Radican ponencia negativa para archivar la reforma a la salud en el Senado

En la Comisión Séptima del Senado fue radicada una ponencia negativa que recomienda archivar la reforma a la salud propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, contenida en el Proyecto de Ley 410 de 2025 Senado y acumulada con los proyectos 312 y 135 de 2024. El senador Josué Alirio Barrera Rodríguez, con el respaldo de Honorio Miguel Henríquez Pinedo, argumentó que la iniciativa es “inconveniente” y constituye un “adefesio legislativo” que amenaza la atención y la vida de millones de ciudadanos.

Según la ponencia, la propuesta del Gobierno no representa un avance para el goce efectivo del derecho a la salud y significaría un retroceso frente a los logros alcanzados en los últimos 30 años. Los ponentes insisten en que, en lugar de desmontar el modelo vigente, se debe fortalecer con fuentes de financiación reales, suficientes y bien administradas.

Críticas a la financiación y aval fiscal – Reforma a la salud

Uno de los principales reparos es la insostenibilidad fiscal de la iniciativa. El documento recuerda que el Ministerio de Hacienda estimó el costo del proyecto en $109 billones en su primer año de ejecución (2026), sin que exista claridad sobre la procedencia de los recursos, en un contexto donde el Presupuesto General de la Nación ya se encuentra desfinanciado en $26 billones para la misma vigencia.

Asimismo, se advierte que los supuestos ingresos del sistema carecen de respaldo técnico y que los conceptos emitidos por Hacienda han presentado variaciones significativas: $1.260 billones para 2025–2034, $1.336 billones para 2025–2034 y $1.576 billones para 2026–2036. Estas inconsistencias, señala la ponencia, “no guardan relación con el déficit fiscal al que ha llevado el país este gobierno”.

La falta de un aval fiscal coherente es uno de los ejes de la argumentación negativa. Según el texto, “en ninguno de los tres informes los ingresos guardan consistencia a través del tiempo… pareciera que estuvieran adivinando y con la salud y más el presupuesto de la salud de 50 millones de colombianos, no se juega, no se adivina, la salud no es un azar”.

Riesgos del aseguramiento social y centralización en la ADRES

Otro de los puntos críticos es el cambio del aseguramiento en salud hacia un aseguramiento social. Los ponentes sostienen que esta transformación no cuenta con respaldo técnico y equivaldría a “revivir el Seguro Social, con filas interminables, demoras en la atención y escasez de medicamentos”.

La ponencia también rechaza que la ADRES asuma el manejo de todos los recursos, la contratación y los pagos a los prestadores, porque esto aumentaría la burocracia y reduciría la transparencia. Para sustentar esta advertencia, se citan las irregularidades de la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno desde abril de 2024, que a junio de 2025 reportaba $15,27 billones en anticipos sin legalizar, $13,2 billones en facturas sin procesar y $21,3 billones en cuentas por pagar.

“Al proponer que la ADRES sea quien maneje los recursos, contrate y les pague a los prestadores se genera más burocracia y se hace menos transparente el manejo de los recursos”, señala el informe.

Continuidad de tratamientos y atención a pacientes

Los ponentes expresan que no está claro cómo la reforma garantizaría la continuidad en los tratamientos de pacientes actuales, en especial aquellos con enfermedades crónicas, de alto costo o que requieren atención permanente.

La dependencia de la conformación de las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIISS), sin mecanismos concretos de seguimiento personalizado, es vista como un riesgo adicional que podría afectar la atención de millones de usuarios.

Retos del sistema actual que la reforma no resuelve

La ponencia negativa subraya que la iniciativa gubernamental no aborda de manera efectiva los retos centrales del sistema de salud, que son:

• Alcanzar mayor equidad en el acceso, con más infraestructura y talento humano en zonas rurales y apartadas.
• Mejorar las condiciones del talento humano en salud, con estabilidad contractual, formación continua y cargas laborales justas.
• Eliminar barreras de acceso para lograr una atención más rápida y oportuna en especialidades y tecnologías.
• Asegurar la sostenibilidad financiera, con pagos oportunos a los prestadores y sin comprometer la continuidad de los servicios.

Para los ponentes, la reforma no ofrece soluciones claras a estos desafíos y podría incluso agravarlos.

Logros del sistema vigente como argumentos en contra

El informe dedica un capítulo a resaltar los beneficios del sistema actual bajo la Ley 100 de 1993 y sus actualizaciones, como base de su oposición a la reforma:

• Disminución de la mortalidad evitable: entre 2000 y 2020 se redujo más del 46 %, llevando a Colombia del puesto 20 al quinto lugar en América.
• Bajo gasto de bolsillo: gracias al aseguramiento universal, entre 1993 y 2021 se redujo un 37,6 % el gasto privado en salud, ubicándose por debajo del promedio de la OCDE.
• Cobertura casi universal: la afiliación pasó del 29,2 % en 1995 al 99 % en 2022.
• Ampliación del plan de beneficios, que incluye medicamentos y tecnologías de alto costo, con diagnósticos y tratamientos más rápidos en patologías críticas.
• Alta satisfacción de usuarios, quienes valoran positivamente la atención recibida por parte de las EPS.
• Incremento en la esperanza de vida, que pasó de 66,76 años en 1985–1990 a 74,74 años en 2010–2015.
• Reconocimiento internacional, al ser considerado uno de los sistemas de salud más solidarios del mundo y de mejor desempeño en Latinoamérica.

“La mayoría de los colombianos están satisfechos con su sistema de salud y con la atención que reciben por parte de su EPS, y lo más importante, la mayoría de los colombianos no quiere que acaben o se eliminen las EPS”, resalta el documento.

Deficiencias específicas del proyecto de ley

El texto también señala varias falencias del articulado, entre ellas:

• No resolver el déficit de profesionales de salud ni la migración de enfermería.
• Ausencia de mejoras en la distribución de medicamentos en territorios apartados.
• Duplicación de funciones entre actores como los CAPS y las Gestoras de Salud y Vida, lo que crearía un sistema confuso y burocrático.
• Riesgos de corrupción al proponer que la ADRES pague el 85 % de las facturas sin auditoría previa, lo que abriría espacio para “carteles de la salud”.
• Falta de una hoja de ruta clara para la transición, generando incertidumbre sobre la continuidad de los servicios.
• Restricciones a la libre elección de EPS e IPS, que obligarían a los usuarios a acudir al CAPS asignado o a la Nueva EPS.
• Insuficiencia en la UPC y presupuestos máximos, con un aumento del 5,36 % para 2025 calificado como “desproporcionado” frente a las necesidades del sistema.

La ponencia también enfatiza que la reforma afecta derechos fundamentales reconocidos en:

• La Declaración Universal de los Derechos del Hombre (artículos 11 y 25).
• La Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 4).
• La Constitución Política de Colombia (artículos 11, 48 y 49).
• La Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015.

Además, recuerda que la Corte Constitucional ha establecido el principio de no regresividad en materia de salud (Sentencia C-314 de 2014), lo que implica que el Estado no puede desmontar avances alcanzados en el goce efectivo del derecho.

Advertencias fiscales y proyección financiera

El documento cita los déficits estimados por el Ministerio de Hacienda: $1,2 billones en 2024, $688 mil millones en 2025 y $144 mil millones en 2026. También critica la ausencia de un cálculo detallado de los costos de nuevos usos de recursos, como transporte, dotación de hospitales, funcionamiento de Instituciones de Salud del Estado (ISE) y pago de incapacidades. Para los ponentes, estos gastos adicionales carecen de fuentes claras de financiación.

Finalmente, la ponencia negativa concluye que el Proyecto de Ley 410 de 2025 es “insostenible e inviable”, pues no respeta la disponibilidad presupuestal ni los marcos fiscales de mediano plazo.

“Con esas cifras, esas incoherencias y esas imprecisiones económicas y financieras lo mejor es archivar este proyecto de ley y evitar afectar o poner en riesgo la salud y vida de millones de colombianos”, sostienen los ponentes.

El documento reitera la disposición de los autores para trabajar en un proceso de concertación con distintos actores del sistema y construir propuestas de fortalecimiento realista y sostenible, en lugar de una reforma que, en su criterio, desarticula los logros obtenidos.

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