Reforma a la salud divide opiniones en Neiva: el Gobierno defiende cambios estructurales y pacientes exigen resultados tangibles

El pasado 12 de mayo, la ciudad de Neiva fue escenario de una nueva audiencia pública sobre la reforma a la salud colombiano, un encuentro cargado de tensiones, cifras críticas y demandas ciudadanas. En medio de un ambiente polarizado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió el proyecto con vehemencia, mientras múltiples voces del sector salud, organizaciones civiles, médicos, pacientes y autoridades locales expresaron preocupaciones estructurales y exigieron mayor concertación.

Uno de los puntos en que coincidieron tanto defensores como críticos de la reforma fue el reconocimiento de logros como la cobertura del 99 % de la población. “Dimos cobertura del 99 %, hoy en día todos tienen su carnet”, señaló el ministro Jaramillo. Sin embargo, este logro fue contrastado con una dura realidad: “Una cosa es tener carnet, y otra cosa es tener cobertura real. En eso estamos rajados”, dijo el Dr. Diego Fernando González, en representación de organizaciones médicas regionales.

Los problemas más citados fueron las demoras en atención especializada, la falta de acceso a medicamentos y la precariedad de las condiciones laborales para el talento humano en salud. “La oportunidad es el principal problema de nuestro sistema”, destacó el ministro, citando casos de cáncer diagnosticado tardíamente por la imposibilidad de acceder oportunamente a un especialista.

EPS en la mira: críticas a la intermediación financiera – reforma a la salud

Otro tema central en la audiencia fue la gestión de recursos por parte de las EPS. Desde distintos sectores se denunció que las entidades promotoras de salud retienen pagos, incumplen con las IPS y operan con un modelo financiero que genera ineficiencias y corrupción.

“El gobierno le está dando, y eso hasta debe ser ilegal, una plata de recursos públicos a unos particulares para que hagan de ella un uso indebido”, denunció el ministro. En la misma línea, el Dr. Germán Liévano señaló que “la parte fundamental para nosotros es quitarle el queso al ratón. Hay que evitar que el dinero lo maneje la empresa privada a manos llenas como se ha venido haciendo”.

Según intervenciones de representantes hospitalarios locales, las deudas con instituciones del Huila ascienden a más de $400.000 millones, y a nivel departamental podrían superar el billón de pesos. “¿Cuánto se le quedó debiendo al hospital? 400.000 millones de pesos”, mencionó el gobernador del Huila, quien pidió garantías de financiamiento para evitar el colapso de la red pública.

Condiciones laborales: formalización, respeto y dignidad

Por otra parte, el clamor por la formalización laboral de los trabajadores de la salud fue otro eje central. “25 años y nunca fue formalizada”, contó el ministro al referirse al caso de una enfermera del Huila. El estatuto especial para el talento humano propuesto en la reforma fue descrito como un avance necesario: “Hay que dignificar el trabajo, y ahí está en la reforma”, afirmó.

El viceministro de Salud complementó esta idea manifestando que “Hoy la salud en el país es más que un servicio público esencial, es un derecho. Y los derechos no se subsidian”.

Propuestas de la reforma: giro directo, atención primaria y nuevo rol de las EPS

Cabe mencionar que el proyecto plantea rediseñar el flujo de recursos, eliminando la intermediación financiera y permitiendo que el dinero llegue directamente a las IPS a través de la ADRES. “Necesitamos que el giro del dinero no llegue a las EPS, sino que llegue directamente a nuestros hospitales”, reiteró el ministro Jaramillo.

También se propone el fortalecimiento de la atención primaria en salud (APS) con equipos territoriales integrales. Las EPS, por su parte, no desaparecerían, sino que evolucionarían en “Gestoras de Salud y Vida”, sin manejo directo de recursos. “Van a auditar, articular y gestionar. No van a desaparecer”, dijo el ministro.

En materia de sostenibilidad, se planteó un aumento gradual del presupuesto hasta alcanzar un punto adicional del PIB en salud para 2034. “Eso implica 18 billones de pesos adicionales”, señaló el viceministro, quien también propuso el uso de impuestos saludables y el IVA social como fuentes adicionales.

Críticas a la implementación: centralización, politización y capacidad operativa

Entre las mayores preocupaciones expresadas por los participantes estuvo la capacidad real del Estado para ejecutar estos cambios. “La capacidad, la infraestructura… creemos que puede presentar retos al momento de implementar lo que allí se está planteando”, alertó una representante del sector académico.

Otros temen una politización de la ADRES, que pasaría a administrar directamente los recursos del sistema. “¿Cómo se va a garantizar que la ADRES no se politice?”, preguntaron desde la oposición técnica.

También hubo dudas sobre la articulación institucional, el rol del Consejo Nacional de Salud —descrito por algunos como excesivamente amplio y poco técnico— y la falta de claridad en el acceso a medicamentos y tecnologías.

La voz de los ciudadanos: dolor, frustración y esperanza

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue la intervención del señor José Ricardo España, adulto mayor con discapacidad visual. “Me siento preso. Hoy por estar aquí me tuve que venir solo. Qué tristeza, qué angustia ver una persona sola, ciega”, dijo, denunciando que ni siquiera con una tutela ha podido acceder a un guía vidente.

Las personerías municipales también se manifestaron. “Somos el muro de los lamentos, el lugar a donde llegan las personas decaídas, cansadas, reprimidas por el sistema”, resumió una representante.

El llamado fue unánime: se necesita una reforma, pero debe construirse con consensos y no desde trincheras ideológicas. “No se trata de quién tiene la razón, sino de cómo construimos juntos una reforma que le sirva a todos”, se expresó desde la academia.

¿Rumbo a una reforma viable?

La audiencia pública de Neiva dejó en evidencia la profundidad del debate sobre la reforma a la salud. El ministro defendió el proyecto como una transformación estructural para dignificar la salud como derecho, mientras actores regionales, pacientes y expertos advirtieron sobre los riesgos de improvisación, desfinanciamiento y fragmentación.

El proyecto seguirá su curso legislativo en la Comisión Séptima del Senado, pero el mensaje desde Neiva fue claro: la salud no puede esperar, pero tampoco puede fallar. Entre el entusiasmo oficial y el escepticismo ciudadano, se abre un camino que exige técnica, voluntad y sobre todo, consenso.