Con el lanzamiento de la iniciativa “3 para el 35”, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propone una ambiciosa apuesta fiscal para frenar el consumo de productos nocivos para la salud y generar ingresos sostenibles para los sistemas sanitarios. El objetivo: aumentar en al menos un 50 % los precios reales del tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas de aquí a 2035. Según estimaciones del organismo, esta medida podría evitar hasta 50 millones de muertes prematuras en los próximos 50 años, consolidándose como una política sanitaria de alta eficiencia en términos de salud pública y desarrollo económico.
Las ENT, principal amenaza sanitaria global
Las enfermedades no transmisibles (ENT) como la diabetes, las cardiopatías, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas representan más del 75 % de las muertes a nivel mundial, con un fuerte vínculo con el consumo de tabaco, alcohol y bebidas azucaradas. El crecimiento sostenido de estas patologías ha puesto en jaque a los sistemas de salud, particularmente en países de ingresos bajos y medianos, donde los recursos sanitarios son limitados y la carga económica derivada de las ENT compromete la sostenibilidad fiscal.
Frente a este escenario, la OMS plantea una respuesta fiscal y sanitaria integrada, basada en evidencia robusta: los impuestos para la salud no solo reducen la demanda de productos nocivos, sino que también generan ingresos que pueden reinvertirse en sistemas sanitarios más equitativos y eficientes.
El respaldo técnico de la OMS: metas y oportunidades
“Los impuestos para la salud son una de las herramientas más eficaces que tenemos”, afirmó el Dr. Jeremy Farrar, Subdirector General de Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades de la OMS. “Reducen el consumo de productos nocivos y generan ingresos que los gobiernos pueden reinvertir en atención de salud, educación y protección social. Es el momento de pasar a la acción”, agregó.
La iniciativa establece tres pilares de acción para los Estados miembros:
- Reducir la asequibilidad y el consumo de productos nocivos: A través de impuestos especiales que desincentiven el consumo y prevengan enfermedades.
- Recaudar recursos internos sostenibles: Con miras a financiar políticas como la cobertura sanitaria universal, especialmente en contextos de contracción de la ayuda internacional.
- Construir alianzas multisectoriales: Promoviendo colaboraciones entre ministerios de salud y finanzas, parlamentarios, universidades y sociedad civil, para garantizar la eficacia y legitimidad de las reformas fiscales.
Un billón de dólares para salud y desarrollo la mayor apuesta fiscal
Uno de los aspectos más destacables de “3 para el 35” es su ambición financiera: recaudar USD 1 billón en la próxima década a través de estos impuestos. La evidencia respalda esta meta: entre 2012 y 2022, casi 140 países incrementaron los impuestos sobre el tabaco, logrando un aumento medio del 50 % en los precios reales y reducciones significativas en el consumo.
Experiencias exitosas como las de Colombia y Sudáfrica demuestran que esta estrategia es replicable. En estos países, la introducción de impuestos para la salud ha generado reducciones sostenidas en el consumo de tabaco y alcohol, junto con un aumento de los ingresos fiscales disponibles para programas de salud pública.
Incentivos fiscales y barreras políticas: desafíos por superar
A pesar del respaldo técnico y la evidencia acumulada, muchos países siguen otorgando incentivos fiscales a industrias nocivas, especialmente al tabaco, dificultando la implementación efectiva de estas medidas. La OMS advierte además sobre los acuerdos de inversión a largo plazo con estas industrias, que limitan la potestad fiscal de los Estados y socavan los objetivos de salud pública.
Por ello, la organización exhorta a los gobiernos a revisar y eliminar dichas exenciones fiscales, fortaleciendo así su capacidad de regulación y de protección de la salud colectiva.
Una coalición internacional para el cambio
La Iniciativa “3 para el 35” está respaldada por un grupo multisectorial de aliados técnicos y financieros, que incluye agencias internacionales, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil. El trabajo conjunto se centrará en brindar apoyo técnico, compartir buenas prácticas y fortalecer capacidades locales en materia de política fiscal para la salud.
Además, varios países ya han manifestado interés en avanzar hacia modelos de financiamiento sanitario más autosuficientes, en los cuales los impuestos a productos nocivos se conviertan en fuentes estables de ingresos para financiar la prevención, el tratamiento y la protección social.
