Sociedades científicas advierten sobre deterioro en acceso, condiciones laborales y sostenibilidad financiera

El pasado 7 de mayo de 2025, se reunió la Mesa de Crisis del sector salud en Colombia, un espacio convocado por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas con participación de asociaciones médicas, científicas, colegios profesionales, académicos y representantes del talento humano en salud. El objetivo: continuar el análisis técnico, colectivo y urgente del sistema sanitario colombiano y sus riesgos estructurales actuales, incluidos los posibles efectos del proyecto de decreto que reglamentaría un modelo de atención basado en prevención, predicción y resolución.

Durante el encuentro, las entidades presentes expresaron su preocupación por el aumento sostenido de las quejas ciudadanas, lo que refleja un deterioro tangible en el acceso a servicios de salud oportunos, continuos y de calidad.

Aumento de reclamaciones ciudadanas en salud: un indicador preocupante

De acuerdo con el informe ejecutivo de marzo de 2025 de la Superintendencia Nacional de Salud, el número de reclamaciones aumentó un 49,7 % con respecto al mismo mes del año anterior, al pasar de 119.787 a 179.346 casos. Este incremento, considerado alarmante por los expertos, se desglosa en:

• 165.989 quejas por barreras de acceso a tecnologías y servicios
• 10.461 por dificultades administrativas
• 2.777 por problemas en la atención
• 119 por inconformidades con la infraestructura

Estas cifras evidencian un deterioro progresivo en la experiencia del usuario, con implicaciones críticas para la legitimidad del sistema.

Precarización laboral del talento humano

La Mesa de Crisis también destacó que las condiciones laborales del talento humano en salud no han mejorado en comparación con los años 2023 y 2024. Persisten prácticas como la contratación por prestación de servicios, la sobrecarga laboral, la falta de pago oportuno, la ausencia de garantías en seguridad social y descansos adecuados, y una creciente afectación en la salud mental de los trabajadores.

Estas condiciones no solo vulneran derechos laborales, sino que impactan directamente en la calidad de la atención, al afectar el desempeño profesional y el bienestar físico y emocional del personal sanitario.

Financiación insuficiente: la Corte Constitucional reconoce el desequilibrio

Desde una perspectiva estructural, el problema de insuficiencia financiera del sistema fue nuevamente subrayado. En el Auto 007 de 2025, la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional advirtió que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no garantiza los recursos suficientes para cumplir con el Plan de Beneficios en Salud.

La Corte fue enfática al señalar que “sin recursos suficientes no es posible garantizar el acceso efectivo a los servicios” y que el debilitamiento de la UPC “constituye una grave afectación al derecho fundamental a la salud”.

Riesgos normativos del nuevo proyecto de decreto

En ese contexto, la Mesa de Crisis analizó en profundidad el proyecto de decreto que busca modificar la Parte 11 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, e implementar un modelo de atención en salud con enfoque preventivo, predictivo y resolutivo.

Si bien se reconoce la urgencia de fortalecer la salud pública y la atención primaria, las organizaciones expresaron preocupaciones técnicas y jurídicas sobre la redacción y enfoque del documento. El análisis se estructuró en tres ejes:

1. Aseguramiento:

El proyecto contiene disposiciones que podrían contradecir normas vigentes como las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, al modificar de facto principios del régimen de aseguramiento en salud, lo cual requiere mayor debate legislativo.

2. Esquemas asociativos territoriales:

La propuesta establece asociaciones obligatorias entre entidades, contraviniendo la Ley 1454 de 2011, que estipula que estos esquemas deben ser voluntarios. Además, se transfieren responsabilidades sin evaluar capacidad operativa ni asegurar recursos, poniendo en riesgo la implementación.

3. Financiamiento:

El decreto no define con claridad las fuentes de financiación para metas no asociadas directamente a servicios y tecnologías en salud. También se plantea un posible uso de la UPC en fines no autorizados legalmente, lo cual podría implicar desvío de recursos y comprometer la sostenibilidad del sistema.

Llamado a participación y a fortalecer la legalidad del proceso por parte de las Sociedades científicas

Las organizaciones firmantes reiteraron que “el presente comunicado corresponde a un análisis técnico de la situación actual de salud, sin propósitos políticos”, y solicitaron al Ministerio de Salud abrir canales efectivos de participación antes de continuar con el trámite administrativo del decreto.

“Solicitamos públicamente (…) que nos convoque a participar activamente en la elaboración de esta reglamentación, más allá de los trámites administrativos obligatorios”, señala el pronunciamiento conjunto.

Compromiso ético y defensa del derecho a la salud

La Mesa reafirmó su compromiso con la construcción de un modelo de salud “técnicamente sólido, jurídicamente respetuoso y financieramente sostenible”, así como con la defensa del derecho a la salud, la dignidad del talento humano y el bienestar de los colombianos.

“Continuaremos trabajando para incidir en la mejora de las condiciones del sistema, y mantendremos una participación en todos los escenarios orientados a construir soluciones, apoyando cualquier iniciativa que procure un interés mayor, la salud de los colombianos”, concluye el documento.