En medio de un proceso legislativo altamente polémico, la reforma a la salud colombiano continúa su trámite en el Congreso en medio de crecientes tensiones entre el Gobierno Nacional y diversos sectores del gremio médico, académico y técnico. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes ha recibido múltiples intervenciones que cuestionan la solidez, viabilidad y legitimidad de la propuesta, que busca transformar de manera estructural el modelo de aseguramiento, la operación del sistema y la gobernanza territorial en salud.
Uno de los más contundentes pronunciamientos provino de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), entidad que agrupa a las organizaciones de médicos especialistas del país, la cual advirtió que el articulado carece de respaldo técnico, excluye a los principales actores científicos y no ofrece soluciones reales a la crisis actual.
Durante su intervención ante la Comisión Séptima, el presidente de la ACSC, Dr. Agamenón Quintero, expresó: “El Talento Humano en Salud, es el corazón y mayor pilar para el funcionamiento del sistema de salud. Es imposible ofrecer un servicio relacionado con la vida, sin la participación de quienes tienen el conocimiento y experiencia para ello; somos los profesionales de la salud, quienes podemos brindar esta atención y quienes tenemos el criterio para saber cuál es el mejor manejo y funcionamiento para el sistema. Y no menos importante, también somos pacientes.”
Reforma a la salud: falta de asesoría técnica y debilitamiento del régimen laboral
Uno de los aspectos más preocupantes destacados por el gremio fue la creación de un régimen laboral especial para los trabajadores de la salud, sin que existan las facultades extraordinarias para ello ni los soportes normativos requeridos. “En materia de contratación laboral es poquísimo lo que se está cambiando, y lo poco modificado es difuso y cuestionable, quedando más como un sofisma que como una realidad.”, afirmó Quintero.
Además, el proyecto no contempla ninguna fuente o cuenta específica que garantice el pago oportuno a los trabajadores del sector, ni ofrece claridad sobre cómo se asumirán las deudas acumuladas o las nuevas obligaciones derivadas de la eventual liquidación de EPS e IPS.
Sociedades científicas, sin voz en decisiones clave
El presidente de la ACSC también denunció la exclusión de las sociedades científicas en temas donde tienen injerencia directa por ley. Señaló que el articulado ignora la autonomía y autorregulación reconocidas por la normativa vigente, omite su participación en la construcción del Manual Tarifario y establece una distribución de servicios especializados sin sustento técnico. Además, criticó la unión forzada con otras organizaciones representativas, lo que diluye su rol y experiencia.
En relación con el examen único habilitante para especialidades médico-quirúrgicas y la planeación de formación en salud, también se vulnera el derecho a participar de las decisiones que afectan directamente el ejercicio profesional de los especialistas.
Riesgos en la calidad formativa y convalidaciones
En lo que respecta a prácticas laborales y procesos de convalidación de títulos, la ACSC advirtió que se excluye nuevamente a los expertos que prestan el servicio, al sugerir lineamientos técnicos sin su participación. Asimismo, denunció que las convalidaciones en 30 días calendario sin la intervención de pares académicos ponen en riesgo la salud pública al permitir el ingreso de profesionales sin el nivel de cualificación requerido. “Poniendo en riesgo la salud de los colombianos y exponiendo al país al ingreso de profesionales poco calificados.”, afirmó el presidente gremial.
Pese a que han participado activamente en múltiples espacios técnicos y académicos, la ACSC ha sido ignorada sistemáticamente. “Todos y cada uno hemos expuesto nuestros puntos en los diferentes espacios sin apasionamientos ni posturas políticas. Sin embargo, hemos sido desconocidos por el Gobierno, por la Comisión Séptima de la Cámara y por la Plenaria de la Cámara. Insistimos en que se debe regular la Ley Estatutaria sin modificar estructuralmente el sistema.”, recalcó Quintero.
Entre tanto, la Asociación concluyó que el proyecto de ley, tal como está redactado, no resuelve la crisis del sistema de salud, no garantiza el derecho fundamental a la salud, no fue consensuado, ni tiene viabilidad financiera. Además, enfatizó que si se desea continuar con la iniciativa, debe incluir a todos los actores técnicos y profesionales para rediseñar un articulado que no lesione los derechos de pacientes ni trabajadores.