Proyecto de decreto del Modelo Preventivo en Salud carece de soporte legal y financiero, alerta la ACSC

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), a través de su presidente Agamenón Quintero, expresó serias preocupaciones frente al proyecto de decreto con el que el Ministerio de Salud y Protección Social busca sustituir la parte 11 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016. En carta oficial enviada al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, la organización señaló que el texto normativo excede las competencias del Ejecutivo y vulnera disposiciones legales vigentes.

Entre las principales alertas se encuentra la reglamentación de temas que son de competencia exclusiva del Congreso, como la contratación del talento humano en salud, la clasificación única de ocupaciones, la creación de programas como los de salud mental y la redefinición de funciones de entidades públicas, privadas y mixtas del sistema de salud. “El Ministerio de Salud y Protección Social excede su competencia de expedir políticas encaminadas a la prestación del servicio de salud reglando asuntos propios del ejercicio del talento humano en salud”, destacó la ACSC.

Asimismo, el proyecto contempla la creación de divisiones territoriales como microterritorios o regiones intermunicipales e interdepartamentales que no están contempladas en la Constitución ni en leyes vigentes. La propuesta también incluye nuevas instancias de participación ciudadana sin definir su integración ni funciones, lo cual podría derivar en vacíos institucionales y disputas competenciales en los niveles locales y regionales.

Invasión de funciones en la habilitación de redes y desconocimiento del marco legal

Otro de los puntos críticos señalados por la ACSC es la intención del Ministerio de asumir la habilitación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales en Salud (RIITS), una función que actualmente corresponde a las secretarías departamentales o municipales de salud y, de forma subsidiaria, a la Superintendencia Nacional de Salud. Esta modificación contraviene lo estipulado en el Decreto 1441 de 2016 y vulnera el principio de descentralización del sistema.

La Asociación también criticó que el Ministerio pretenda reglamentar los criterios para la conformación de las RIITS, pese a que estos ya fueron definidos en la Ley 1438 de 2011. Su función, aclara la ACSC, debería limitarse a reglamentar el proceso de habilitación, y no a modificar las condiciones previamente establecidas por la ley.

Estas disposiciones podrían generar conflictos de competencia entre los entes territoriales y el nivel nacional, además de dificultar la articulación operativa y administrativa de las redes. La extralimitación en funciones normativas plantea además un serio riesgo de inseguridad jurídica que puede afectar la ejecución de políticas y la asignación de responsabilidades entre actores del sistema.

Financiación incierta y restricciones legales para el uso de recursos públicos

En su análisis financiero, la ACSC advierte que el proyecto de decreto menciona fuentes de financiación que no pueden ser legalmente utilizadas para los fines propuestos. Por ejemplo, los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) en salud solo pueden destinarse a subsidios a la demanda, atención a población pobre y acciones de salud pública, y por tanto “no es posible financiar el presente decreto con dichos recursos”.

Del mismo modo, los fondos del Presupuesto General de la Nación ya están comprometidos con la financiación de la UPC para los regímenes contributivo y subsidiado, así como con las obligaciones establecidas en la Ley 1955 de 2019. Cualquier intento de redirigir esos recursos sería inconsistente con las leyes presupuestales vigentes.

La ACSC también explica que el Plan Maestro de Inversiones en Infraestructura y Dotación en Salud no se podrá ejecutar antes del año 2031, ya que su programación es decenal y debe alinearse con el Plan Decenal de Salud. En consecuencia, el decreto estaría desfinanciado por al menos siete años. Además, el Plan Bienal de Inversiones tiene un uso restringido a infraestructura y equipos biomédicos para servicios de control especial, mientras que el proyecto menciona inversiones en investigación sin indicar una fuente presupuestal específica.

Llamado a la legalidad, sostenibilidad y responsabilidad normativa

Para la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la expedición del proyecto de decreto, sin ajustes sustanciales, puede profundizar la crisis estructural del sistema de salud colombiano. En lugar de aportar soluciones, introduciría elementos que agravarían la inseguridad jurídica y financiera, afectando tanto a instituciones públicas como privadas. Por ello, la organización reiteró que se han presentado las observaciones respectivas a través del canal dispuesto por el Ministerio, con el objetivo de que las normas se ajusten a la legalidad y a las capacidades reales del sistema.

“Reiteramos nuestro compromiso con nuestros asociados con el objetivo de que, basándonos en el conocimiento técnico, médico y jurídico, el Ministerio de Salud y Protección Social expida normativa ajustada a sus competencias y la realidad fáctica y jurídica que atraviesa el sector salud actualmente”, enfatizó Agamenón Quintero en el documento oficial.

La ACSC aseguró que continuará participando activamente en el proceso de revisión normativa y se mantendrá vigilante frente a las decisiones regulatorias que afecten la estructura y operación del sistema. En su rol de vocera científica, hizo un llamado al diálogo técnico y al respeto por el marco constitucional como base para cualquier transformación del sistema de salud colombiano.