Los países de las Américas han logrado avances en políticas, servicios de salud y mecanismos de seguimiento orientados al envejecimiento saludable. Sin embargo, persisten brechas en financiamiento, implementación y acceso a cuidados a largo plazo de cara a 2030, según los resultados regionales de la revisión de mitad de período de la Década de las Naciones Unidas del Envejecimiento Saludable 2021–2030, presentados el 6 de octubre de 2026 por la Organización Panamericana de la Salud.
El balance se conoce en medio de una acelerada transición demográfica. Para 2050, se proyecta que el 26,6 % de la población de las Américas, equivalente a 306 millones de personas, tendrá 60 años o más. Una persona que alcanza actualmente esa edad puede esperar vivir aproximadamente 23 años adicionales, pero solo unos 16 de ellos con plena salud. La diferencia de siete años es la más amplia entre las regiones de la OMS, frente a un promedio mundial de 5,5 años.
“Conocer dónde estamos es la base para concentrar esfuerzos, recursos y alianzas de aquí a 2030. Nos permite identificar qué políticas están generando cambios, qué grupos están quedando atrás y qué capacidades necesitamos fortalecer”, señaló Suzanne Serruya, jefa de la Unidad de Curso de Vida, Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente de la OPS.
Envejecimiento saludable avanza en políticas y atención integrada
La encuesta fue realizada por la Organización Mundial de la Salud con apoyo de sus oficinas regionales y da seguimiento a diez indicadores de progreso vinculados con las cuatro áreas de acción de la Década: combatir el edadismo, crear entornos amigables con las personas mayores, prestar atención integrada y garantizar el acceso a cuidados a largo plazo.
En las Américas participaron 28 de los 37 países y territorios invitados. Entre quienes respondieron, la proporción con políticas nacionales que incluyen los cuidados a largo plazo aumentó del 61 % en 2020 al 88 % en 2025. Además, 23 países informaron contar con legislación para abordar el maltrato de las personas mayores y 20 disponen de medidas contra la discriminación por edad.
El 71 % de los países participantes informó tener sistemas de atención primaria organizados para apoyar la atención integrada de las personas mayores, por encima del 60 % registrado a escala mundial.
Persisten brechas entre las políticas y su implementación
Los resultados también muestran diferencias entre los compromisos incluidos en las políticas y los recursos disponibles para ponerlos en práctica. Solo cinco países informaron disponer de recursos adecuados para desarrollar entornos amigables con las personas mayores y apenas cuatro realizan seguimiento a sus programas en esta área.
El enfoque de Atención Integrada para las Personas Mayores, ICOPE, de la OMS se implementa en el primer nivel de atención en cuatro países. Por otra parte, únicamente siete cuentan con legislación que reconoce y brinda apoyo a las personas cuidadoras informales, incluidos familiares que realizan estas labores sin remuneración.
Prioridades para la segunda mitad de la Década
Durante el seminario, Suriname presentó sus avances legislativos y de política para combatir el edadismo, mientras la Fundación MÁS de Chile compartió su experiencia en el fortalecimiento de comunidades amigables con las personas mayores mediante la colaboración entre Gobierno y sociedad civil. Costa Rica, por su parte, expuso sus esfuerzos para integrar ICOPE en centros diurnos para personas mayores.
Los participantes identificaron varias prioridades para acelerar los avances hasta 2030:
- Mejorar la medición del edadismo.
- Aumentar el financiamiento y la evaluación de los entornos amigables con las personas mayores.
- Fortalecer la atención centrada en la persona y las competencias del talento humano de salud y cuidado.
- Ampliar el acceso a cuidados a largo plazo de calidad y mejorar la coordinación entre los sistemas de salud y protección social.
- Fortalecer la participación significativa de las personas mayores en el diseño y evaluación de políticas y programas.
Simone Cecchini, director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía de la CEPAL, planteó que la región debe preguntarse “cómo responder a una población creciente de personas mayores y qué tipo de sociedad queremos construir frente al cambio demográfico”.
¿Qué significa la brecha de siete años en esperanza de vida saludable?
La diferencia entre los aproximadamente 23 años adicionales que puede vivir una persona después de cumplir 60 años y los cerca de 16 que puede esperar vivir con plena salud muestra que el aumento de la longevidad no necesariamente se traduce en el mismo número de años vividos en buenas condiciones de salud.
En las Américas, esta diferencia alcanza siete años, frente a un promedio mundial de 5,5 años, lo que convierte a la región en la que presenta la mayor brecha entre esperanza de vida total y esperanza de vida saludable entre las regiones de la OMS.
¿Cuál es la agenda de acción hacia 2030?
Durante la segunda mitad de la Década, la OPS continuará apoyando a los Estados Miembros y facilitando la cooperación entre países para acelerar los avances en las cuatro áreas estratégicas. El trabajo se concentrará en mantener acciones sostenidas, definir objetivos claros, fortalecer el financiamiento, mejorar el monitoreo y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas.
Los participantes también destacaron la necesidad de garantizar una participación significativa de las personas mayores en las políticas y programas que las afectan, especialmente durante su diseño y evaluación.
¿Qué indicadores reportaron los países de las Américas?
Entre los países y territorios que respondieron la encuesta:
- 88 % cuenta con políticas nacionales que incluyen cuidados a largo plazo.
- 23 países tienen legislación para abordar el maltrato de personas mayores.
- 20 países disponen de medidas contra la discriminación por edad.
- 71 % informó contar con atención primaria organizada para apoyar la atención integrada de las personas mayores.
- Cinco países reportaron recursos adecuados para entornos amigables.
- Cuatro países monitorean sus programas en este ámbito.
- Siete países cuentan con legislación que reconoce y apoya a las personas cuidadoras informales.
De aquí a 2030, el reto regional estará en convertir los avances normativos y programáticos en capacidades, servicios y recursos suficientes para responder a una población que envejece rápidamente, manteniendo como prioridades la atención integrada, los entornos amigables, la reducción del edadismo y el acceso a cuidados a largo plazo.
