En una decisión que marca un importante precedente, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá anuló este miércoles la sanción impuesta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el Juzgado 3º Penal del Circuito de Bogotá. La medida, dictada el pasado 16 de diciembre de 2024, había sido producto de un supuesto incumplimiento de la Sentencia T-343 de 2022 de la Corte Constitucional, relacionada con la erradicación del uso del pesticida Clorpirifós en el país.
Un fallo a favor del Minsalud
La decisión del Tribunal Superior señala que Jaramillo cumplió con su responsabilidad al coordinar y supervisar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la sentencia de la Corte. Específicamente, se destacó que el Ministerio de Salud brindó acompañamiento al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad encargada de implementar la salida definitiva del Clorpirifós del mercado colombiano.
El ministro demostró haber tomado medidas concretas para prevenir y controlar intoxicaciones, así como haber coordinado de manera efectiva con el ICA para garantizar que se implementaran las acciones ordenadas por la Corte Constitucional, informó el Tribunal en su fallo.
El origen del caso
El proceso tuvo su inicio en 2022, cuando la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-343, que ordenaba suspender la comercialización de cualquier producto que contuviera Clorpirifós. Este compuesto, utilizado principalmente como pesticida, había generado preocupación debido a sus efectos nocivos sobre la salud y el medio ambiente.
La sentencia otorgó al ICA un plazo de seis meses para implementar las medidas necesarias para retirar los productos con Clorpirifós del mercado. Por su parte, el Ministerio de Salud tenía la responsabilidad de acompañar al ICA en este proceso, asegurando una transición adecuada hacia alternativas más seguras.
En diciembre de 2024, el Juzgado 3º Penal del Circuito de Bogotá dictó una sanción contra el ministro Jaramillo, argumentando que no se había demostrado un acompañamiento efectivo y continuo por parte del Ministerio. Sin embargo, el Tribunal Superior concluyó que estas acusaciones carecían de fundamento.
Clorpirifós: un problema de salud pública
El Clorpirifós es un pesticida cuyo uso ha sido prohibido o restringido en varios países debido a sus efectos tóxicos. Estudios científicos han demostrado que este compuesto puede causar daños neurológicos, especialmente en niños, y afectar a trabajadores agrícolas expuestos al producto. Además, su impacto negativo en el medio ambiente lo convierte en una sustancia de alto riesgo.
La sentencia de la Corte Constitucional fue considerada un avance significativo en la protección de la salud pública y el medio ambiente en Colombia. La implementación de esta medida requiere un esfuerzo conjunto entre las autoridades de salud y las entidades regulatorias, como el ICA, para garantizar una transición adecuada y segura hacia el uso de alternativas menos tóxicas.
Argumentos del Tribunal Superior
En su análisis, el Tribunal Superior destacó que el Ministerio de Salud había cumplido con las acciones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia. Entre las medidas implementadas se incluyeron:
Coordinación con el ICA: El Ministerio participó en la planificación y supervisión de las estrategias para la retirada del Clorpirifós del mercado.
Prevención de intoxicaciones: Se llevaron a cabo campañas de sensibilización y educación dirigidas a la población afectada y los agricultores.
Monitoreo constante: Se realizaron reuniones periódicas para evaluar el avance del proceso y garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Corte.
Con base en esta evidencia, el Tribunal concluyó que no existía fundamento para la sanción impuesta por el Juzgado 3º Penal del Circuito de Bogotá.
Un camino hacia una regulación más segura
La transición hacia alternativas al Clorpirifós sigue siendo un desafío importante. Las autoridades deberán continuar trabajando para garantizar que los productos utilizados en el sector agrícola sean seguros para la salud y sostenibles para el medio ambiente. La decisión del Tribunal Superior reafirma la importancia de estos esfuerzos y refuerza la confianza en el sistema judicial colombiano para resolver disputas regulatorias complejas.
