La Corte Constitucional ordenó hace varios meses implementar acciones que subsanaran el faltante en recursos que se dio producto de la implementación del Decreto 558 de 2020 que permitió a empleadores y trabajadores realizar pagos parciales al Sistema General de Pensiones.

A esta medida que reducía el aporte a pensiones del 16% al 3% se acogieron (corte al mes de mayo) más de 6 millones y medio de cotizantes. Sin embargo, la inconstitucionalidad de este decreto obligó a los ministros de hacienda y trabajo a emitir una nueva forma que estableciera las medidas para que los trabajadores y empleadores repararan el hueco en los recursos del sistema.

En consecuencia se emitió el Decreto 376 de 2021 que establece que los empleadores del sector público y privado, y los trabajadores dependientes e independientes que hayan hecho uso del mecanismo contemplado Decreto 558 de 2020, y por ello sólo hayan aportado el 3% de la cotización al Sistema General de Pensiones correspondiente a la comisión de administración y a la cobertura de aseguramiento de invalidez y sobrevivencia, contarán con 36 meses contados a partir del 1 de junio de 2021 para efectuar el aporte de la cotización faltante, sin que haya lugar a la causación de intereses de mora dentro de dicho plazo.

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Esta cotización debe realizarse de la siguiente manera:

• El 75% por el empleador, exclusivamente.
• El 25% restante por el trabajador

Sin embargo, el empleador o el trabajador podrán efectuar la totalidad de pago de la cotización faltante y posteriormente efectuar el cobro al empleador o al trabajador según corresponda. Para el caso de los trabajadores independientes, estos pagarán el 100% del aporte de la cotización al Sistema General de Pensiones faltante.

Adicionalmente, a partir del 9 de abril los empleadores podrán descontar del salario y/o la liquidación de prestaciones sociales de los trabajadores, el valor correspondiente al 25% de cotización en pensiones. En todo caso los empleadores no deberán solicitar autorización del trabajador para descontar el porcentaje a cargo del trabajador, y deberán informarle de tal descuento de su salario y/o liquidación de
prestaciones sociales.

Así mismo, el total de los aportes faltantes a las cotizaciones de los meses de abril y mayo de 2020 podrá hacerse en diferentes meses, sin que en ningún caso se supere el plazo de 36 meses establecido en el presente artículo. En todo caso no se aceptarán pagos parciales para ninguno de los dos periodos.

Disposiciones adicionales para el pago de pensiones

En el caso de que un trabajador se retire o sea retirado de su cargo, la entidad empleadora deberá retener de los salarios o emolumentos pendientes de pago, el valor del aporte correspondiente al 25% a cargo del trabajador con el fin de efectuar la cotización faltante al Sistema General de Pensiones.

Si el trabajador dependiente se retiró de la empresa, fue despedido o la empresa fue liquidada y por tal razón sólo se efectuó el pago de la cotización a cargo del empleador, las Administradoras de Pensiones deberán acreditar en la historia laboral del afiliado, las semanas correspondientes a175% de la cotización realizada.

Una vez recibido el pago de la cotización faltante al Sistema General de Pensiones, las Administradoras de Pensiones deberán trasladar el porcentaje que corresponda al Fondo de Solidaridad Pensional y al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

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IBC

El ingreso base para efectuar la cotización faltante deberá corresponder con el reportado para efectuar el pago al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones para los periodos de abril y mayo de 2020. El IBC no podrá ser inferior a 1 Salario Mínimo Legal Mensual Vigente ni superior a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

De otro lado, los empleadores y trabajadores que se acogieron al Decreto 558 de 2020 podrán deducir en el impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2020 los salarios, prestaciones sociales, aportes a seguridad social y aportes parafiscales que hayan sido efectivamente pagados.

Finalmente, la norma señala que el Ministerio de Salud realizará las modificaciones temporales que correspondan a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes ­ PILA, antes del primero de junio junio de 2021, para dar cumplimiento a lo establecido en el nuevo decreto.

Documento Adjunto

La Alcaldía Mayor de Bogotá publicó el Decreto 144 de 2021 que establece las medidas que se adoptarán durante el mes de abril en Bogotá debido al incremento de contagios de Covid-19 e ingresos en las Unidades de Cuidado Intensivo.

Específicamente se establecen dos nuevas cuarentenas en abril que se darán los dos próximos fines de semana: jueves 15, viernes 16, sábado 17, domingo 18 y lunes 19 de abril y, luego, otra cuarentena el jueves 22, viernes 23, sábado 24, domingo de 25 y lunes 26 de abril.

Durante estos días habrá restricción de movilidad, excepto para las personas y vehículos indispensables para la realización de las siguientes actividades:

• Abastecimiento y adquisición de alimentos, productos farmacéuticos, de salud, y de primera necesidad. Para su adquisición podrá desplazarse exclusivamente una sola persona por núcleo familiar.
• Prestación de los servicios administrativos, operativos o profesionales de los servicios públicos y privados de salud.
• Cuidado institucional o domiciliario de mayores, personas menores de 18 años, dependientes, enfermos, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, y de animales.
• Orden público, seguridad general y atención sanitaria.
• Atender asuntos de fuerza mayor o de extrema necesidad, circunstancias que deberán ser acreditadas en caso que la autoridad así lo requiera.

Cabe mencionar. que el personal exceptuado deberá contar con plena identificación que acredite el ejercicio de sus funciones. Los vehículos en los que se transporten deberán contar con la debida identificación del servicio que prestan.

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Pico y cédula

Se dará continuidad a la medida de pico y cédula hasta el 19 de abril de 2021 a las 11:59 p.m.; en el ingreso a establecimientos abiertos al público para realizar actividades tales como la adquisición y pago de bienes y servicios, compra de cualquier producto al detal y al por mayor, servicios bancarios, financieros y notariales, atención al ciudadano en entidades públicas, y prestación de cualquier otro tipo de servicios excepto los de salud, farmacia y servicios funerarios, para lo cual se atenderá la siguiente condición:

• En los días impares podrán acceder a estos servicios y establecimientos las personas cuya cédula o documento de identidad termina en digito par.
• En los días pares podrán acceder a estos servicios y establecimientos las personas cuya cédula o documento de identidad termina en digito impar.

Solo se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar para la adquisición de bienes y servicios.

Ocupación de UCI

Adicionalmente, durante este periodo, deben ser suspendidos y reprogramados los procedimientos quirúrgicos de baja, mediana o alta complejidad electivos o diferibles, que puedan requerir hospitalización general, unidad de cuidado intensivos o intermedios. Se exceptúa la atención oncológica y pediátrica.

En este sentido, las IPS de la red pública y privada de la ciudad deberán mantener disponibilidad de camas para hospitalización y UCI para casos de COVID-19, acorde al plan de expansión de la IPS, debiendo como mínimo garantizar la capacidad máxima de UCI que tuvo la ciudad durante el segundo pico.

Medidas adicionales a la cuarentena

Así mismo, durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia, todas las entidades del sector público y privado deberán dar continuidad a los mecanismos para que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen de manera preferencial las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares. Se procurará prestar sus servicios de forma presencial hasta con un 30% de sus empleados y contratistas, de tal manera que el 70% restante continúe realizando trabajo en casa.

Finalmente, el decreto contempla la restricción en el expendio y consumo de bebidas embriagantes y alcohólicas en sitios públicos o abiertos al público o cuya actividad privada trascienda a lo público, desde las cero horas (00:00) del viernes 16 de abril de 2021 hasta las cuatro horas (04:00 a.m.) del día lunes 19 de abril de 2021, tiempo en el que la capital estará en cuarentena.

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Documento adjunto

Un proyecto de resolución modificará parcialmente la Resolución 166 de 2021 con la cual se estableció la metodología para determinar el valor que se le reconocería a las IPS por costos asociados a la prestación de servicios de vacunación.

En este sentido el nuevo documento establece que a las IPS se les reconocerán los costos asociados al agendamiento y aplicación de la vacuna en función a las dosis aplicadas durante el mes, previa validación de las entidades responsables del aseguramiento en salud, para lo cual se realizará el siguiente procedimiento:

1. Dentro de los tres meses siguientes a la terminación del mes, la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación – TIC del Minsalud dispondrá a las entidades responsables del aseguramiento en salud, los administradores de regímenes especiales y de excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad y los departamentos y distritos, la información de Mi Vacuna y PAIWEB de la población a su cargo a través del SFTP del Sistema de Afiliación Transaccional – SAT
2. Las entidades mencionadas anteriormente validaran la población vacunada en el mes inmediatamente anterior, así como la estrategia utilizada teniendo en cuenta la información dispuesta por el Ministerio de Salud para lo cual contaran con cinco (5) días calendario contados a partir de la disposición de la información.
3. Dentro del plazo establecido en el numeral anterior y una vez verificada la aplicación de las vacunas, las entidades dispondrán la información validada a través de la Plataforma PISIS mediante el anexo técnico que publique la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación – TIC para el efecto.
4. Con la información de liquidación dispuesta por el Ministerio de Salud, los prestadores procederán a emitir la factura electrónica a nombre del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la cual será consistente con los valores certificados por las entidades. Dicha información será dispuesta igualmente para el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
   • La factura y sus soportes deberán enviarse al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a través del correo electrónico [email protected] o del medio que dicha Unidad disponga
5. Las IPS, los administradores de regímenes especiales y de excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad y los departamentos y distritos deberán reportar al Ministerio de Salud a través de la Plataforma PISIS, mediante el anexo técnico que publique la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación – TIC, los archivos correspondientes a la factura electrónica y los soportes de esta, es decir el listado de personas vacunadas que son objeto de la facturación.
6. El Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre -UNGRD realizará el giro de los valores facturados por las IPS y verificados por las entidades dentro de lo diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la documentación requerida, en la cuenta inscrita por ellos.
7. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres deberá registrar los giros efectuados a las instituciones encargadas de prestar el servicio de vacunación a través de la plataforma PISIS mediante el anexo técnico que publique la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación – TIC de este Ministerio.

Disposiciones adicionales para IPS

Es preciso decir, que la descripción y características de los anexos técnicos de PISIS se publicarán en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social – Anexos Técnicos MIVACUNA.

Ni las entidades responsables del aseguramiento en salud, ni el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres podrán solicitar a las IPS, requisitos o información adicional. En todo caso, la veracidad y la oportunidad de la información reportada radicará exclusivamente en los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del aseguramiento en salud.

Finalmente, el documento especifica que la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la función de inspección, vigilancia y control en el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos.

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