Minsalud emite proyecto de resolución con política integral para abordar el consumo de sustancias psicoactivas

El Ministerio de Salud y Protección Social emitió un proyecto de resolución por medio del cual adoptaría una Política integral para la prevención, la reducción de riesgos y daños y la atención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA), junto con el Sistema Nacional de Atención al consumo de SPA.

La norma reorganiza la respuesta pública bajo un enfoque de derechos, territorial e intersectorial, y la ancla en cinco ejes: promoción y prevención; detección, tratamiento y recuperación; reducción de riesgos y daños; inclusión y protección social; y gestión de la salud pública. Se prevé financiación con fuentes nacionales y territoriales, incluido el FRISCO y la participación de organizaciones comunitarias para una implementación sostenida.

Esta política, representaría un avance significativo en el abordaje de un fenómeno complejo que impacta profundamente la salud pública, las familias, las comunidades y el desarrollo sostenible del país.

En qué consiste la política y cómo se implementará

La resolución adoptaría la “Política integral para la prevención, la reducción de riesgos y daños y la atención del consumo de sustancias psicoactivas, lícitas e ilícitas” y crea el Sistema Nacional de Atención al consumo de SPA. El enfoque es explícitamente de salud pública: reconoce la diversidad de trayectorias de uso, evita la coerción, prioriza la continuidad de la atención (canalización, referencia, contrarreferencia y seguimiento) y promueve cupo y longitudinalidad, de modo que cada persona cuente con un gestor de caso (par comunitario, técnico o profesional) que acompañe procesos personalizados de cuidado.

Entre los principios destacan: derechos humanos, participación social (incluyendo a personas que usan drogas), interculturalidad, no discriminación y decisiones informadas y libres de presiones. La política articula dispositivos comunitarios, CAMAD, estrategias de consumo de menor riesgo para la prevención y atención de sobredosis, y su integración a la Red Nacional de Salud Mental.

La iniciativa, que actualiza la Resolución 089 de 2019, busca establecer un marco estratégico robusto para enfrentar los desafíos del consumo de SPA, reconociéndolo como un asunto de salud pública que requiere una atención integral por parte del Estado.

Un marco legal y conceptual robusto

La política se fundamenta en el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, que establece la salud como un servicio público esencial y garantiza el acceso a servicios de promoción, protección y recuperación bajo principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Asimismo, acoge el llamado de la Corte Constitucional en diversas sentencias, que han enfatizado la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana de las personas que usan drogas, exigiendo acciones integrales de salud pública.

Este nuevo enfoque se alinea con leyes clave como la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), la Ley 1566 de 2012 (reconocimiento del consumo como asunto de salud pública), y la Ley 1751 de 2015 (Estatutaria de Salud). También se articula con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, la Política Nacional de Drogas 2023-2033 y la Política Nacional de Salud Mental 2025-2034.

A nivel internacional, la política integra las recomendaciones del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas de 2019, y las resoluciones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que por primera vez en 2024 reconoció la reducción de daños como una estrategia efectiva.

Política de prevención de sustancias psicoactivas: cinco ejes estratégicos

Promoción de la salud y prevención del consumo de SPA. Plantea acciones de promoción y prevención universales, selectivas e indicadas, con desarrollo de entornos protectores (hogar, educativo, comunitario, laboral, carcelario y otros). Se enfatiza el trabajo con poblaciones prioritarias; niños, niñas, adolescentes y jóvenes; mujeres; gestantes y lactantes; para retrasar o evitar el inicio y reducir vulnerabilidades individuales, familiares, comunitarias e institucionales.

Detección temprana, tratamiento y recuperación. Organiza la oferta clínica y psicosocial para identificar a tiempo problemas asociados al consumo, facilitar acceso oportuno a tratamientos basados en evidencia y acompañar procesos de recuperación acordes con metas y preferencias de cada persona. Este eje integra salud mental y SPA dentro de redes territoriales, con énfasis en continuidad y seguimiento.

Reducción de riesgos y daños (RRD). Asume un enfoque pragmático y humanitario para disminuir consecuencias sanitarias, sociales y legales del consumo, sin exigir abstinencia como condición de acceso. Incluye dispositivos de prevención y atención de sobredosis (por ejemplo, disponibilidad de naloxona), servicios de análisis de sustancias para identificar adulterantes y tomar decisiones informadas, y lineamientos técnicos de RRD —también para alcohol— con estándares de calidad, confidencialidad y adaptación territorial.

Inclusión, protección social y cuidado de las personas que usan drogas. Busca remover barreras de acceso a derechos, contrarrestar el estigma y habilitar rutas de protección e inclusión. Prevén acciones específicas para poblaciones históricamente excluidas (habitantes de calle, personas LGBTIQ+, pueblos y comunidades étnicas, personas con discapacidad, privadas de la libertad, migrantes, víctimas del conflicto, adolescentes del SRPA, entre otras), así como campañas para promover trato digno y participación social.

Gestión de la salud pública. Orienta la implementación efectiva y sostenida mediante acción territorial, institucional e intersectorial, alineada con el Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031. Fortalece vigilancia, monitoreo y evaluación; articula determinantes sociales; y ordena la integración funcional de servicios sociales, de salud y comunitarios.

Dispositivos, redes y articulación territorial

La política integra dispositivos comunitarios (incluyendo CAMAD y estrategias de consumo de menor riesgo) con la Red Nacional de Salud Mental, y exige que la atención fluya sin fragmentación entre niveles y sectores. Se privilegia la canalización efectiva y el uso de sistemas de información para seguimiento longitudinal. La participación de pares comunitarios y organizaciones sociales es medular para adaptar la respuesta a contextos locales y mejorar la adherencia.

Además del énfasis preventivo en menores y mujeres, en particular gestantes y lactantes, el texto reconoce trayectorias y riesgos diferenciados. Propone intervenciones sensibles a edad, género, identidad sexual, origen étnico y condiciones socioeconómicas, y pone el acento en entornos y determinantes (regulación, publicidad, disponibilidad, normas sociales) más allá de estrategias educativas individuales.

Financiación: fuentes múltiples y rol del FRISCO

La implementación se financiará con distintas fuentes del sector salud y otras entidades, sujetas a disponibilidad fiscal y a los marcos de mediano plazo. De forma expresa, podrán destinarse recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO) asignados al Ministerio de Salud y Protección Social. También se prevé uso de recursos territoriales vía planes de salud y libre destinación, en articulación con el Plan Decenal. Las organizaciones de base comunitaria podrán ejecutar acciones de promoción, prevención, detección temprana, RRD e inclusión, favoreciendo la capilaridad territorial.

Las direcciones territoriales deben implementar vigilancia epidemiológica del consumo y eventos asociados, garantizar registro y reporte, y realizar seguimiento sistemático de la política. El énfasis está en indicadores de acceso oportuno, continuidad, calidad, reducción de daños y disminución de barreras, con actualización periódica de lineamientos técnicos.

Lo que cambia para gestores, prestadores y territorios

Para aseguradores y redes prestadoras, la política exige integrar la respuesta a SPA con salud mental, habilitar canales de referencia y contrarreferencia efectivos y fortalecer gestión del caso. A nivel territorial, supone coordinar intersectorialmente con educación, protección social y justicia; apoyar dispositivos comunitarios; y financiar intervenciones basadas en evidencia, especialmente en RRD y prevención indicada. Para el talento humano, implica formación en enfoques de derechos, diversidad e interculturalidad, y en modelos de baja barrera que mejoren el acceso y la continuidad de cuidados.

Descargue el proyecto de resolución aquí: