El Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) dio a conocer un proyecto de resolución en el que se establece los lineamientos para la asignación de recursos destinados a fortalecer la atención integral de las personas mayores en el país. La medida, que se inscribe en el marco de la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2031 y de la Década del Envejecimiento Saludable 2020-2030 de la OMS, busca garantizar que las Empresas Sociales del Estado (ESE) y las entidades territoriales cuenten con criterios claros y transparentes para acceder a los fondos. El objetivo central es promover un modelo de atención que asegure dignidad, calidad de vida y autonomía para los adultos mayores, sus familias y cuidadores.
La expedición de esta normativa se soporta en un entramado normativo robusto que combina compromisos nacionales e internacionales. En el plano interno, se articula con la Constitución Política de Colombia, cuyo artículo 46 establece la obligación del Estado, la sociedad y la familia de proteger a las personas mayores y garantizar su integración social. A ello se suma la Ley 100 de 1993, que regula la prestación de servicios de salud y faculta a las Empresas Sociales del Estado para recibir transferencias del Presupuesto General de la Nación.
En el plano internacional, el país ha suscrito compromisos relevantes. Entre ellos, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada en 2020 mediante la Ley 2055, que obliga al Estado colombiano a implementar políticas públicas para garantizar derechos en la vejez. Igualmente, la adhesión a la Década del Envejecimiento Saludable 2020-2030, proclamada por la OMS y la ONU, otorga un marco global que impulsa a los Estados a desarrollar entornos amigables, servicios centrados en la persona y medidas para combatir la discriminación por edad.
La resolución también se vincula con la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez (PPNEV) 2022-2031, adoptada mediante el Decreto 681 de 2022, que constituye la hoja de ruta más reciente en la materia. Este marco normativo refuerza el compromiso de Colombia con un envejecimiento digno y saludable, destacando la corresponsabilidad entre Estado, sociedad civil, familia y comunidad.
Población beneficiaria y alcance diferencial
Uno de los aportes más relevantes del proyecto de resolución es la definición clara de la población beneficiaria. Se reconoce como personas mayores a los ciudadanos de 60 años o más, pero se amplía la cobertura a quienes presentan discapacidad a partir de los 55 años, así como a las comunidades indígenas, en las que se considera mayor a toda persona de 50 años o más. Esta diferenciación responde a criterios culturales y epidemiológicos que reconocen la vulnerabilidad de ciertos grupos poblacionales.
Además de los adultos mayores, la normativa incluye a sus familiares y cuidadores, actores fundamentales en el proceso de atención y acompañamiento. Igualmente, contempla al talento humano que labora en los centros públicos de atención a personas mayores, con el fin de fortalecer sus competencias técnicas y garantizar que los servicios prestados sean pertinentes y de calidad.
El enfoque diferencial refleja un avance significativo en materia de política pública, pues reconoce las particularidades socioculturales de la población y evita aplicar medidas homogéneas en contextos de alta diversidad, como lo es Colombia.
Criterios para asignar los recursos: equidad y transparencia
La distribución de recursos estará regida por dos tipos de criterios: habilitantes y de ponderación. Los primeros garantizan que solo las entidades con condiciones mínimas puedan acceder a los fondos. Entre estos se incluyen la obligación de los municipios de categorías 5 y 6 de contar con al menos un centro público de atención para personas mayores, la adopción y recaudo de la estampilla para el bienestar del adulto mayor y, en el caso de las ESE, la habilitación como prestadoras de servicios de psicología o terapia ocupacional en el REPS.
Los criterios de ponderación permitirán priorizar territorios con mayores necesidades. El Minsalud tendrá en cuenta factores como: la tasa de personas de 60 años o más clasificadas en los grupos A y B del SISBÉN IV, la proporción de personas mayores en la población total de cada municipio, la presencia de comunidades indígenas con altos porcentajes de mayores de 50 años, y la tasa de personas con discapacidad de 50 años y más. Estos indicadores buscan que los recursos lleguen a los territorios con mayor vulnerabilidad social y demográfica.
La inclusión de estas variables apunta a reducir desigualdades históricas en el acceso a servicios de salud y cuidado, especialmente en zonas rurales e indígenas, donde los niveles de exclusión y abandono suelen ser más altos.
Etapas de implementación: de la planeación a los resultados
El plan de acción definido en la resolución se desarrollaría en tres etapas. La primera corresponde al alistamiento, que incluye la formulación de un cronograma, la contratación de talento humano especializado y la adquisición de bienes y dotaciones básicas. Para este proceso, se establece que deberá contratarse un profesional en psicología o terapia ocupacional con al menos 24 meses de experiencia por cada 150 personas mayores.
