Rol de las Redes Integrales e Integradas Territoriales (RIITS) en la ponencia alternativa de la Reforma a la Salud – PL  410 de 2025  

La reforma a la salud en Colombia, contenida en el Proyecto de Ley 410 de 2025 en el Senado y 312 de 2024 en la Cámara, propone un rediseño estructural del sistema mediante la creación de Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS). Este modelo busca articular la atención primaria, la media y alta complejidad, así como los actores públicos, privados y mixtos, para garantizar acceso oportuno, calidad en los servicios y uso eficiente de los recursos.

Las RIITS se plantean como la columna vertebral del nuevo sistema de salud. Estarán conformadas por prestadores primarios, Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), instituciones de mediana y alta complejidad, operadores logísticos, gestores farmacéuticos y entidades académicas.

De acuerdo con el articulado, los CAPS serán el primer contacto de la ciudadanía con el sistema, encargados de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, con capacidad resolutiva suficiente y soporte en telesalud, equipos móviles y atención domiciliaria

Gobernanza, calidad y control fiscal

La gobernanza de las RIITS se concibe como un eje fundamental para garantizar su efectividad. El proyecto plantea que las Gestoras de Salud y Vida, junto con las entidades territoriales, deberán establecer convenios de desempeño con los CAPS e IPS integrantes de cada red. Estos convenios no serán meramente administrativos, sino instrumentos de gestión que definirán metas de salud pública, compromisos de resultados en indicadores de calidad y mecanismos de evaluación periódica.

Cada convenio deberá incluir auditorías internas y externas, esquemas de incentivos económicos por cumplimiento y sanciones por incumplimiento. Con ello se busca generar un cambio cultural en la forma en que se mide la gestión de los prestadores y las entidades responsables de la atención.

En paralelo, se fortalece el rol de los órganos de control. La Superintendencia Nacional de Salud vigilará la calidad y la oportunidad de los servicios, mientras que la Contraloría General de la República ejercerá control fiscal sobre los recursos transferidos. El Ministerio de Salud y Protección Social será la autoridad encargada de definir los lineamientos técnicos y normativos, garantizando que los convenios respondan a objetivos nacionales de salud y no solo a intereses regionales o institucionales.

De esta manera, la gobernanza propuesta busca equilibrar rectoría nacional, autonomía territorial y rendición de cuentas, en un sistema históricamente fragmentado y vulnerable a la opacidad financiera.

Criterios de conformación y desempeño

El Ministerio de Salud tendrá un plazo de un año para definir los criterios de habilitación de las RIITS, bajo el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (SOGC). Estos criterios se fundamentarán en tres dimensiones:

1. Modelo de atención centrado en la persona, la familia y la comunidad. Esto implica adoptar un enfoque biopsicosocial que priorice la prevención y la promoción de la salud, reduciendo la dependencia del hospital como centro del sistema.
2. Gestión y rectoría articulada. Cada red deberá tener una estructura de gobernanza que asegure coordinación entre los niveles de atención, gestión eficiente de recursos humanos y logísticos, así como mecanismos de participación ciudadana para evaluar la satisfacción de los usuarios.
3. Asignación de recursos e incentivos. El proyecto contempla que hasta un 3 % del valor de la UPC podrá destinarse a incentivos para prestadores y gestoras, en función de indicadores de desempeño como resultados en salud, adherencia a protocolos, reducción de la carga de enfermedad y mejoras en la satisfacción de los usuarios.

Adicionalmente, la interoperabilidad con el Sistema Público Unificado e Interoperable de Información en Salud (SPUIIS) será un requisito indispensable. Esto permitirá hacer trazabilidad clínica, administrativa y financiera en tiempo real, algo que hasta ahora ha sido una de las mayores debilidades del sistema.

Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS)

Los CAPS serán la puerta de entrada del ciudadano al sistema de salud y funcionarán como nodos territoriales de referencia obligatoria. Su diseño está orientado a garantizar que la atención primaria tenga verdadera capacidad resolutiva, superando el histórico déficit de recursos y competencias de los primeros niveles de atención.

Estos centros estarán organizados por equipos de salud responsables de grupos poblacionales definidos, lo que introduce el concepto de “responsabilidad territorial”. Cada CAPS tendrá la obligación de realizar un seguimiento longitudinal de sus usuarios, incorporando acciones de promoción, prevención, diagnóstico, rehabilitación y cuidados paliativos.

La norma establece que todas las ESE e IPS de baja complejidad deberán transformarse en CAPS, lo que implica un rediseño operativo y administrativo de gran alcance. En materia de servicios, los CAPS deberán garantizar disponibilidad permanente en salud mental, consultas de urgencias básicas, telemedicina y programas de atención diferenciada para poblaciones vulnerables, incluidas víctimas del conflicto armado.

El proyecto también introduce un cambio cultural al exigir que los CAPS reporten de manera obligatoria su desempeño asistencial y financiero al SPUIIS, generando mayor transparencia en la gestión territorial.

Atención de enfermedades de alto costo y huérfanas

Uno de los capítulos más relevantes de la reforma aborda la atención de pacientes con cáncer y enfermedades huérfanas. La propuesta establece que las RIITS deberán garantizar rutas de atención integral que incluyan desde la detección temprana hasta la provisión de cuidados paliativos.

Los prestadores dentro de las redes tendrán la obligación de coordinar con instituciones de referencia en alta complejidad, con el fin de asegurar continuidad en los tratamientos y acceso a medicamentos esenciales. Para ello, se plantea un modelo de articulación entre gestores farmacéuticos, operadores logísticos y los CAPS, que serán responsables de acompañar a los pacientes en todo su tránsito por el sistema.

El articulado también exige el fortalecimiento de capacidades en investigación científica y consejería genética, lo que supone un avance hacia una atención más personalizada y basada en evidencia. Asimismo, contempla la capacitación continua de profesionales en el diagnóstico y tratamiento de estas patologías, históricamente rezagadas en cobertura y oportunidad.

Con esta estrategia, la reforma busca reducir inequidades en el acceso, mejorar la calidad de vida de los pacientes y garantizar que las enfermedades de baja prevalencia no queden excluidas de la política pública, algo que ha sido una constante crítica de asociaciones de pacientes y sociedades médicas.

Implicaciones para el sistema de salud

La propuesta de RIITS representa un cambio estructural hacia un modelo preventivo, predictivo y resolutivo. Busca superar la fragmentación, mejorar la coordinación entre niveles de atención y garantizar sostenibilidad financiera mediante incentivos basados en resultados.

Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad institucional para implementar la interoperabilidad de datos, fortalecer la rectoría y vigilancia, y asegurar que los CAPS cuenten con recursos humanos, tecnológicos y financieros suficientes para cumplir su papel resolutivo.

Consulte aquí el documento completo de la ponencia de la Reforma a la Salud (PL 410 de 2025 Senado y 312 de 2024 Cámara).