La Defensoría del Pueblo hace entrega del séptimo informe de la serie “La tutela y el derecho a la salud 2012”, el cual constituye un insumo en el análisis del actual funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en el que se corrobora que esta acción judicial sigue siendo el mecanismo más utilizado por los ciudadanos para lograr la efectiva protección de sus derechos fundamentales.
En lo que respecta al derecho a la salud durante 2012, nuevamente se comprueba la vulneración sistemática, por parte de las entidades aseguradoras, al seguir imponiendo barreras en el acceso a los servicios de salud y obligando a los ciudadanos a interponer tutelas por tecnologías incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS), que ya han sido canceladas mediante el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
El análisis estadístico demuestra que el objetivo de la Sentencia T-760 de 2008 en el sentido de que las tutelas disminuyeran no se cumplió, ya que el número de acciones interpuestas en el periodo analizado se convirtió en uno de los más altos desde la creación de este instrumento de protección constitucional.
Las cifras, además, indican la existencia de un claro desequilibrio entre la capacidad del Estado para inspeccionar, vigilar y controlar a los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud, y la posición que estos últimos ocupan en ese contacto diario y directo con las solicitudes de atención que realizan los ciudadanos. Es evidente que las personas accionan la tutela por la ineficacia del aparato estatal para controlar en tiempo real, que dichas prestaciones y/o conflictos que surgen alrededor de las mismas, tengan como fuente resolutiva los mandatos constitucionales y legales que garantizan el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.
Descargue a continuación
LA TUTELA Y EL DERECHO A LA SALUD 2012 informe Defensoría del Pueblo
