Tras conocerse los resultados del informe técnico de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que reveló servicios médicos facturados a personas fallecidas entre 2018 y 2023, el Presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se pronunciaron sobre la necesidad de fortalecer los controles del sistema y medio del debate, EPS Sura respondió a los señalamientos oficiales reafirmando su compromiso con la ética, la legalidad y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
El mandatario destacó la importancia de abordar con rigor técnico y sin sesgos políticos los hallazgos presentados, señalando que es “indispensable asegurar la trazabilidad de los recursos públicos en salud para fortalecer la confianza ciudadana y proteger la sostenibilidad del sistema”.
Por su parte, el ministro Jaramillo informó al Presidente que entre 2020 y 2023 se detectaron 274.434 personas fallecidas con servicios médicos facturados por $1,38 billones, además de sobrecostos en medicamentos por $1,42 billones entre 2019 y 2023, al cobrarse valores superiores al Precio Máximo de Venta (PMV).
“Es SURA la EPS con las mayores cifras en ambos casos. En total, $2,8 billones entre fallecidos y medicamentos. Estamos poniendo denuncia penal”, señaló el ministro de Salud en su comunicación oficial con el presidente.
Estas cifras complementan los hallazgos del informe de la ADRES, que cubre el periodo 2018-2023 y detalla servicios médicos facturados por $2,3 billones a 471.480 personas fallecidas, evidenciando inconsistencias estructurales en la depuración y actualización de la información del sistema.
EPS SURA responde y reafirma su compromiso con la ética y la legalidad
Tras las declaraciones del Gobierno, EPS Sura ratificó su compromiso con la ética, el cumplimiento normativo y el uso transparente de los recursos públicos. “En EPS SURA solo atendemos personas vivas”, afirmó la entidad, al precisar que los casos referidos en el informe corresponden a servicios brindados a usuarios que, en el momento de la atención, se encontraban con vida.
La EPS explicó que las diferencias observadas en los registros administrativos se deben a desfases entre la atención médica, la validación de datos y la facturación, procesos habituales dentro del sistema de salud colombiano.
Sura a su vez destacó que los soportes y evidencias de su operación fueron entregados previamente a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Salud y Protección Social, y enfatizó que no se le ha atribuido responsabilidad fiscal en materia de medicamentos, cuyos valores “se han mantenido dentro de los rangos definidos por el Ministerio de Salud”.
“Reiteramos nuestra disposición permanente para colaborar con las autoridades competentes, como lo hemos hecho siempre, entregando información clara y verificable que contribuya a fortalecer la confianza en el sistema de salud colombiano”, señaló la entidad.
Hallazgos técnicos de la ADRES: inconsistencias en la atención a fallecidos
El informe técnico de la ADRES, elaborado por orden de la Corte Constitucional (Autos 007, 089 y 504 de 2025), identificó que entre 2018 y 2023 471.480 personas registradas como fallecidas habrían recibido servicios médicos posteriores a su deceso. El valor total asciende a $2,3 billones, con un 30 % concentrado en 2021 ($699.480 millones).
El régimen contributivo representó el 52% del gasto, mientras que el régimen subsidiado concentró la mayor cantidad de casos. Según el análisis, Sura EPS encabeza la lista de entidades con mayores valores reportados (50.404 fallecidos y $684.969 millones), seguida por Compensar EPS ($418.970 millones) y Savia Salud EPS ($261.580 millones).
El cruce de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) con la Base de Prestación de Servicios (Suficiencia) y los registros de procedimientos (CUPS) y medicamentos (CUMS) presentó una coincidencia superior al 99,7 %, lo que, según la ADRES, respalda la solidez metodológica del informe y sugiere que las inconsistencias detectadas no obedecen a errores aislados.
Brechas normativas y riesgos estructurales en la trazabilidad
El Decreto 780 de 2016 establece que la afiliación al sistema debe finalizar automáticamente con el fallecimiento del usuario, y que las EPS deben reportar la novedad en un máximo de cinco días hábiles. Sin embargo, la ADRES advierte que la interoperabilidad limitada con la Registraduría Nacional y los retrasos en la depuración de datos permiten la facturación de servicios inexistentes, contraviniendo la Sentencia C-824 de 2004, que prohíbe el uso indebido de recursos públicos.
Entre los casos documentados, la ADRES identificó 29 personas con servicios reportados más de 20 años después del fallecimiento, 4.666 con atenciones un año o más posteriores, y 67 fallecidos con más de 2.000 actividades registradas en un solo año.
Asimismo, 28 personas registraron valores superiores a $500 millones anuales, con un caso que alcanzó $2.700 millones, lo que evidencia la magnitud de las fallas en los mecanismos de control previos al reconocimiento de la UPC.
Control, transparencia y reforma: prioridades del sistema
La ADRES ha puesto los hallazgos a disposición de la Superintendencia Nacional de Salud y de los órganos de control fiscal y disciplinario, al tiempo que desarrolla un tablero de analítica pública que permitirá verificar y cruzar en tiempo real los registros de facturación. Por su parte, el Presidente de la República insistió en que las auditorías deben avanzar “con independencia, rigor técnico y transparencia”, evitando cualquier lectura política del proceso.
El contraste entre los hallazgos de la ADRES y la defensa de EPS SURA refleja una oportunidad institucional para fortalecer la interoperabilidad, la trazabilidad y la rendición de cuentas en el sistema de salud colombiano.
Sin datos confiables, interoperabilidad efectiva y mecanismos automáticos de validación, el sistema continuará expuesto a riesgos de pagos indebidos y pérdida de confianza ciudadana.
