Con la llegada de la COVID-19, no puedo dejar pasar por alto -porque me remuerde- otra pandemia que hemos tenido de cerca, ante los ojos, y a la que no reaccionamos oportunamente. Todos, todos estábamos obligados a preguntarnos hasta cuándo podía aguantar el Sistema de Salud colombiano el virus al que llamo malas prácticas.
Entonces, sucedió lo que hacía falta. Desde que empezamos este gobierno, el presidente Iván Duque y sus servidores, nos propusimos -con justicia- combatir el asunto e intentar corregirlo. De inmediato, advertimos que el sistema estaba colmado con el virus -por así decirlo- en múltiples huéspedes transmisores, que en efecto permitían corrupción, informalidad, evasión, elusión, excesiva intermediación e indiferencia. Es de aclarar, su frecuencia en actores…en corruptos, inescrupulosos, a quienes vemos lucrándose, dejando malestar y dolor en usuarios desatendidos, responsables de hospitales públicos y privados quebrados y conectados con cuantiosas deudas.
El virus de las malas prácticas alcanzó, incluso, bastante lejos para cobrar influencia en toda la cadena de aseguramiento y prestación: tercerización mal usada, irregularidades en la contratación, pacientes fantasmas y sobrecostos en medicamentos, entre múltiples formas para saquear dineros de la salud, por parte de feroces actores del sector en muchas regiones.
Hoy conocemos toda esa historia terrible, pero eso es el escollo más duro. Duele…angustia entender cómo están haciendo daño, más de lo imaginado. Hemos recogido por lo menos 60 modalidades de malas prácticas y algunos estragos causados por éstas. En consecuencia, la Superintendencia Nacional de Salud, del presidente Iván Duque, se prometió salvar nuestro sistema de salud, con evidentes logros y beneficios en los últimos 27 años -a pesar del virus- y decidió enfrentar el poder perverso de quienes, hasta ahora, se han salido con las suyas.
Lo primero fue promover el consenso del Congreso para la aprobación de la Ley 1949 de 2019, que confirió poderes a la Superintendencia, y posibilitó un giro en las competencias de control, para sancionar drásticamente con castigos a los responsables -no basta señalarlos- que hacen mal la tarea, a fin de que paguen, con su propio patrimonio, las infracciones cometidas.
Ya podemos sancionar al propio representante legal o al funcionario que viole gravemente el derecho a la salud de los colombianos, no solo con multas; también con la destitución del cargo y la inhabilidad para ejercer hasta por 15 años en el sector salud público o privado. Y, a través de la misma ley, las multas para las entidades vigiladas pasaron de 2.500 a 8.000 salarios mínimos, y a los particulares se les pueden imponer hasta por 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También conseguimos fortalecer el juez de la salud, ya existente en la entidad.
Con año y medio de vigencia, se han sancionado 17 Entidades Administradoras de Planes de Beneficios – EAPB, por $13.170 millones; 3 Instituciones Prestadoras de Salud – IPS, con $1.000 millones; 6 personas naturales, con $1.465 millones; y se han abierto investigaciones a 39 EAPB, 38 personas naturales, 15 entidades departamentales, 8 entidades distritales y 7 IPS. Adicionalmente, el “juez de la salud” ha emitido 5.623 sentencias, de las cuales cerca de 5 mil protegen derechos a la salud y económicos de los usuarios.
Después, más en contención del virus de las malas prácticas, siguió la Ley 1966 de 2019. Así se crea el “Sistema Integrado de Control, Inspección y Vigilancia para el Sector Salud”, el cual lideramos para optimizar y robustecer la supervisión de los agentes de manera integral, a través de la acción coordinada de las Superintendencias Financiera, de Sociedades, de Industria y de Comercio, y de Salud. Esta Ley se apoya en el Plan Nacional de Desarrollo, que faculta a la Supersalud para examinar la idoneidad, la responsabilidad y el carácter del interesado en capitalizar una EPS. Todo a propósito para contribuir a la recuperaciónn de la confianza y la legitimidad de nuestro sistema de salud.
