La ponencia alternativa de la Reforma a la Salud, correspondiente al Proyecto de Ley 410 de 2025 en el Senado y 312 de 2024 en la Cámara, propone un cambio estructural en el sistema sanitario. El documento, presentado por las senadoras Norma Hurtado, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo, establece que el Estado asumirá el aseguramiento financiero, que las Gestoras de Salud y Vida reemplazarán a las EPS en la gestión del riesgo, que la Atención Primaria en Salud (APS) será la columna vertebral del modelo y que los hospitales públicos se consolidarán como eje de las redes integradas.
La reforma proyecta un sistema preventivo y territorial
El articulado abre con un objetivo claro, ajustar el Sistema General de Seguridad Social en Salud hacia un modelo preventivo, predictivo y resolutivo. El énfasis está puesto en garantizar acceso efectivo en todo el país, con especial atención en zonas rurales y marginadas, donde históricamente persisten las mayores inequidades.
El texto rompe con la lógica actual del sistema, que ha sido criticado por su carácter fragmentado y dependiente de la intermediación financiera. La ponencia busca fortalecer la rectoría estatal y reorganizar la prestación bajo un enfoque territorial, con redes integradas que superen la dispersión de servicios.
Gestoras de Salud y Vida reemplazarán funciones de las EPS
Uno de los cambios más significativos se encuentra en la redefinición del aseguramiento en salud. Según la ponencia alternativa de la reforma, el Estado asumirá directamente el aseguramiento financiero, mientras que la gestión del riesgo en salud será responsabilidad de las Gestoras de Salud y Vida, nuevas entidades creadas para organizar la atención y acompañar a los usuarios.
Estas gestoras no manejarán recursos como las EPS, sino que deberán articular a los prestadores, garantizar la continuidad del cuidado y representar a los pacientes ante las autoridades. La afiliación seguirá siendo libre, lo que conserva la capacidad de elección, pero la sustitución del modelo vigente plantea interrogantes sobre la transición y los efectos financieros en el sistema.
La Atención Primaria en Salud como columna vertebral
La ponencia otorga un papel protagónico a la Atención Primaria en Salud (APS), definida como la estrategia central del nuevo sistema. Los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) serán la puerta de entrada obligatoria para los ciudadanos, encargados de resolver la mayoría de las necesidades en salud de la población.
Este modelo busca desplazar el énfasis de la atención hospitalaria hacia un enfoque preventivo y comunitario, con redes articuladas que aseguren procesos de referencia y contrarreferencia más efectivos. El cambio supone una reorganización de la prestación que coloca la prevención y la cercanía territorial como ejes de la política sanitaria.
Hospitales públicos en el centro de las redes integradas
El documento establece que los hospitales públicos recibirán recursos y apoyo prioritario para convertirse en el núcleo de las redes integradas de servicios de salud. Esta disposición cobra especial relevancia en las zonas rurales y apartadas, donde la presencia de prestadores privados es limitada.
La medida representa un viraje hacia lo público, reconociendo el papel estratégico de los hospitales estatales como garantes de la equidad y el acceso. En la práctica, el texto busca revertir décadas de debilitamiento financiero y administrativo de la red hospitalaria pública.
Territorios de salud y redes para superar la fragmentación
Otro de los pilares del articulado es la creación de territorios de salud, con responsabilidades claras para las autoridades locales y regionales. El objetivo es mejorar la planeación, distribuir los recursos con mayor equidad y garantizar la coordinación entre niveles de atención.
De forma complementaria, todos los prestadores deberán articularse en redes integradas de servicios, lo que implica un cambio de fondo frente a la fragmentación actual. Un paciente deberá ser atendido bajo un sistema unificado, desde los CAPS hasta los hospitales de mayor complejidad, reduciendo duplicidades, demoras y barreras administrativas.
Participación ciudadana y enfoque diferencial como obligaciones
El texto dedica un espacio a la participación ciudadana, estableciendo que usuarios y pacientes tendrán mecanismos de planeación, control y evaluación del sistema. Con ello se busca fortalecer la transparencia y la veeduría social en la gestión de los recursos públicos.
Asimismo, incorpora de forma expresa el enfoque diferencial, ordenando que el sistema reconozca las condiciones de género, edad, etnia, discapacidad y ruralidad. Esta disposición convierte en obligación legal que la atención en salud se adapte a las características y necesidades de cada población, reduciendo las inequidades históricas.
El Ministerio de Salud amplía su poder de rectoría
La ponencia reafirma al Ministerio de Salud y Protección Social como la máxima autoridad rectora, con competencias ampliadas en la definición de políticas, regulación y supervisión de los actores.
Los principios que orientan el articulado universalidad, equidad, solidaridad, eficiencia, sostenibilidad, transparencia y participación social refuerzan el carácter público y garantista de la propuesta. Se trata de un viraje hacia mayor centralización estatal, que contrasta con la autonomía que históricamente tuvieron las EPS.
Un articulado que redefine el sistema de salud en Colombia
La ponencia alternativa en el Senado establece los cimientos de un modelo que pretende transformar de raíz la organización sanitaria en el país. Con un aseguramiento de mayor responsabilidad estatal, la Atención Primaria en Salud como estrategia obligatoria, la territorialización de los servicios, la participación ciudadana con enfoque diferencial y el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, el articulado perfila un cambio profundo.
Más allá de su contenido normativo, esta ponencia alternativa permite un análisis sobre el rumbo del sistema: plantea un giro hacia lo público y lo territorial, pero deja abiertas preguntas sobre la capacidad institucional, la sostenibilidad financiera y la transición entre modelos. En últimas, el debate legislativo no sólo discutirá artículos de ley, sino la viabilidad de un nuevo pacto social en torno al derecho fundamental a la salud.
Consulte aquí el documento completo de la ponencia de la Reforma a la Salud (PL 410 de 2025 Senado y 312 de 2024 Cámara).
