En un momento de creciente debate sobre el futuro del trabajo en Colombia y tras el reciente archivo de la reforma laboral en el Congreso, la Contraloría General de la República ha puesto sobre la mesa un llamado urgente: la necesidad de un pacto nacional que aborde de manera estructural y consensuada la persistente informalidad laboral que afecta a millones de colombianos.
El pronunciamiento se sustenta en un análisis técnico presentado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector Trabajo, cuyo título es “Contexto de la informalidad laboral en Colombia 2014-2023”. El estudio fue divulgado durante un evento realizado en la Universidad Externado de Colombia, con la participación del Contralor General en funciones, Luis Enrique Abadía; el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino; el vicepresidente jurídico de la ANDI, Alfonso Palacios Torres; y el economista laboral Juan Camilo Villar Otálora.
“La falta de acceso a empleos formales mantiene a millones de colombianos en condiciones precarias, sin posibilidad de mejorar su calidad de vida”, advirtió el contralor Abadía, quien sostuvo que “esta radiografía de la informalidad, a múltiples niveles y condiciones, amerita un gran pacto nacional por la formalización, que trascienda gobiernos y ciclos políticos”.
El funcionario también subrayó que el archivo de la reforma laboral no significa que el debate haya concluido. “Invitamos respetuosamente a todos los sectores del país a continuar trabajando en cambios del sistema laboral que respondan a las necesidades de Colombia, con realismo aplicable en el contexto actual y con visión de futuro”.
Más de una década de estancamiento
El estudio de la Contraloría muestra que la informalidad laboral ha sido un fenómeno persistente durante la última década. En 2023, el 43% de los trabajadores de las 23 principales ciudades del país estaban empleados en condiciones informales. Aunque esta cifra representa una leve mejoría con respecto a años anteriores, sigue siendo preocupante frente a los estándares internacionales.
Desde el enfoque de género, el informe revela que, aunque las mujeres han ganado espacio en el mercado laboral, enfrentan mayores barreras para acceder al empleo formal, especialmente por la carga desproporcionada de responsabilidades de cuidado.
En términos educativos, entre 2020 y 2021 el número de trabajadores sin educación formal aumentó de 148.000 a 394.000 personas, evidenciando el impacto de la pandemia sobre los grupos más vulnerables. Por otro lado, la informalidad entre personas con educación secundaria se redujo de 3,1 millones en 2020 a 2,4 millones en 2021.
Informalidad por edad y sector económico
Uno de los hallazgos más relevantes es que los trabajadores entre 41 y 60 años son los más afectados por la informalidad, lo que limita sus posibilidades de estabilidad y ahorro pensional. Les siguen los adultos entre 29 y 40 años, lo cual plantea desafíos significativos para el mercado laboral.
Por sectores económicos, la situación es aún más crítica. El Índice Multidimensional de Informalidad Empresarial (IMIE) del DANE reportó una tasa nacional de 90,1% en 2022. Sectores como la minería (99,6%), el transporte (98,7%), la construcción (97,5%) y la agricultura (95,3%) registran las tasas más altas, atribuibles en parte a la falta de financiamiento, los costos de la seguridad social y los trámites burocráticos excesivos.
A nivel territorial, el estudio muestra profundas desigualdades. Las ciudades con mayor informalidad empresarial son Sincelejo (98,6%), Riohacha (97,9%), Cartagena (97,9%) y Santa Marta (97,7%), lo cual revela una fuerte resistencia a la formalización. En contraste, Tunja (69,3%), Manizales (75,9%) y Bogotá (75,1%) muestran avances significativos.
Estas diferencias responden tanto a dinámicas económicas regionales como a la presencia —o ausencia— de políticas efectivas para fomentar el empleo formal, apoyar el emprendimiento y facilitar el acceso a la seguridad social.
Una agenda para la formalización
El estudio identifica múltiples barreras que impiden la formalización. Entre ellas destacan los altos costos laborales asociados a la seguridad social, la complejidad regulatoria, la falta de incentivos económicos y la inseguridad jurídica en algunos territorios. También se identifican formas de extorsión y amenazas que afectan a pequeños comerciantes en zonas rurales y urbanas.
La informalidad, advierte el informe, no siempre se asocia con ilegalidad, sino con una desvinculación del marco institucional. Muchos trabajadores y empresarios optan por la informalidad por razones de autonomía, desconfianza en las instituciones o percepción de bajos beneficios del sistema formal.
El contralor Abadía destacó que algunos componentes de la reforma laboral archivada apuntaban en la dirección correcta, como la regulación del trabajo en plataformas digitales. “Este era un paso positivo que mostraba la posibilidad de acuerdos entre el Gobierno y el sector privado”, dijo.
El reto del espacio público y la resistencia a la formalización
Una de las propuestas comunes en los Planes de Desarrollo Municipales ha sido la reubicación de vendedores informales. Sin embargo, el estudio advierte que esta estrategia ha tenido resultados limitados. “Muchas veces se ignoran las causas estructurales de la informalidad, como la falta de alternativas económicas y el acceso limitado a servicios básicos”, concluye el documento.
Además, la resistencia de los propios trabajadores informales a entrar al sistema formal —debido a la pérdida de autonomía o la percepción de que “no vale la pena formalizarse”— es un aspecto que debe ser abordado desde la cultura ciudadana, la pedagogía social y los incentivos económicos reales.
Un camino abierto para la reforma
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, destacó durante el evento que “el compromiso del Gobierno es avanzar hacia una política de empleo decente que garantice derechos, fomente la productividad y reduzca la brecha entre lo formal y lo informal”. Reconoció que el archivo de la reforma laboral es una pausa, pero no un cierre definitivo del debate.
Desde la academia, el profesor Juan Camilo Villar insistió en que el país debe priorizar una agenda de inclusión productiva y cobertura social, especialmente para jóvenes, mujeres y adultos mayores. “No se trata solo de legislar más, sino de implementar mejor”, subrayó.
Entre tanto, la informalidad laboral continúa siendo uno de los mayores retos estructurales del país. El estudio de la Contraloría General reitera que sin un esfuerzo intersectorial, sostenido y realista, el objetivo de construir un mercado laboral más justo, eficiente y universalmente accesible seguirá siendo esquivo.
En palabras del contralor Abadía, “el debate no puede detenerse con el archivo de una ley. La formalización laboral es una condición indispensable para el desarrollo inclusivo y sostenible del país. Y eso solo será posible si dejamos de improvisar y comenzamos a construir consensos duraderos, basados en la evidencia y con vocación transformadora”.