Sumado a lo anterior, desde el día uno de la COVID-19 actuamos rápidamente. Nos dimos a la tarea de fortalecer EPS con un buen desempeño, salvar hospitales a través de estrategias de saneamiento financiero y ampliación de su capacidad instalada, pero también de tomar decisiones en donde identificamos debilidades.
Como resultado de nuestro monitoreo permanente, 7 EPS se encuentran en proceso de liquidación, a 3 se les revocó su habilitación para operar en aquellas zonas del país donde identificamos dificultades en materia de aseguramiento, 3 más tienen restricción para afiliar nuevos usuarios, 19 están bajo medida de vigilancia especial, 1 en programa de recuperación y 2 EPS se acogieron al programa de liquidación voluntaria.
Hoy, por estas medidas, son 3 millones de usuarios los que estrenan EPS, con más y mejores servicios, y 13 hospitales se encuentran bajo intervención forzosa administrativa en el empeño de robustecer y sanear la red pública hospitalaria.
También estamos oxigenando a clínicas y hospitales en los 32 departamentos y en Bogotá D.C., a través de la promoción de mesas de flujo de recursos y jornadas de conciliación, mecanismos, que ya existían en la Supersalud, pero, con nuevo aliento y firmeza, nos estamos aproximando a resultados históricos: pagos por 2 billones de pesos, que garantizan liquidez a dichos prestadores en los territorios.
Para lograr esta recuperación, igualmente, hemos tomado decisiones drásticas por incumplimientos a los acuerdos de pago pactados bajo estos mecanismos. Hemos impuesto alrededor de 26 sanciones a 20 EAPB por $7.196 millones y se vienen adelantando 47 investigaciones administrativas contra 44 EAPB, una persona natural y dos representantes legales de EAPB.
El eje principal para contener la transmisión de ese virus que venimos combatiendo es el usuario. Es la razón de ser del sistema, a quién nos le debemos, con corazón y bondad. A su propósito, ajustamos la capacidad de respuesta de nuestro centro de contacto. Sin descanso se atienden los canales habilitados, ampliamos capacidad de respuesta con nuevas oficinas regionales -hoy tenemos ocho- para garantizar total cobertura en el país. Lo anterior se suma a la presencia en 27 Casas del Consumidor y en 26 Unidades para Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Desde esta perspectiva, hemos brindado alrededor de 4 millones de atenciones a usuarios, de las cuales 1´700 mil corresponden a peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) formuladas por motivos relacionados con la falta de oportunidad en la asignación de citas de medicina especializada y la no entrega de medicamentos PBS y no PBS.
En medio de todas estas acciones, nos encontramos con la otra pandemia, la del COVID-19, que vino a desnudar las debilidades y las fortalezas del sistema de salud, y que ahora nos reta a consolidar un futuro sostenible para el sector.
Como país logramos ampliar los canales de atención no presenciales, multiplicar las teleconsultas, atenciones domiciliarias y de telemedicina; crear redes de entrega de fórmulas de medicamentos a domicilio; expandir la capacidad instalada de UCI, cuidados intermedios, hospitalización y observación; fortalecer la red diagnóstica e implementar modelos innovadores de Inspección, Vigilancia y Control a través de la supervisión de riesgos mediante la generación de alertas tempranas, consolidando así la coordinación entre los actores del sistema y las autoridades locales y nacionales.
Las teleconsultas en el país pasaron de 368.000 a 3,8 millones (un aumento de más de 1.000%); las UCI, de 5.346 a 10.724 lo que significa un incremento de 200%; las atenciones domiciliarias, de 170.000 a 557.000, más de 327%; y las entregas de medicamentos a domicilio, de 211 mil fórmulas a más de un millón y medio (más de 700%).
La Supersalud confía en su marcha, siempre a la manera que se haga mas sólido el Sistema de Salud, y en virtud de lo ya hecho con oportunidad y eficiencia. Sobre la base de la bondad y la humanización, continuamente dedicados a darle mayor credibilidad a la salud, seguimos, a pasos agigantados, el camino que empezamos a corregir, el camino donde exigimos voluntad, amor y honestidad de todos los actores del sector.
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