La resolución que fijó el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en 5,36 % para 2025 ha sido demandada ante el Consejo de Estado. La acción fue interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, que considera que la norma fue expedida sin el sustento técnico adecuado y que su aplicación podría comprometer la estabilidad del sistema de salud.
Según el documento presentado ante la Corte, la fundación señala que el ajuste no tomó en cuenta la siniestralidad, las innovaciones tecnológicas ni los rezagos en el cálculo, elementos clave para garantizar que los recursos asignados sean suficientes. También advierte que la resolución no desglosa el valor real de la UPC, impidiendo verificar si el incremento es adecuado. De igual manera, critica que el Ministerio de Salud ha ignorado las órdenes de la Corte Constitucional, que ha solicitado la actualización de la metodología de cálculo con el fin de preservar la estabilidad del sistema de aseguramiento.
Polémica en el cálculo de la UPC todavía no se resuelve
La controversia en torno al ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 sigue escalando. El Ministerio de Salud explicó que el 5,36 % de incremento se definió en diciembre, tomando únicamente la inflación de noviembre de 2024, debido a la falta de datos confiables proporcionados por las EPS. Según la cartera, las inconsistencias en los reportes impidieron un cálculo más detallado del ajuste.
La decisión generó nuevas tensiones con la Corte Constitucional, que ya había advertido que la UPC de 2024 fue insuficiente para cubrir las necesidades del sistema de salud. El Ministerio intentó evitar el impacto de la sentencia solicitando aclaraciones y posteriormente presentando una petición de nulidad, argumentando que el fallo se basó solo en afirmaciones de las EPS. Finalmente, el pasado 28 de febrero, la cartera expidió la Resolución 370 de 2025, estableciendo la creación de una mesa de trabajo para evaluar los montos asignados en los últimos años y determinar ajustes en la metodología para futuros cálculos.
La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) ha expresado su preocupación por la falta de inclusión de los profesionales de la salud en la discusión sobre la UPC. La organización advierte que la ausencia de estos actores en la toma de decisiones puede derivar en ajustes financieros que no reflejen las necesidades reales del sector y, en consecuencia, afectar la estabilidad de la atención en salud en Colombia.
