Regalías en salud mal gestionadas: hallazgos fiscales por $25 mil millones afectan programas de salud mental en Sucre

Una reciente Actuación Especial de Fiscalización adelantada por la Contraloría General de la República (CGR) sobre 106 proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en la Región Caribe reveló 52 hallazgos fiscales que ascienden a más de $223.988 millones, así como 6 beneficios de auditoría por $12.146 millones. La evaluación fue motivada por denuncias ciudadanas sobre posibles irregularidades en la ejecución de dichos recursos, y abarcó una inversión total que supera el billón de pesos.

Los resultados de esta fiscalización dejan al descubierto una preocupante situación en varios sectores, incluyendo transporte, vivienda, salud, deporte y agricultura, evidenciando deficiencias en planeación, supervisión, ejecución y control de los proyectos en distintos departamentos de la región.

Salud: vehículos abandonados y equipos sin usar en proyecto de atención comunitaria en Sucre

Entre los hallazgos más preocupantes se encuentra el relacionado con el sector salud, donde se identificó un presunto detrimento patrimonial por $25 mil millones en el marco del proyecto Implementación de dispositivos comunitarios en la estrategia “Sucre Escucha”. Este programa fue concebido con el objetivo de fortalecer la atención en salud mental, mediante el despliegue de 27 unidades móviles destinadas a brindar consultas de psicología y actividades de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en todos los municipios del departamento.

Sin embargo, la Contraloría encontró que 24 de estos vehículos estaban estacionados en un parqueadero del hospital de Sincelejo, sin evidencia de haber sido utilizados. Los equipos de dotación permanecían empaquetados en sus cajas originales, y los automotores presentaban condiciones de abandono. Tampoco se aportaron registros que acreditaran el cumplimiento de las actividades programadas en las localidades. La falta de soporte técnico y operativo levanta serios cuestionamientos sobre la planeación del proyecto y el uso efectivo de los recursos públicos.

Este hallazgo evidencia no solo una falla en la ejecución técnica del proyecto, sino también un incumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades vulnerables, a quienes iba dirigido este tipo de atención descentralizada en salud mental.

Vivienda rural en Fonseca: 149 casas sin construir y $33 mil millones bajo investigación

El mayor hallazgo fiscal individual, por $33 mil millones, corresponde al proyecto Construcción en sitio propio de vivienda rural en Fonseca, La Guajira, donde se reportó una ejecución financiera del 73 % sin que se haya completado la entrega de 149 viviendas. La investigación también reveló deficiencias en la selección de beneficiarios y debilidades en la supervisión contractual.

Este tipo de situaciones compromete directamente el bienestar de comunidades rurales que esperaban una mejora en sus condiciones de habitabilidad, y plantea serias dudas sobre los mecanismos de vigilancia del uso de regalías asignadas para cerrar brechas sociales.

En el sector transporte, uno de los hallazgos más destacados está relacionado con el proyecto de pavimentación en concreto de la vía El Portón – La Y de los Arrastres, en la subregión de la Mojana Sucreña, cuya ejecución presenta serias inconsistencias.

El plan contemplaba la construcción de 17 kilómetros con una inversión de $41 mil millones, de los cuales ya se han ejecutado $30 mil millones, pero solo se han construido 5 kilómetros. La falta de supervisión técnica ha limitado el impacto de la obra, afectando especialmente a las poblaciones agrícolas, que dependen de esta vía para comercializar sus productos y acceder a servicios básicos como salud y educación, particularmente durante las temporadas de lluvias.

Fallas estructurales y de planeación en vía del Atlántico

En el departamento del Atlántico, se estableció un hallazgo fiscal por $23 mil millones en el proyecto de mejoramiento de la vía Tubará–Guaymaral–Paluato, en el que se evidenciaron deficiencias constructivas, problemas de calidad y fallos en la planeación técnica.

Ante los hallazgos revelados en el informe de la Contraloría, la Gobernación del Atlántico ordenó activar las pólizas de cumplimiento y calidad, una medida que busca mitigar el impacto financiero para el departamento y dar respuesta a las observaciones formuladas por el ente de control.

Distribución regional y sectorial de los hallazgos

La distribución de los hallazgos fiscales por departamento muestra que La Guajira concentra el mayor monto, con 9 hallazgos por $69 mil millones, seguida de Sucre (4 hallazgos por $56 mil millones), Bolívar (12 por $26 mil millones), Cesar (12 por $24 mil millones) y Atlántico (1 por $23 mil millones).

En cuanto a los sectores más afectados por irregularidades, el informe detalla:

• Transporte: $76 mil millones
• Vivienda y Territorio: $70 mil millones
• Salud: $25 mil millones
• Deporte y Recreación: $23 mil millones
• Agricultura y Desarrollo Rural: $16 mil millones

De los 106 proyectos revisados, el 55 % presentó observaciones fiscales, una proporción que indica una falla sistémica en los procesos de ejecución, seguimiento y control del gasto público financiado con regalías.

Implicaciones para la salud pública y la gestión regional

La gravedad de los hallazgos en el sector salud no solo representa un problema de tipo fiscal, sino que tiene un impacto directo en la capacidad institucional para brindar servicios efectivos a poblaciones vulnerables. La infraestructura ociosa, el desuso de equipamiento especializado y la inacción frente a programas críticos como la atención en salud mental, reflejan un problema estructural que va más allá de la corrupción o la negligencia administrativa.

Estos hechos evidencian la necesidad de reformular los mecanismos de control, seguimiento y evaluación de los recursos destinados a salud en el ámbito territorial, asegurando que la ejecución se alinee con resultados en cobertura, oportunidad y calidad de la atención.

Asimismo, se requiere fortalecer la capacidad de respuesta temprana frente a alertas de ineficiencia, y garantizar que las herramientas de fiscalización sirvan no solo para detectar pérdidas, sino para prevenirlas mediante auditorías concurrentes y modelos de gestión más proactivos.