La Contraloría General de la República, a través de la Delegada para el Sector Salud, reveló los resultados de una auditoría de cumplimiento realizada a la Asociación Indígena del Cauca – AIC EPS Indígena correspondiente a la vigencia 2024. El informe evidenció 33 hallazgos con incidencia fiscal por un total de $5.196 millones, lo que plantea serias preocupaciones sobre la administración de los recursos destinados a la atención en salud de poblaciones indígenas.
La auditoría adelantada por la Contraloría concluyó en un incumplimiento material con reserva y dio lugar a 46 hallazgos, de los cuales 33 se consolidaron con incidencia fiscal por un valor de $5.196 millones. Entre las principales irregularidades se identificaron facturación indebida de servicios, inconsistencias contables, legalizaciones tardías de anticipos y pagos sin soporte adecuado, hechos que reflejan deficiencias en los procesos administrativos y financieros de la EPS.
Fallas en contratos por más de $64.509 millones
Uno de los puntos críticos detectados corresponde a la contratación, dado que durante 2024, la AIC EPS suscribió contratos superiores a $64.509 millones con asociaciones indígenas. Sin embargo, la Contraloría encontró deficiencias en la ejecución y liquidación de varios de estos contratos, generando riesgos sobre la correcta utilización de los recursos públicos.
El caso más relevante involucra un contrato por $2.126 millones, destinado al fortalecimiento del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI). La auditoría determinó un hallazgo con incidencia fiscal por $850.495.476, producto de la no amortización del anticipo correspondiente al 40% del valor del contrato. Esta irregularidad representó el incumplimiento de 387 actividades y 33 productos entregables previamente pactados.
Disminución drástica en la cobertura de afiliados
El informe también contextualiza la situación administrativa de la EPS tras la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud, que en diciembre de 2024 revocó parcialmente la habilitación otorgada a la AIC EPS Indígena.
Esta medida impactó de manera significativa la cobertura poblacional; la AIC EPS Indígena pasó de 509.267 afiliados en régimen subsidiado y 30.151 en contributivo, a 308.105 en régimen subsidiado y 19.933 en contributivo, lo que representó una disminución total de 211.380 usuarios.
En cuanto a la cobertura territorial, la EPS también redujo su presencia geográfica: pasó de 95 municipios con 59.418 afiliados a 32 municipios con 328.038 usuarios, lo que evidencia que, aunque el número de afiliados en esos municipios es mayor, la cobertura se concentró en menos territorios, limitando el alcance del sistema de salud indígena..
Llamado de la Contraloría a fortalecer la gestión financiera
La Contraloría General de la República exhortó a la AIC EPS Indígena a fortalecer su planeación contractual, mejorar los procesos de gestión financiera y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.
Asimismo, el ente de control destacó que estos correctivos son indispensables para preservar la viabilidad del Sistema de Salud Indígena y asegurar una atención digna, oportuna y de calidad para la población afiliada.
En palabras del organismo de control, se requiere un “uso eficiente de los recursos públicos con el objetivo de preservar la viabilidad del sistema de salud indígena y asegurar una atención digna y oportuna para sus afiliados”, en un contexto donde la confianza en la administración de los recursos resulta fundamental para la sostenibilidad del sistema.
Riesgos para la sostenibilidad del sistema indígena de salud
Los hallazgos revelados por la Contraloría no solo exponen deficiencias administrativas y financieras, sino que también ponen en evidencia los riesgos que enfrenta el modelo de salud indígena en Colombia. El caso de la AIC EPS refuerza la necesidad de mejorar la supervisión y vigilancia sobre el manejo de recursos públicos, así como de avanzar en la implementación de mecanismos de control interno más estrictos en las EPS indígenas.
La reducción de usuarios, sumada a las inconsistencias en la contratación y ejecución de recursos, abre un debate sobre la sostenibilidad del sistema de salud indígena y su capacidad de garantizar cobertura y calidad en la atención, especialmente en territorios rurales y dispersos donde las comunidades dependen exclusivamente de este modelo.