La segunda etapa es la de ejecución de acciones sectoriales, la más extensa y estratégica. Se estructura en cuatro ejes:
- Fortalecimiento institucional e intersectorial, con la construcción de rutas municipales de atención y la caracterización de los centros de atención.
- Capacitación del talento humano, con un mínimo de siete sesiones de formación en derechos humanos, envejecimiento saludable y atención diferencial.
- Atención directa a las personas mayores, familias y cuidadores, con actividades regulares de estimulación cognitiva, promoción de la salud mental y espacios de integración intergeneracional.
- Entrega de dotación esencial, articulada con actividades de promoción y prevención en los centros.
La tercera etapa contempla la entrega de informes técnicos y financieros, en un plazo máximo de 15 días después de finalizada la ejecución. Estos reportes deberán incluir resultados, balances y lecciones aprendidas, garantizando así la trazabilidad de las intervenciones.
Enfoque preventivo y comunitario como eje central
El proyecto a su vez subraya que el envejecimiento saludable no se limita a la atención clínica, sino que debe estar basado en la prevención y la integración comunitaria. Por ello, los centros públicos de atención a personas mayores deberán transformarse en espacios donde confluyan la atención en salud, el acompañamiento psicosocial, la cultura y la recreación.
La implementación de actividades de prevención de la dependencia, promoción de la salud mental y estimulación cognitiva buscan reducir la carga futura sobre el sistema de salud, evitando hospitalizaciones innecesarias y mejorando la autonomía de las personas mayores.
Este enfoque se alinea con la recomendación de la OMS, que plantea que la medicina preventiva y la creación de entornos amigables con la vejez son claves para enfrentar el acelerado proceso de envejecimiento poblacional en América Latina.
Rol del talento humano y dignificación del cuidado
El componente laboral es fundamental dentro del plan, de modo que el proyecto de resolución plantea la formación continua del talento humano y la dignificación del trabajo de quienes cuidan y atienden a las personas mayores. Las jornadas de capacitación estarán orientadas a fortalecer competencias técnicas, pero también a incorporar enfoques de derechos humanos, interculturalidad y prevención de la violencia.
A ello se suma la estrategia de mejorar la dotación de los centros, con elementos que van desde ayudas técnicas para movilidad, equipos de enfermería básica y herramientas para actividades culturales, hasta recursos para la adecuación de espacios físicos. El propósito es que los centros públicos sean lugares seguros, accesibles y capaces de ofrecer una atención integral de calidad.
Control de recursos y seguimiento a la ejecución
Por otra parte, también se establece un esquema de control y seguimiento estricto. El Ministerio de Salud, a través de la Oficina de Promoción Social, será responsable de la asignación de los recursos, el acompañamiento técnico y el monitoreo de la ejecución.
Se conformará una Mesa Técnica Interdependencias, encargada de supervisar las acciones de las entidades territoriales y ESE, y de certificar el cumplimiento de los criterios establecidos. El uso de plataformas tecnológicas permitirá consolidar información sobre los centros y garantizar transparencia en la ejecución.
Este componente es clave en un contexto donde la corrupción y la ineficiencia en el manejo de recursos públicos han afectado históricamente la credibilidad del sistema de salud. La trazabilidad y la rendición de cuentas son condiciones indispensables para la sostenibilidad de la política.
Un paso hacia la construcción de un país para todas las edades
Más allá de los aspectos técnicos, la resolución representa un avance en la transformación cultural que Colombia necesita frente al envejecimiento. Se busca combatir el edadismo, promover la participación activa de las personas mayores y garantizar que esta etapa de la vida se viva con dignidad.
El desafío, sin embargo, no es menor pues el éxito de esta política dependerá de la capacidad de las entidades territoriales y ESE para implementar de manera efectiva las acciones, de la disposición de recursos suficientes y de la articulación intersectorial que permita unir esfuerzos entre salud, educación, cultura y protección social.
En un país donde el 22 % de la población alcanzará los 60 años o más en las próximas décadas, la construcción de entornos seguros, servicios de calidad y redes de apoyo sólidos no es solo una política sectorial, sino una apuesta de país. El proyecto de resolución, en ese sentido, se convierte en una herramienta clave para avanzar hacia un modelo de envejecimiento digno, saludable y sostenible.
Descargue aquí el proyecto de resolución completo:
