En medio de la propuesta de reforma a la salud del Gobierno Nacional, 15,5 millones de colombianos, representados en las asociaciones de usuarios de Compensar EPS, Nueva EPS y Famisanar, junto con 196 organizaciones de pacientes agremiadas en Pacientes Colombia, expresan su preocupación y demandan una mayor participación en el proceso legislativo.
Las asociaciones de usuarios y pacientes se unieron emitiendo un comunicado donde presentan sus inquietudes y peticiones en una carta dirigida a la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional, el Ministro de Salud y el Congreso de la República. En dicha carta, hacen hincapié en la falta de participación efectiva de los usuarios y pacientes en las discusiones sobre la reforma a la salud, así como en la falta de claridad en cuanto al financiamiento del nuevo sistema propuesto.
Una de las principales preocupaciones de los usuarios y pacientes es el derecho a la libertad de elección de sus prestadores de salud. Actualmente, la propuesta establece que los usuarios estarán adscritos a un Centro de Atención Prioritaria en Salud – CAPS según su lugar de residencia o trabajo, lo que limitaría su capacidad de elegir el prestador que les genere mayor confianza.
Otra de los puntos que más genera inquietud, es la fragmentación en la atención y la ruta del usuario. Según lo establecido en la propuesta, la puerta de entrada al sistema será a través de los CAPS, que tendrán un nivel básico de complejidad, mientras que los demás niveles serán manejados por las entidades denominadas Gestoras de Vida. Sin embargo, no hay claridad en cuanto a la continuidad, calidad y oportunidad de la atención entre los CAPS y las Gestoras de Salud, lo cual podría afectar la resolución eficaz de las diferentes patologías.
Pacientes se preguntan cómo será el financiamiento y aseguramiento del nuevo sistema
El financiamiento del sistema de salud también es motivo de preocupación para los usuarios y pacientes. Demandan una explicación detallada sobre cómo se financiará y asegurará el nuevo sistema, incluyendo aspectos como la construcción de los Centros de Atención Prioritaria en Salud, la implementación de un sistema de información en salud integrado e interoperable, y la política de medicamentos, entre otros. La falta de claridad en este aspecto genera incertidumbre y temores de que la implementación de la reforma sea un “salto al vacío” en la protección del derecho a la salud.
La dispensación de medicamentos es otro punto crítico. Durante el periodo de transición en la implementación de la reforma, no se podrá garantizar la integralidad del tratamiento, lo que podría afectar a los pacientes con enfermedades crónicas y catastróficas que dependen de un suministro constante de medicamentos.
Finalmente, los usuarios reclaman una mayor participación ciudadana en el proceso de reforma. Consideran que se les debe dar la oportunidad de ser escuchados y de contribuir de manera significativa y constructiva al debate en curso, con el objetivo de mejorar el actual modelo de salud.
Ante estas preocupaciones, las asociaciones de usuarios y pacientes han hecho varias peticiones a la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional y el Congreso de la República. Entre estas peticiones se encuentran la intervención para garantizar la participación ciudadana efectiva en las discusiones sobre la reforma, la claridad en cuanto al financiamiento del sistema, la definición de la ruta del usuario y el cierre financiero del Sistema General de Seguridad Social en Salud en 2023.
Es fundamental que las autoridades competentes respondan a estas solicitudes y garanticen una reforma que proteja efectivamente el derecho a la salud de los 50 millones de colombianos y extranjeros que dependen del sistema de salud. La voz de los usuarios y pacientes exigen ser escuchados y tenidos en cuenta en todo el proceso de reforma.
