sobre recursos futuros.
La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá inspección, vigilancia y control, especialmente sobre los registros contables, mientras que la ADRES realizará seguimiento a los desembolsos y saldos pendientes de recuperación.
De esta manera, la Resolución 002616 de 2026 establece un instrumento temporal de liquidez cuya implementación deberá conciliar la continuidad de los servicios en los territorios afectados con la protección de los recursos del aseguramiento en salud.
Consulta y descarga la Resolución 2016 aquí:


