En un sistema donde los recursos de la salud tienen destinación específica y están sujetos a control fiscal y disciplinario, los organismos de vigilancia suelen activar mecanismos cuando identifican pagos que podrían no corresponder a los fines permitidos por la normatividad de la seguridad social. Bajo ese marco, la Procuraduría General de la Nación (PGN) reportó la apertura de una actuación que pone el foco en el uso de dineros vinculados a la financiación del aseguramiento.
La investigación disciplinaria a EMSSANAR EPS se abrió contra José Homero Cadena Bacca, expresidente ejecutivo y representante legal de la EPS, por el presunto uso indebido de recursos de la entidad para asumir pagos derivados de una sentencia judicial.
¿Qué investiga la Procuraduría en el presunto pago con recursos de la UPC?
La Procuraduría, a través de la Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Economía y la Hacienda Pública, señaló que el exdirectivo habría avalado el uso de dinero que, según la comunicación del Ente de Control, “por ley no puede tener una destinación distinta que la seguridad social”. La investigación se centra en la presunta autorización para que esos recursos se emplearan en obligaciones que surgieron de un proceso judicial.
De acuerdo con el ente, el pago cuestionado habría cubierto indemnización, intereses y costas del litigio, utilizando recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que fueron girados por la ADRES. La PGN plantea que la fuente utilizada no correspondería, por su naturaleza, a este tipo de erogaciones.
El Ministerio Público informó que el caso llega a su órbita por un hallazgo trasladado por la Contraloría, en el que se alude la posible erogación injustificada de recursos públicos. Según lo señalado, esa salida de recursos habría podido generar una afectación al Sistema General de Seguridad Social en Salud por un monto superior a $235 millones.
El periodo del cargo y el origen del hallazgo – EMSSANAR EPS
La Procuraduría ubicó la actuación en el periodo en el que Cadena Bacca ejerció el cargo, entre febrero de 2020 y noviembre de 2021. En esa etapa, según el ente de control, se habría configurado la conducta bajo revisión disciplinaria vinculada con la aprobación o autorización del pago con recursos de la UPC.
Para el Ministerio Público, el exdirectivo posiblemente vulneró normas contables orientadas a proteger recursos parafiscales, al permitir una destinación que desnaturalizaría el uso esperado de esos dineros. En el pronunciamiento se plantea que el recurso utilizado debía mantener su orientación a la seguridad social y no atender pagos ajenos a ese propósito.
La Procuraduría añadió que, bajo el criterio expuesto, este tipo de obligaciones debían satisfacerse con el patrimonio de la EPS o con reservas técnicas, y no con recursos de la UPC. En la misma línea, advirtió que la aparente desviación podría afectar de forma grave la sostenibilidad financiera del sistema, considerando el carácter protegido de los recursos involucrados.
Con la apertura de la investigación disciplinaria, la PGN inicia el trámite para esclarecer los hechos descritos y establecer si existió o no responsabilidad disciplinaria por el presunto uso indebido de recursos de destinación específica.
Como siguiente paso, el proceso disciplinario deberá precisar el alcance de las decisiones administrativas que están bajo examen y establecer, con soporte documental y contable, si hubo o no un uso contrario a la destinación legal de los recursos. En adelante, la atención del sector estará en el desarrollo de las actuaciones que ordene el Ministerio Público y en las determinaciones que adopte, en la medida en que este tipo de casos suele marcar precedentes sobre la gestión y trazabilidad de fondos con destinación específica dentro del aseguramiento en salud.
